Antonio Gershenson

El IFE: y ahora, Ƒqué hacemos?

Empezamos por lo más evidente. El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que toma las decisiones principales del proceso electoral, dejó de ser imparcial. Un sólo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas mostró ser capaz de celebrar elecciones en las que el resultado se conocía y estaba decidido desde antes de que la gente votara, tiene mayoría en este consejo. Y varios de los ahora consejeros de esa procedencia tienen un historial que los identifica con los fraudes electorales del pasado y deben su lealtad al partido que los llevó a ese puesto. El Partido Acción Nacional (PAN), cuyo candidato presidencial ganó las elecciones de 2000 con la bandera del cambio, votó porque las cosas volvieran atrás, a cambio de una tajada minoritaria en el mismo Consejo General, y tal vez de algunas promesas cuyo cumplimiento estaría por verse.

De por sí, el cambio nunca lo entendió el PAN como algo que abarcara también la política económica, al extremo de que dejó casi intactos y en sus puestos a los grupos que controlaban la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, responsables reales de la política económica del país. Su discurso de cambio se refería sólo al ámbito político-electoral. Pero ahora avala con sus votos que inclusive en ese ámbito se vulnere un aspecto muy importante del cambio que proclamaban y que le dio el sufragio de millones de mexicanos. Ese partido ya perdió mucho por la forma como el gobierno al que dio lugar ha manejado los asuntos del país, y ahora pierde también toda legitimidad en cuanto a la que fue su demanda principal durante décadas.

Pero detrás de lo más evidente hay otro plano, al que nos vamos a referir. Las conquistas político-electorales de los mexicanos no son cosa de un día, sino resultado de años de luchas, de debates, de discusiones, de consensos parciales o totales, de evolución política en general. Y eso no se borra de un plumazo. Sería grave que una parte importante de los electores, ante lo sucedido, dejara de votar o sometiera su voto al esquema de que "ahora sí, vamos a volver a ganar a como dé lugar, así que nada ganan con tratar de oponerse". Si sólo nos quedamos en la denuncia de lo sucedido, corremos el riesgo de contribuir, tal vez sin siquiera darnos cuenta, a ese miedo que durante décadas jugó un papel importante en el sistema de control de los procesos electorales.

La respuesta debe ser una mayor participación, una defensa, al mismo tiempo, de la democracia y del cambio, no sólo en el plano político-electoral, que de por sí es importante, sino también en el plano de la política económica, que en momentos como los que vivimos se vuelve fundamental.

Al rechazar el impuesto al valor agregado a alimentos básicos y medicinas nos obligamos a plantear de dónde vendrán los recursos que se tratan de obtener, y también en qué se debe usar ese dinero y el resto de los fondos públicos, en qué no, y en qué menos que ahora.

Al rechazar la entrega de recursos estratégicos al exterior nos involucramos en la necesidad de plantear y defender caminos de desarrollo propios y sustentables. Al rechazar las medidas antidemocráticas, nos impulsamos a nosotros mismos a tener una mayor participación en las decisiones políticas y en los procesos electorales, así como a fomentar esa participación en los demás.

Esto no es algo que se pueda diferir para 2006. El proceso está en marcha ya, en cada elección local, en los problemas cotidianos, en el plano legislativo, por todos lados. Parte de los hechos ilegales que sancionó el saliente Consejo General, a cuyos miembros se pretendió castigar por ello (como el Pemexgate y las formas de financiamiento de Amigos de Fox y del PAN) dejándolos por sistema fuera de ese organismo, empezaron antes del proceso electoral. Con un Consejo General controlado por el PRI ya no habría tales sanciones. Sólo una creciente participación ciudadana puede hacer frente a ese nuevo contexto.

El eje de esa participación debe ser un programa común, una plataforma común que incluya estos planos y otros que la situación reclama, como, por ejemplo, la defensa de los derechos de los trabajadores a los que también se pretende vulnerar con la llamada reforma laboral, y la lucha por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Esto va ligado con el cambio económico, pues la generación de nuevas fuentes de trabajo productivas y la ampliación de las existentes son parte del contorno que requiere este mejoramiento.

Esta participación debe irse ampliando a lo largo de los próximos años, en los planos más diversos: en los centros de trabajo, en los lugares de residencia, en el nivel legislativo, etcétera. Y si en campañas electorales anteriores la participación ciudadana llenó, en un momento dado, plazas y avenidas, ahora será necesario hacerlo, con mayor razón y en escala aún mayor