Actores muy poderosos en Estados Unidos están a favor de una reforma migratoria, pero ninguno se atreverá a votar mientras la economía estadunidense no crezca y disminuya el desempleo. Mientras cinco proyectos de reforma esperan turno en el Congreso, el campo de batalla se ha desplazado a las regiones y estados, donde con diversas medidas se avanza en una reforma migratoria de facto
 

WASHINGTON. Desde el presidente de la Reserva Federal, a la Cámara de Comercio hasta la central obrera nacional, pasando por las asociaciones de granjeros, todos dicen favorecer una profunda y amplia reforma de las leyes migratorias de Estados Unidos. Pero a pesar del inmenso poder de estas agrupaciones, no han logrado su objetivo durante los últimos tres años.

En Washington hay mucho humo pero pocas llamas.

Sin embargo, a escala local, las policías municipales, los alcaldes y las sucursales de algunos de los bancos nacionales más poderosos del país están cambiando en los hechos la política migratoria estadunidense.

En cientos de pueblos y ciudades a lo largo del país, trabajadores indocumentados pueden obtener licencias de manejo, abrir cuentas bancarias, comprar casas y enviar a sus hijos a la universidad con asistencia financiera del gobierno.

La batalla sobre la política migratoria estadunidense se manifiesta en los hechos en el ámbito local.

Por esta razón, las fuerzas que se oponen a cualquier reforma migratoria ya no enfilan sus baterías a influir en la política nacional, sino en las iniciativas locales y estatales, para revertir lo que en esencia es ya una reforma de estas leyes en varios puntos del país.

El peso electoral de los inmigrantes

Los cambios locales en torno a la inmigración son un fenómeno que los políticos nacionales están observando muy de cerca, ya que manifiestan la creciente presencia mexicana, no sólo en el ámbito económico, sino cada día más en el político. Las transformaciones demográficas en lugares como Carolina del Norte, Georgia, Nebraska, Iowa, estado de Washington, como también en los estados más grandes del país, empiezan a cambiar el mapa político del futuro inmediato.

Por otro lado, como ha señalado el encuestador Sergio Bendixen, hay una transformación dentro de la comunidad latina estadunidense. Hace 10 años, la mayoría de los latinos con derecho al voto habían nacido en este país, pero ahora la mayoría de votantes hispanos nacieron en el extranjero. Por esta razón, el tema de migración es más importante para el electorado latino actual que hace una década, precisamente porque son inmigrantes.

Los políticos nacionales registran esta realidad, y los grupos latinos nacionales les recuerdan que la creciente población inmigrante latina determinará cada vez más el futuro político del país.

Por lo tanto, el debate sobre migración no se puede desvincular de la lógica política electoral. Las elecciones presidenciales de 2004 podrán ser determinadas precisamente por algunos estados claves que son los mismos donde el tema de la migración es prioritario (California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois).

Los proyectos de reforma

Estas presiones locales y demográficas mantienen vivo el debate nacional. Mientras tanto, las asociaciones empresariales hace tiempo que entendieron la creciente dependencia de varios sectores económicos de la mano de obra inmigrante. La Cámara de Comercio de Estados Unidos calcula que en los próximos 10 años, al envejecer la fuerza laboral nacional, se necesitarán entre 10 y 15 millones de trabajadores nuevos para empleos de bajo ingreso que no podrán ser encontrados dentro de las fronteras de este país.

A su vez, la central sindical AFL-CIO ha descubierto que su futuro también depende en gran medida de los inmigrantes, pues los sectores en crecimiento –servicios y construcción, entre otros– son precisamente donde se concentran los inmigrantes.

Es por todo esto que existen actualmente unos cinco proyectos de ley nacional para reformar la política migratoria. Los proyectos van desde una reforma mínima para un nuevo programa de trabajadores huéspedes –promovido por el diputado republicano de Texas, John Cornyn–, hasta una reforma plena, que incluye una amnistía para los indocumentados, del diputado demócrata Luis Gutiérrez.

Las tres iniciativas con mayor posibilidad de prosperar son: la del senador John McCain, que combina trabajadores huéspedes con un mecanismo limitado para la legalización; la del senador Edward Kennedy y el republicano Chuck Hegel, que incluye la propuesta de McCain, pero con una fórmula más amplia de legalización de indocumentados; y, finalmente, el proyecto conocido como “Ag Jobs”, promovida por un grupo bipartidista de legisladores que ofrece la posibilidad de legalizar a unos 500 mil jornaleros agrícolas indocumentados.

Los expertos consideran que sólo la última podría aprobarse antes de las elecciones de noviembre de 2004.

Nadie se atreve a pronosticar que habrá cualquier reforma el próximo año. La oposición a una reforma ha crecido tanto a escala local como federal. En California, el tema de las licencias de manejo para indocumentados fue clave en la recta final para el triunfo del ahora gobernador Arnold Schwarzennegger, quien se opuso a la medida firmada a última hora por Gray Davis. En varios estados, también se ha realizado una ofensiva contra la aceptación de la matrícula consular mexicana por parte de las autoridades locales. De hecho, en el ámbito federal varios diputados han promovido una iniciativa de ley para prohibir el uso de la matrícula como identificación.

La oposición a una reforma migratoria no representa la corriente mayoritaria en este país, ni tal vez la mayoría dentro del propio Partido Republicano. El problema es que la enarbolan las bases más activas de ese partido. Por lo tanto, han logrado enfrentarse a fuerzas tan influyentes como la Cámara de Comercio y la AFL-CIO, y su poder se manifiesta en que el propio presidente George Bush, quien ha indicado estar a favor de los inmigrantes, no se ha atrevido a ofrecer ningún apoyo a las iniciativas de reforma pendientes.

Los políticos nacionales se encuentran ante un dilema. La realidad obliga a pensar en una reforma a fondo, mientras que las presiones políticas anulan esa posibilidad. Hay un solo factor clave que determinará el futuro de este debate político y se puede resumir en la frase famosa de la estrategia electoral de Bill Clinton: “Es la economía, estúpido”.

John Gay, director de la Coalición de Empleos Esenciales –asociación empresarial del sector de servicios y promotor de una reforma migratoria–, analiza la realidad política en esta coyuntura: “Ningún político en Washington se atreverá a votar a favor de una reforma migratoria mayor mientras no se registre un mayor crecimiento económico con una reducción del desempleo”.

Varios analistas aquí coinciden en que será muy difícil lograr una reforma real de la migración hasta que la tasa de desempleo sea reducida. Los opositores, como el diputado Tom Tancredo, quien en realidad no tienen una gran influencia política, mantendrán el poder de descarrilar estas iniciativas mientras la economía siga en estas condiciones.

Aunque es posible que no se registre ningún cambio fundamental en las leyes migratorias al aproximarse las elecciones nacionales, ambos partidos continuarán hablando mucho sobre el tema. En Washington habrá mucho ruido, pero pocos hechos.