Respuesta del bufete Tierra y Libertad al gobierno de Oaxaca

Señora directora: En relación con la carta de Carlos Velasco Molina, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Oaxaca, publicada el miércoles 5, manifestamos lo siguiente:

1. Es falso que en Oaxaca no existan presos políticos y es falso que a Carlos Manzo se le acuse "de haberse robado varias computadoras del palacio municipal de Unión Hidalgo". Lo cierto es que a raíz de las movilizaciones realizadas por los integrantes del Consejo Unihidalguense -en el cual participaba Carlos Manzo- para exigir una auditoría al presidente municipal de Unión Hidalgo, Armando Sánchez Ruiz, las propias autoridades municipales fabricaron diversos delitos en contra de Carlos Manzo y otros 20 dirigentes del Consejo Unihidalguense.

2. Los delitos por los cuales Carlos Manzo está en prisión desde hace seis meses son: homicidio calificado en grado de tentativa en contra de dos policías municipales, acusación que se basa en una declaración sin firma de estos dos policías. Privación ilegal de la libertad en agravio de Felipe Martínez Matus, regidor de Obras Públicas del ayuntamiento, quien presenta como testigos en su favor a Ariadna Beatriz Orozco Rodríguez, que trabaja como administradora del Sistema de Agua Potable del ayuntamiento; Sheila Carmina Toledo Alonso, encargada de la biblioteca del ayuntamiento, y Juan Luis Morales Matus, director de Promoción Económica y Desarrollo Social del ayuntamiento. Daños en agravio del ayuntamiento de Unión Hidalgo ("causados sobre puertas y ventanas del edificio del ayuntamiento, un ventilador, un teléfono, y la pintura de las jardineras, donde realizaron pintas de inconformidad contra el cabildo por un grupo de personas que realizaban un acto de protesta afuera del palacio municipal") acusación presentada por el síndico del propio ayuntamiento, Ricardo Ruiz de la Rosa, con testigos como Cándida Rasgado, asistente del presidente municipal, y Francisca García Marín, directora de Mercados. Robo en agravio de Cruz Rasgado Díaz, quien se ostenta como propietaria de la casa donde despacha actualmente el presidente municipal, que dice que un grupo de personas entró a estas "oficinas del ayuntamiento" que funcionan en su domicilio y robaron un ventilador, un teléfono, un televisor y una videocasetera.

3. Claramente se advierte lo aberrante de las acusaciones, puesto que todos los testigos y los supuestos ofendidos que acusan a Carlos Manzo son miembros del ayuntamiento y empleados que dependen directamente del presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, quien hasta el momento no ha sido sujeto a la auditoría motivo de las movilizaciones por las cuales se procedió a la fabricación de los delitos arriba mencionados.

4. Durante el proceso ninguno de los supuestos ofendidos y testigos ha comparecido a ratificar su acusación ante el juez ni a contestar el interrogatorio de la defensa de Carlos Manzo, a pesar de los citatorios que se les han girado en reiteradas ocasiones, situación que da cuenta de las tácticas dilatorias que realizan con la finalidad de alargar indefinidamente este aberrante proceso penal. ¿Por qué no se presentan? ¿Temen ser desenmascarados y evidenciar la falsedad de sus acusaciones?

5. Es una infamia de Velasco Molina la afirmación de que Carlos Manzo "desea seguir jugando el papel de mártir". Su encarcelamiento es imputable a las autoridades municipales y estatales, por la fabricación de delitos.

Bufete Jurídico Tierra y Libertad, AC. Bárbara Zamora y Santos García, abogados de Carlos Manzo

Señora directora: Le encarezco la publicación del siguiente comentario a la carta de Adolfo Gilly publicada el jueves 6.

Apreciado Adolfo:

Como feminista, o sea, como mujer más que de izquierda, considero también que el material que presentamos en Triple Jornada es un buen material, pero no porque demuestre que en Bolivia hubo una revolución sino porque demuestra lo manco y lo tuerto de las revoluciones.

