Pide que se indemnice a sus clientes mediante un solo pago de mil 214 millones de pesos

Vuelve a la carga Diego Fernández en su litigio en contra de la Reforma Agraria

Se opone a que se dé un plazo de 40 años, como determinó la Secretaría de Hacienda

ANDREA BECERRIL

El senador panista Diego Fernández de Cevallos litiga de nuevo en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), en un intento más por conseguir que sus clientes, los herederos de la familia Ramos Millán, obtengan mil 214 millones de pesos en una sola exhibición, y no a plazos durante 40 años, como determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El legislador interpuso una demanda en contra de la consejera jurídica de la Presidencia y ex secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello; del actual titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, e incluso contra la Federación misma, por daños y perjuicios, y exige que los funcionarios cubran a sus clientes 118 millones de pesos, que son los intereses generados hasta el momento por la indemnización no liquidada.

Intereses cada 24 horas

Pero no es todo: Fernández de Cevallos pide además al juez décimo de distrito en materia civil, Adalberto Herrera, que sus representados reciban 140 mil pesos diarios de intereses, hasta que se cubra en definitiva la suma millonaria que su bufete consiguió como indemnización por el litigio de tierras ganado a la Secretaría de la Reforma Agraria, en un juicio que cobró celebridad por el elevadísimo monto y por la rapidez con que se resolvió en contra del erario durante el sexenio foxista.

Si Diego Fernández de Cevallos logra una resolución a favor de los Ramos Millán obtendrá una indemnización de intereses sobre intereses. Sin embargo, como en el caso del Paraje San Juan, cada vez son más los cuestionamientos que surgen en medios legislativos y políticos, y se habla ya de severas irregularidades y evidente tráfico de influencias.

El despacho de Fernández de Cevallos y del ex procurador y ex secretario general del PAN Antonio Lozano Gracia pretende presionar para conseguir el pago total inmediato del adeudo millonario, dado que el gobierno federal -a través de la Secretaría de Hacienda- encontró una salida legal para cumplir con la resolución del Poder Judicial, al pedir al Congreso que los mil 214 millones 174 mil pesos de la indemnización a los Ramos Millán, por un predio de 33 hectáreas en el ejido Santa Ursula Coapa -expropiado en 1984-, se liquiden en plazos a razón de 30 millones de pesos por año.

Esa propuesta, que implica pagar a los clientes del senador Fernández de Cevallos en un lapso de 40 años, fue presentada por la Secretaría de Hacienda a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 23 de junio, como una salida al conflicto, dada la imposibilidad financiera de la SRA para cubrir ese pago en una sola exhibición; la negativa del Poder Legislativo de autorizar recortes a los programas prioritarios de la Reforma Agraria o de desviar recursos de otros rubros, y la amenaza de que la Suprema Corte llegara incluso a ordenar la destitución de los titulares de las dependencias involucradas.

En ese escrito del 23 de junio, firmado por el subsecretario Carlos Hurtado, se señala que con base en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, las dependencias deberán cubrir las obligaciones que se deriven de resoluciones de las autoridades competentes, pero sin afectar el cumplimiento de sus objetivos y las metas de sus programas prioritarios. ''Supuesto en el cual sólo podrá cubrirse un pago hasta por un monto que no afecte dichos programas, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes.''

Ese plan de pagos parciales no gustó nada a los Ramos Millán y por ello el 31 de julio pasado el despacho Fernández de Cevallos/Lozano Gracia presentó una demanda en contra de Herrera Tello, Salazar Adame y ''la Federación, como obligado solidario'', por daños y perjuicios, ante el juez décimo de distrito en materia civil, Adalberto Herrera González.

Los litigantes solicitan una indemnización de 118 millones de pesos que, consideran, son los intereses devengados desde el 27 de marzo de 2002, en que el tercer tribunal colegiado en materia administrativa ordenó a la SRA pagar los más de mil 214 millones de pesos, hasta el momento de la demanda actual. Además los panistas piden 140 mil pesos diarios, también de intereses, hasta que sea liquidado el total de esa suma.

