Peritos y agentes del Ministerio Público dan fe de los hechos en el AGN

Sustraen documentos que involucrarían al general Díaz Escobar en los sucesos del 68

Están relacionados con la desaparición de Jesús Piedra y el asesinato de Genaro Vázquez

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Documentos que soportan las averiguaciones previas sobre la desaparición de Jesús Piedra Ibarra y el asesinato de Genaro Vázquez Rojas, que demostrarían el involucramiento del general Manuel Díaz Escobar -jefe de los Hhalcones- en los sucesos de 1968, fueron sustraídos del Archivo General de la Nación (AGN). Funcionarios de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) detectaron además que parte del material gráfico relacionado con la Marcha de la Libertad, realizada en enero de 1968, fue mutilado.

Ante esa situación, el pasado jueves, peritos y agentes del Ministerio Público adscritos a la Femospp realizaron una diligencia ministerial para dar fe de los hechos, en tanto que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto afirmó que en caso de no localizarse el material se procederá a fincar responsabilidades penales.

Otras anomalías

El personal de la fiscalía descubrió otras anomalías: documentos de los siglos XVII y XVIII fueron colocados, sin autorización, en las galerías destinadas exclusivamente a las 3 mil 52 cajas de información que envió la Secretaría de Gobernación al AGN correspondientes al periodo de 1924 a 1984.

Además, y esto sí con la autorización de la directora del Archivo Histórico Central del AGN, Dulce María Liahut Baldomar, un grupo de archivistas se dio a la tarea de "reordenar" el contenido de 173 de las 3 mil 52 cajas (de la 489 a la 662), y con ello los documentos que estaban en un volumen único han comenzado a ser distribuidos en cinco o seis nuevos empaques, supuestamente ordenados de acuerdo con parámetros cronológicos (por fechas) y geográficos (entidad federativa), situación que provocará que sea imposible consultar esos documentos con el número original de referencia y en el orden primario con que se entregaron al archivo nacional.

Esta actividad, a decir de fuentes oficiales, podría ser la causa de la desaparición de los documentos relacionados con Jesús Piedra Ibarra, Manuel Díaz Escobar y Genaro Vázquez.

Al respecto, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto afirmó que estos hechos "son graves y no pueden ser una cosa fortuita. Alguien ya está metiendo mano ahí, y es necesario alertar que esos archivos tienen que estar bajo la más estricta vigilancia, ya que no son solamente históricos, sino piezas de convicción para conclusiones ministeriales acusatorias del Ministerio Público".

La Jornada conoció la desaparición de documentos, la mutilación de materiales gráficos y la restricción que existe para consultar volúmenes que están en "reordenación", así como lo ocurrido el pasado jueves entre el personal de la Femospp y del AGN, durante una visita en la cual se pretendía consultar diversas cajas de información relacionadas con la guerra sucia de los años 70 y 80.

De acuerdo con testimonios recabados ayer en el AGN, el pasado jueves personal de la fiscalía se percató de la desaparición de informes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en los que se hace referencia a Manuel Díaz Escobar en agosto de 1968, y eso fue lo que provocó que se pidiera la presencia de peritos y agentes del Ministerio Público.

Durante la diligencia también se puso de manifiesto que está desaparecido el documento con la firma autógrafa del ex director de la DFS, Fernando Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención a la detención de Genaro Vázquez Rojas, dirigente del grupo armado Acción Cívica Nacional Revolucionaria, y quien fue asesinado en 1972.

En cuanto a la documentación relacionada con Jesús Piedra Ibarra, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue detenido y desaparecido desde abril de 1975, el Ministerio Público Federal dio fe de que se le cambió el número de colocación, y con ello se alteró, tan sólo en principio, la referencia que de esos archivos hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por lo que se refiere al material gráfico, supuestamente se acreditó que varias fotografías de la Marcha de la Libertad, en las que se aprecia a varias personas que agredieron a estudiantes en su paso por Guanajuato en enero de 1968, fueron perforadas.

En torno a estas irregularidades, Carrillo Prieto aseguró que "por lo pronto hay acta ministerial que da cuenta de ellas", y que "se debe considerar en principio que los archivos están traspapelados, porque si los sustrajeron sería el colmo, sería un golpe terrible para el trabajo ministerial, aunque para iniciar acusaciones baste presentar ante el juez las copias certificadas de esos documentos, que ya obran en nuestro poder".

Luego de exponer de manera telefónica las irregularidades con el director del AGN, Jorge Ruiz Dueñas, el fiscal Carrillo Prieto dijo que la versión oficial es que se trabaja en una reordenación que no afectará el contenido de cada una de las cajas; "ahora quiero pensar que es así", señaló.

Durante la entrevista, reconoció que el personal de la fiscalía aún no termina de revisar las 3 mil 52 cajas.

Por otra parte, funcionarios del AGN que solicitaron el anonimato informaron que el archivista e historiador Francisco Acevedo tuvo la idea de reorganizar los documentos de la DFS, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y todo aquel material de la Secretaría de Gobernación que se encuentra en la galería número dos. La propuesta fue aceptada por Dulce María Liahut.

Supuestamente, el tiempo durante el cual no se podrá consultar el material en reordenación será de aproximadamente un mes.

En las entrevistas se informó que más de 70 por ciento del material que guarda el AGN no se está clasificado, y que parte de los documentos encontrados por los agentes del Ministerio Público en la galería número dos, correspondiente a los siglos XVII y XVIII, ni siquiera están catalogados, es decir, como si no existieran.

Ante esta situación, el código de ética para archivistas, que se puede leer en la página de Internet del AGN establece: "La obligación primordial del archivista es la de preservar la integridad de los documentos bajo su cuidado y custodia. Para cumplir con esta tarea deben considerarse los legítimos, aunque a veces conflictivos, derechos e intereses de la institución que ofrece el servicio, así como de los dueños, de los protagonistas de los documentos y de los usuarios del pasado, presente y futuro. Sin importar de dónde venga, el archivista debe resistir cualquier tipo de presión que pretenda manipular evidencias o distorsionar los hechos".

El artículo segundo de este código señala: "El archivista debe valorar, seleccionar y mantener los documentos archivados dentro de sus contextos histórico, legal y administrativo, respetando así el principio de procedencia, preservando y haciendo evidentes las relaciones originales de los documentos".