Para muchos de los recién llegados es la salvación ante el abrasador calor de verano y el mortal frío de invierno.Sant Andreu, antes complejo militar, hoy da refugio a unos 600 inmigrantes de Africa, América Latina y Europa del Este.
“Quienes vivimos en los cuarteles no demandamos que se nos reconozca el derecho de vivir en una situación tan insalubre como la que prevalece aquí. Somos los primeros que queremos largarnos. Más bien demandamos nuestra regularización para acceder a un trabajo digno y remunerado, para poder alquilar un apartamento que garantice el mejor nivel de vida que todos venimos a buscar a Europa”, dice Yerko Toro, uno de sus inquilinos

“Cuando llegué a Barcelona, vivía en el piso de un matrimonio ecuatoriano. No encontré trabajo, así que no podía pagar el alquiler. Me echaron. Conocí a un marroquí que me invitó un vino. Le conté lo de la casa y me invitó a la suya. ¡Vivía en el Palacio de Montjuic!, bueno, en los jardines. Cuando el otoño se puso más frío, nos movimos a Sant Andreu.”

Marco Antonio es ecuatoriano, electricista jubilado, de 47 años y tres de ellos los ha vivido en Europa. El último año y medio ha estado en España y hace 10 meses que sobrevive en los cuarteles de Sant Andreu.

Enclavado en un barrio periférico de Barcelona, Sant Andreu es un complejo militar abandonado por el Ministerio de Defensa español. También conocido como “las casernas”, desde hace por lo menos dos años es ocupado por casi 600 inmigrantes de 32 nacionalidades, en su mayoría en situación migratoria irregular –se calcula que hasta 5 mil personas caben en los cuarteles.

Sant Andreu, de muchos, primer domicilio fijo en Barcelona, sirve como espejo de dos problemas nodales en Cataluña: la inmigración irregular y la especulación inmobiliaria.

Dos arcos se sostienen ya sin barda y configuran la puerta de entrada a esta versión moderna de la Torre de Babel. Las paredes de la entrada, con sus graffitis, conducen al espectáculo interior. En el centro hay una explanada que sirve lo mismo de deshuesadero para las montañas de basura, de centro de reuniones para la asamblea semanal de los habitantes y de cancha de futbol para los torneos sabatinos entre equipos que se llaman como las identidades que aquí conviven.

Las habitadas galerías habilitadas están divididas al interior con mantas o cartones que fijan los límites de la intimidad de los habitantes. Ninguna galería tiene agua potable, electricidad o baño (Médicos del Mundo instaló hace poco seis duchas). En los pasillos hay sillas, restos de comida, botellas de cerveza y bolsas de basura.

Por las tardes, algunos de los habitantes que no han conseguido habilitar las estufas de gas butano en el interior de sus “casas”, pueblan los pasillos con fogatas que sirven para preparar el arroz o el couscous.

Nuevos vecinos

SOS Racismo y Papeles Para Todos, asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes, coinciden en señalar que el Estado español actualmente acoge a 600 mil inmigrantes, 150 mil en Cataluña; más de 60% no han regularizado su estatus migratorio. Sólo en Barcelona hay 137 mil personas viviendo en la calle, locales e inmigrantes.

¿Cómo comenzó la ocupación de Sant Andreu? Algunos habitantes afirman que vigilantes de los cuarteles les cedieron las llaves del espacio a un militar checoslovaco; él y su familia fueron los primeros ocupantes. También se dice que al ser despedidos por el Ministerio de Defensa, los vigilantes cedieron las llaves del recinto a los inmigrantes que ya reconocían como pernoctantes frecuentes.

Desde entonces, han llegado a las casernas de Sant Andreu inmigrantes recién llegados de decenas de países. Aquí, Mali colinda con el Magreb y Ecuador con Chile, Bulgaria con Pakistán y Lituania con Argentina. A decir de Marco Antonio, “los morenos (africanos) son los más limpios y respetuosos; los moros (árabes) los más agresivos, pero los más trabajadores; los sudacas (latinoamericanos) somos pocos, los rusos (esteeuropeos) los más sucios, pero los más unidos”.

Según una nota publicada el pasado 30 de junio en el Periódico de Cataluña, en las casernas también viven 40 familias de militares españoles que pagan a Defensa entre 100 y 300 euros mensuales y hoy exigen ser reubicados en “pisos protegidos”, subsidiados (la renta mensual en Barcelona oscila entre 600 y 900 euros).

En Sant Andreu, según Antonio, no hay niños y las familias son pocas. En su mayoría lo habitan hombres solos, sin papeles y a quienes no les alcanza el tiempo para generar espacios de coordinación que hagan menos conflictiva la convivencia.