Cuando estas valientes mujeres que fueron partícipes vertebrales y los escudos humanos de esta insurrección nos dicen que sólo obedecen, que son sólo un apéndice del sindicato, que sólo reciben un apoyo moral, que les hacen fraude para evitar su liderazgo, cuando en las entrevistas lloran de emoción de que alguien las mire, entre otras cosas, están diciendo lo que con feminista lucidez verbaliza Florentina Alegre: "De revolución hablan pero las mujeres siguen siendo sus sirvientas y sus escaleras", a lo que se le agrega lo que plantea Silvia Rivera: "a la hora de las soluciones vuelve la política de los caballeros".

Cuando la tremenda lucidez de esa india feminista que es Florentina nos dice: "las mujeres no están por la violencia, están más afanadas a las formas pacíficas de la lucha", está haciendo un feroz cuestionamiento a lo que esa izquierda radical a la que apelas concibe por revolución.

Es hora de repensar las revoluciones, para que éstas sean no sólo revolución sino evolución.

Ximena Bedregal

Señora directora: El jueves 6 de noviembre se publica una nota suscrita por Renato Dávalos cuya cabeza dice: "Pablo Gómez deberá consultar toda decisión". Al respecto, queremos precisar que todas y cada una de las decisiones políticas y legislativas que se han tomado desde el inicio de la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados han sido consultadas, analizadas, discutidas y resueltas por el pleno de nuestro grupo parlamentario, de acuerdo con el reglamento interno de la fracción.

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo.

Diputado Inti Muñoz Santini, coordinador de Comunicación Social, grupo parlamentario del PRD

Señora directora: Con base en la información que obra en los archivos de las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Servicio Profesional Electoral, deseamos manifestarle que todos los hechos que señala el C. Fernando Anaya Rangel en el texto publicado en ese prestigiado diario el 4 de noviembre del presente son totalmente falsos, tanto en lo concerniente a los resultados de sus evaluaciones como en los argumentos que emite sobre las causas que motivaron su destitución como vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) en Colima.

Lo anterior, en virtud de que las omisiones y faltas en que incurrió el C. Anaya Rangel en el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de actividades sustantivas para el desarrollo del proceso electoral federal que concluyó recientemente fueron consideradas causas suficientes para la sanción que se determinó imponer. Asimismo, de conformidad con el Reglamento del IFE en materia de transparencia y acceso a la información pública, el expediente respectivo está a disposición para la consulta de quien desee constatar lo aquí expresado.

Cabe señalar que atendiendo la normatividad vigente, se agotaron por parte del instituto las dos instancias que conlleva cualquier procedimiento de este tipo. Sin embargo, existe la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es ahí donde se deben dirimir circunstancias que presumiblemente afectan los derechos laborales de los trabajadores del instituto.

Lic. Cecilia Tapia Mayans, directora de Seguimiento de Programas, Evaluación y Apoyo Técnico de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Lic. Armando Sánchez Pantoja, director de Normatividad e Incorporación de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral

Señora directora: Mucho agradeceré la publicación de esta carta.

Lic. Vicente Fox Quesada

Lic. Andrés Manuel López Obrador

Soy un padre de familia que desde hace meses he solicitado la intervención del ISSSTE para atender a mis dos hijos, quienes presentan fuertes dolores de cabeza, huesos e intestino, y mareos. Sin embargo, tras haber obtenido los pases respectivos, los hospitales Zaragoza y 20 de Noviembre se niegan, sin ningún argumento, a brindarles atención médica. Burlándose de nosotros nos regresan a la clínica Iztalapapa II, donde de nueva cuenta nos envían al hospital.

El 5 de noviembre acudí a las oficinas de la subdirectora médica general del ISSSTE, doctora Carolina Ortiz, quien se comprometió a realizar los estudios médicos respectivos, pero al llegar al hospital, de manera prepotente y arbitraria nos negaron el servicio.

Por todo ello responsabilizamos a la doctora Carolina Ortiz de cualquier mal que les suceda a mis niños y hacemos un llamado respetuoso a la doctora Asa Cristina Laurel, secretaria de Salud, para que mis niños puedan ser atendidos en los hospitales pediátricos pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal.

Saúl René Chacón Salazar
 

El Correo Ilustrado