Exigen medidas cautelares ante amenazas recibidas
Fiscalia Especial Federal para investigar los crímenes en Juárez
reclaman madres de víctimas y CNDH
*Esperaban una recomendación del Ombudsman, no otro informe
Aleyda Aguirre
Con la certeza de que "a las palabras se las lleva el viento",
las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez regresaron
a sus casas, luego de una intensa jornada en la Ciudad de México.
Aunque en esta ocasión sí fueron recibidas por el presidente
de la República, Vicente Fox y se fueron con la promesa de que
se contará con un banco de datos, a escala nacional, de desaparecidas
y uno de información del ADN de las víctimas, con objeto
de identificarlas.
Tanto ellas como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, plantearon la urgencia de
crear una Fiscalía Especial Federal que investigue los homicidios
y las desapariciones. Al respecto, Amnistía Internacional comentó
que las Fiscalías Especiales "en sí no garantizan nada...
son mecanismos para lograr la justicia y no entidades creadas para evitar
las responsabilidades de las autoridades pertinentes" lo que se requiere,
asegura es la "intervención decisiva de los poderes federales".
"Con los hechos, Vicente Fox demostrará que tiene voluntad
para ayudarnos, si no nos hace caso él, que es la autoridad máxima,
nos vamos a ir a las instancias internacionales. Por lo pronto prometió
castigo para los funcionarios corruptos; pedimos la reparación
del daño, que como mínimo paguen los funerales y se tomen
medidas cautelares para todas las mujeres que hemos levantado la voz y
que de alguna manera u otra nos están tratando de desacreditar
y de acosar para que esto no se sepa. Si el gobierno le está apostando
a que nos cansemos, están mal, porque seguiremos exigiendo justicia",
explicó Norma Andrade.
Junto con ella, Norma Ledezma, Patricia Cervantes, Martha Delgado, Soledad
Aguilar y una veintena más de integrantes de organizaciones juarenses
como Nuestras hijas de regreso a casa y Justicia para nuestras hijas,
visitaron el DF para manifestarse en contra del feminicidio que padecen
desde hace 10 años.
Esto, en el marco de la escasa atención que los y las senadoras
de la República le hicieron al informe rendido por el presidente
de la CNDH, quien señaló que "en los hechos al gobierno
¡sí le ha valido!舡 el problema en Juárez; hasta
la cuestionable decisión de la presidencia de cancelar el acto
oficial de la presentación de ese mismo reporte en Los Pinos y
finalmente dejarlo como una reunión privada.
Las mujeres juarenses, descalificaron el documento entregado por Soberanes,
pues aseguraron, "lo que se requería era una recomendación
y no un reporte donde se haga el recuentos de las múltiples irregularidades
que nosotras estamos cansadas de denunciar".
Durante los cinco días que permanecieron en la ciudad de México
sostuvieron reuniones con el secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda; la Comisionada Nacional para Atender los Casos de Mujeres
Asesinadas en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín; con el procurador
General de la República, Rafael Macedo de la Concha; el presidente
Vicente Fox y con monseñor Giulio Sanbeni, de la Nunciatura Apostólica,
asimismo visitaron las delegaciones políticas Cuauhtémoc
e Iztacalco.
10 años de negligencia y complicidad
La abogada Lucha Castro, integrante de la organización Justicia
para nuestras hijas, informó que en la reunión con Vicente
Fox se hicieron "cuestionamientos duros por 10 años de olvido
e impunidad y se le presentaron expedientes que comprueban la negligencia
que hay en la investigación de los casos. 舠Dimos pruebas
de que tanto la Procuraduría de Justicia del Estado y la Policía
Federal están coludidas con los asesinos, se las entregamos al
presidente Vicente Fox舡. Las madres querían ver a Fox porque
él manifestó en algún momento que no había
indicios de corrupción y de negligencia. 舠Fox dijo que estaba
consternado y se comprometía, esperemos lo respete".
Agregó que el mandatario manifestó que se estaba dando cuenta
de que el estado de Chihuahua no estaba cumpliendo, que ahí "está
fallando la procuración de justicia".
Acompañadas por cerca de dos mil personas, en su mayoría
integrantes de la campaña Ni una más, tomaron las calles
de la ciudad el 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia
hacia las Mujeres y caminaron del Angel de la Independencia a Los Pinos
gritando: "¡Fox, castiga a los culpables, ya sabes quiénes
son, si no resuelves eres cómplice!", "cuerpo de mujer,
peligro de muerte", "todas son nuestras hijas, todas nuestras
muertas", "que nuestras hijas salgan sin temor", "no
a la represión de los familiares de las víctimas",
"¡indemnización!", "no más misoginia
en Juárez", "asesinadas en Juárez, vergüenza
nacional".