Para William, de 32 años y recién llegado de Ghana, todos los habitantes de los cuarteles son iguales, “gente sin fortuna atrapada en estas paredes”. El trae consigo una “orden de expulsión del país”, la cual le dieron cuando estuvo recluido en el centro de internamiento para inmigrantes ilegales en Canarias. Según William, luego de 45 días detenido, y ya con la orden de expulsión, la policía le dio un boleto de avión para Barcelona.

Su relato, aunque increíble, es verosímil. Lo respalda el caso Alcarras: una provincia catalana que denunció el traslado irregular de más de 400 inmigrantes por “cortesía del gobierno Central”. Una estrategia, según algunos medios, para contener la inmigración en Madrid y “colapsar” las autonomías.

En Sant Andreu, cada tarde la policía instala un retén en las puertas de los cuarteles para “identificar” a sus habitantes y, en ocasiones, los inmigrantes irregulares son llevados a las comisarías. La paradoja es que por las noches, según confirmaron habitantes de los cuarteles, llegan nuevos inmigrantes a los cuales los guardias civiles les han dicho que vayan a Sant Andreu a “pasar la noche”.

Amenaza de desalojo

El pasado 21 de julio es, para los habitantes de los cuarteles, un parteaguas. Por primera vez desde que el Ministerio de Defensa comenzara en 2002 una demanda contra “los ocupantes”, más de 400 inmigrantes “huéspedes” de Sant Andreu organizaron una protesta frente al juzgado encargado del tema.

Esta primera manifestación colectiva les valió la postergación de un fallo definitivo de desalojo, al tiempo que les permitió sobrellevar el verano más caliente de los últimos 45 años. Lo que no lograron detener fueron los derrumbes en junio pasado de uno de los muros exteriores y de varias galerías parcialmente habitadas.

El juicio es la tercera opción que intenta el poder militar para “resolver el problema”, explica en entrevista Yerko Toro, maestro chileno y portavoz de la asamblea de habitantes de los cuarteles, quien fue detenido en agosto pasado sin causa justificada y permaneció seis semanas encarcelado –actualmente enfrenta un juicio para evitar su deportación.

Amplía Toro: “La primera vía fue la penal, pero un juzgado consideró improcedente la demanda de desalojo; luego Defensa intentó la vía del privilegio administrativo, que sirve para recuperar instalaciones sin necesidad de ir a los tribunales, siempre y cuando la ocupación lleve menos de un año, pero los vecinos nos ayudaron al declarar ante la jueza que llevábamos aquí más de dos años”.

Así, mientras la Justicia no emita un dictamen sobre el asunto, el Ministerio de Defensa no tiene facultades para vender las casernas al ayuntamiento, interesado en ellas para construir una terminal ferroviaria y desarrollar un plan urbanístico.

Por el momento, para “contener la situación” en los cuarteles actúa la Cruz Roja española, que se adjudicó por concurso el presupuesto autonómico para intervenir con “apoyo humanitario” en las casernas.

El apoyo consiste en levantar un censo de los habitantes, darles atención médica elemental y ofrecer a cada inmigrante 250 euros por concepto del “primer mes de alquiler de un piso ” para incentivarlos a abandonar su actual vivienda.

Afuera

En el barrio, tres organizaciones de vecinos discuten posibles “soluciones al problema de las casernas”. Concentrados en una Comisión de Seguimiento, los vecinos mantienen desde hace meses reuniones con los tres niveles de gobierno: el ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña, el gobierno central y el Ministerio de Defensa.

Las posiciones (en la Comisión) son muy diversas –explica un representante de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) que prefirió el anonimato–, hay quienes se manifiestan por un “desalojo humanitario”, es decir, la reubicación en sitios donde se garanticen condiciones dignas. Estos vecinos exigen que los terrenos sean destinados a infraestructura para la comunidad: centros de salud, parques e instalaciones deportivas.

Existe también una “Plataforma Vecinal” que actúa de forma abiertamente xenófoba. La Plataforma hace “caceroladas” cada noche para mostrar su repudio a los vecinos.

Según Norma Falconi, de Papeles Para Todos, la asociación más comprometida con los inmigrantes de las casernas, la Comisión en cuestión no representa el espacio de confluencia entre sociedad de acogida, gobierno e inmigrados, porque mientras la Plataforma xenófoba esté incluida, los habitantes de los cuarteles tienen negada la participación en las sesiones.

A lo que Yerko Toro agrega tajante: “No hay mecanismos de diálogo con la administración; por este motivo nuestras demandas no han recibido respuestas. Queremos que nos dejen explicarles que quienes vivimos en los cuarteles no estamos demandando que se nos reconozca el derecho de vivir en situaciones tan insalubres como las que prevalecen aquí. Nosotros somos los primeros que queremos largarnos. Más bien demandamos nuestra regularización para acceder a un trabajo digno y remunerado, para poder alquilar un piso que garantice el mejor nivel de vida que venimos a buscar a Europa”.

