Entrega René Bejarano la solicitud de nulidad de juicio, por fraudulento

Demanda la ALDF a la Corte hacer justicia en el caso del Paraje San Juan

Avalar el pago de la indemnización exigida iría en perjuicio de la ciudadanía, afirma

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) demandó "respetuosamente" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hacer justicia y preservar el estado de derecho y los intereses de los capitalinos en el caso del Paraje San Juan, ya que aprobar el pago de una indemnización por expropiación sustentada en un acto fraudulento iría en su perjuicio.

Entrevistado antes de presentar en la oficialía de partes de la SCJN un recurso de nulidad de juicio concluido por fraudulento, relacionado con el caso de dicho predio, René Bejarano, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, aseveró que este órgano tiene facultades para oponerse, como tercer perjudicado, a la ejecución de la citada sentencia.

"Acudimos en defensa de los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, que se verían seriamente perjudicados en caso de que se destinen mil 810 millones de pesos al pago de una indemnización ordenada en un juicio fraudulento", sostuvo el legislador.

Acompañado por los diputados del PRD Aleyda Alavez, Maricela Contreras, Víctor Varela, Eduardo Malpica y José Guadalupe Jiménez, el presidente de la Comisión de Gobierno recordó que existe más de una docena de juicios pendientes de resolver, que van desde predios pequeños hasta grandes extensiones de tierra, como el lote denominado Potrero del Llano, en la Central de Abasto, y el ex ejido del pueblo de Santa Ursula.

Interrogado sobre la posibilidad de que se investigue la responsabilidad que en el asunto de Paraje San Juan tuvieron funcionarios de las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, el perredista enfatizó que el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa incluye una recomendación al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para que instruya a la contralora Bertha Luján y al procurador Bernardo Bátiz a iniciar las investigaciones que les competan.

"Si hubo algún o algunos funcionarios de ésta u otras administraciones que por omisión, negligencia u otras causas pudieran haber influido en la determinación, se les tendrá que aplicar el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos", subrayó