Tanto la consejera jurídica, Herrera Tello, como el titular de la SRA, Salazar Adame, respondieron a la demanda en septiembre pasado, en que fueron requeridos por el juez. Ambos argumentaron -por separado- que no proceden los cargos en su contra, toda vez que no actuaron de manera ilícita, dolosa o culposa, dado que acudieron a los trámites legales a fin de que el Congreso autorizara una ampliación del presupuesto de la Reforma Agraria a fin de pagar a los clientes de Fernández de Cevallos.

No es la primera vez que el panista presiona a Herrera Tello para lograr que se cumpla la sentencia en torno a un juicio que despierta todo tipo de suspicacias y ha puesto a Fernández de Cevallos en el centro de la polémica, ya que como presidente de la Comisión Permanente maniobró y tuvo que excusarse para no conocer del caso, toda vez que le tocaba dar entrada a la Cámara de Diputados de un escrito del subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, en el que se pedía al Congreso de la Unión ''ver qué programas y metas pueden afectarse o bien definir la forma en que deberá cumplirse la ejecutoria de mérito'', a raíz de que la SRA perdió un litigio de terrenos que la obliga a pagar una cantidad superior a su presupuesto de ese año.

Las interrogantes sobre el caso son muchas. Ya en pleno estreno de la transición foxista, Fernández de Cevallos y Lozano Gracia revivieron un caso que estaba estancado desde 1998, como están cientos de resoluciones a favor de campesinos a quienes el Poder Judicial ordena que se indemnice por expropiaciones de tierras, pero nunca se cumplen.

Sólo que los herederos y representantes de Gabriel Ramos Millán -uno de los grandes terratenientes urbanos, que fraccionó gran parte del sur de la ciudad y la zona de Polanco, Gabriel Ramos Hernández y Armando Bernal Estrada, encontraron a Diego, quién revivió la demanda que iniciaron en 1985 en reclamo de 33 hectáreas del ejido Santa Ursula Coapa, que habían sido expropiadas para regularizar la tenencia de la tierra a quienes vivían en esos terrenos desde décadas atrás.

En año y medio, la dupla Fernández de Cevallos-Lozano Gracia logró que el juzgado décimo de distrito sentenciara a la SRA a pagar a los Ramos Millán poco más de mil 214 millones de pesos y aunque la dependencia recurrió al amparo el 17 de marzo, el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, que preside el magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor, ratificó la resolución y requirió tanto a la Reforma Agraria como a la SHCP pagar el adeudo.

Un año siete meses después, el senador ha presentado varios recursos, entre ellos un juicio de inejecución de la sentencia ante la Suprema Corte, donde se pedía acusar de desacato y solicitar la separación de su cargo a cualquier funcionario, sin importar el fuero, que hubiera impedido pagar la indemnización.

Como en el asunto Paraje San Juan, las interrogantes son muchas y no han sido respondidas. Entre ellas, bajo qué criterios el juez décimo de distrito en materia administrativa, Humberto Suárez Camacho, estableció que el monto a pagar a los clientes de Fernández de Cevallos fuera de mil 214 millones 174 mil 40 pesos, que equivale a 3 mil 769 pesos por metro cuadrado, muy superior al valor real de los terrenos en litigio, ubicados en una zona populosa, como Santa Ursula Coapa.

Además de ello, el perito valuador está desaparecido y en el juzgado se niegan a dar su nombre; tan sólo para comparar, vale decir que los mismos herederos de Ramos Millán fueron beneficiados en 1997 en otro litigio por terrenos, muy cerca de los que motivaron la demanda contra la SRA. Es un predio de 25 hectáreas en los Pedregales de Santo Domingo, Coyoacán, por el que recibieron apenas 11 millones 106 mil 600 pesos; claro que Fernández de Cevallos no llevó el pleito.