¿Papeles? ¡Para Todos!

Falconi dice que lo que sucede en Sant Andreu es consecuencia del endurecimiento de la Ley de Extranjería propuesta en 2000 (vigente desde 2001) y reformada por el gobernante Partido Popular, que impone cada vez mayores dificultades para la obtención de permisos de trabajo y residencia. Falconi también opina que Sant Andreu representa un capítulo de la incipiente resistencia organizada de inmigrantes.

Dos procesos son antecedentes de lo que sucede en los cuarteles: en 2000, más de 200 subsaharianos, paquistaníes y esteeuropeos instalaron un campamento en Plaza Cataluña; y, en 2001, 600 inmigrantes se “encerraron” en iglesias barcelonesas durante casi 50 días y las autoridades terminaron concediendo 150 permisos de residencia.

Así llegamos a Sant Andreu y sus 600 habitantes; a los partidos sabatinos de futbol anunciados en siete idiomas, que en el “torneo de verano” ofreció como duelo final “Croacia vs. Angola”; a las comidas preparadas por jóvenes vecinas del barrio que trabajan desde hace meses por ayudar a que convivan las diferentes identidades; y a las asambleas poco a poco más nutridas, en las que cada intervención se traduce al catalán, castellano, inglés, francés, beréber y ruso. Incluso cuentan que el traductor de los esteeuropeos es un paquistaní con deformaciones de nacimiento que agudizaron su sentido del oído y que de tanto convivir con los vecinos aprendió su lengua y hoy sirve de puente entre su gente y “los gitanos”.

De estas asambleas, Papeles Para Todos concluye que la única solución en Sant Andreu sería una regularización del estatus migratorio de los ocupantes. Su vocera, Falconi, recalca: “Al Ayuntamiento de Barcelona le correspondería dotar a los habitantes de las casernas de los servicios básicos; a la Generalitat, diseñar e implementar planes de acogida realmente efectivos; y al gobierno nacional, asumir un cambio de estrategia para la regularización de los trabajadores inmigrantes”.

Una salida poco probable, afirma Begoña Sánchez, portavoz de la más moderada asociación SOS Racismo, que no cree posible una injerencia directa en el caso de las casernas, debido a que las elecciones en febrero próximo para renovar la representación del presidente de Cataluña hacen “poco rentable” el tema de la inmigración.

Para Sánchez, Sant Andreu es, más bien, una oportunidad para denunciar la situación de los inmigrantes: “Sirve para demostrar que los recursos sociales y planes de acogida desplegados por las administraciones de todos los niveles son insuficientes o, de hecho, inexistentes”.

En contraste, Jordi Olivella, encargado de prensa para temas de inmigración de la Generalitat de Cataluña, declaró a Masiosare que “el tema de Sant Andreu es competencia del gobierno central, dado que el Ministerio de Defensa interpuso la demanda respecto a los cuarteles”.

Y agregó: “La Generalitat ofrece programas de integración y acogida a población inmigrante siempre y cuando esté registrada como tal ante las instancias correspondientes. Como mucha de la gente que vive en Sant Andreu está en una situación irregular (sin papeles), no los podemos contabilizar como beneficiarios de estos programas”.

Además, como la mayoría de los habitantes de los cuarteles no tiene un visado en regla (60%, según el censo levantado por Papeles para Todos), la Generalitat se declara “incompetente para calcular el número de personas que vive en los cuarteles y tampoco tiene facultades para ofrecerles asistencia sanitaria o social”.

Lo que sí es de competencia de la Generalitat, afirmó Olivella, “es mantener limpias las calles y las plazas de la ciudad”, lo que incluye evitar la indigencia.

Nuevas moradas

La carta de un lector del Periódico de Cataluña, publicada el 5 de junio, denuncia algo que sucede en el otro extremo de la ciudad de donde se encuentra Sant Andreu: “La Plaza de Toros Las Arenas, abandonada hace 26 años, es ocupada (por inmigrantes). Sus palcos son usados a modo de inhumanos apartamentos”.

Según comprobamos, estos palcos, que en otro tiempo sirvieron para ovacionar espectáculos taurinos, servían a subsaharianos como refugio durante los calurosos días veraniegos. Hacia fuera, el edificio parecía deshabitado, pero una vez dentro, la ropa húmeda colgada de cada uno de los palcos delataba el nuevo uso que este recinto tenía para un número no calculado de extranjeros. Ahora ya fueron desalojados.

Los Sant Andreu se multiplican conforme arriban más recién llegados que buscan no fracasar o siquiera sobrevivir en la aventura de inmigrar al Primer Mundo. Sant Andreu es uno de muchos espejos de la sede del Fórum de las Culturas 2004, organizado por la UNESCO.