En el cuerpo llevaban el luto que desde hace 10 años se ha vuelto
su atuendo cotidiano. Por alguna razón que no explicaron, en un
inicio decidieron detener la marcha frente al museo de Antropología,
aunque finalmente avanzaron hasta El Chivatito, sin animarse a llegar
a Los Pinos. Un grupo de mujeres jóvenes les reclamó y exigieron
llegar a la sede de la presidencia. Lucha Castro explicó que las
madres estaban cansadas y tenían que viajar más de 24 horas,
además de que Fox ya las había recibido por la mañana.
Ante la presión y los gritos de "la marcha es de todas y nosotras
vinimos porque queríamos llegar a Los Pinos; no se dejen engañar
por el gobierno", el contingente avanzó más, sin embargo,
se topó con una muralla detrás de la cual esperaban los
granaderos.
La reunión en gobernación
Durante la reunión sostenida con el Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda y la Comisionada Nacional para Esclarecer los Crímenes
de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalupe Morfín,
exigieron se creen mecanismos "urgentes" para que se busque
a las jóvenes que en estos momentos están reportadas como
desaparecidas, se castigue a los responsables de los asesinatos, la audiencia
con el presidente Vicente Fox y que se inhabilite y castigue a los funcionarios
públicos que han sido negligentes e incluso "acusados de asesinatos",
mismos que ahora están trabajando, dijeron, para el gobierno federal.
Asimismo, demandaron se le den "todas las facultades y los recursos
económicos" a Guadalupe Morfín, porque denunciaron
que a un mes de haber sido designada, no cuenta siquiera con una oficina.
Informaron que durante el encuentro le señalaron a Santiago Creel
que no querían "una comisionada bonita" a lo que el secretario
les respondió que "no iba a ser de papel" y sí
se le iba a dar el apoyo y el respaldo jurídico.
La abogada Lucha Castro mencionó que Creel reconoció que
los asesinatos son "un problema muy serio" que no ha sido resuelto
por "corrupción, ineficiencia, falta de procuración
y administración de justicia, procedimientos pervertidos, negligencia
e impunidad. No sólo es reconocer -dijo-, es ver los medios para
diagnosticar y hacer un programa de acción".
Asimismo admitió que los 40 puntos adoptados por el gobierno en
septiembre pasado, para erradicar el problema de los feminicidios en esa
ciudad fronteriza, fueron elaborados sin tomar en cuenta la situación
de Juárez "y por lo tanto están dispuestos a hacer
un diagnóstico común para terminar con la guerra de cifras
que insulta a las familias". Habrá que "buscarle solución"
expuso, para que los asesinatos "no se extiendan a otros lados".
A lo que las juarenses le informaron que eso ya estaba ocurriendo incluso
en el Distrito Federal.
Guadalupe Morfín informó por su parte que a más tardar
en dos meses contará con la infraestructura para continuar con
la labor que le ha sido encomendada. En tanto, manifestó, ya se
han tomado medidas concretas como la solicitud de medidas cautelares para
Marisela Ortiz, integrante de la organización Nuestras hijas de
regreso a casa, quien fue amenazada de muerte el 24 de octubre pasado.
Asimismo, solicitó al Congreso del estado de Chihuahua se legisle
en materia de desaparición forzada de personas y para la creación
de un instituto Autónomo de Ciencias Forenses y Servicios Periciales.
Será parte de su tarea, expuso, que se abran mesas de diálogo
para que la guerra de las cifras concluya. En relación con el informe
presentado por el Instituto Chihuahuense de la Mujer, informó que
ya se reunió con la presidenta, Victoria Caraveo, quien se mostró
abierta a corregir el informe y enriquecerlo con las posturas e información
que proporcionen los familiares de las víctimas y las organizaciones
no gubernamentales pues dicho documento 舠no pretendía ser
perfecto, sino ofrecer una herramienta inicial para ir incorporando datos".
El gobierno federal debe empezar a actuar, señaló Lucha
Reyes, porque no es "avalando al gobierno del estado como lo hizo
en sus declaraciones al Washington Post el presidente Vicente Fox, como
va a resolver el asunto. Eso fue una bofetada para las organizaciones
y las madres. Imagínense que ellas tienen cerradas las puertas
con el gobierno del estado y tenían las esperanzas, una vez que
se nombró a la comisionada, de que el gobierno federal iba a responder
y lo que escuchamos son las declaraciones del presidente argumentando
que no había encontrado ni corrupción ni negligencia. Se
puso de acuerdo el poder y eso genera mayor impunidad. El mensaje político
que envía a los asesinos es que tienen poder".
Norma Andrade, señaló que también le solicitaron
a Morfín que integrantes de la sociedad civil hicieran un seguimiento
de los avances logrados en el Plan Integral del gobierno federal, en el
que se han establecido 40 puntos para prevenir y sancionar el feminicidio.
Andrade comentó que las madres de las víctimas exigieron
a Morfín, durante el encuentro que duró cerca de cinco horas,
se responsabilice a los funcionarios que han sido negligentes y se han
quedado impunes, como el ex comandante de la Policía Judicial del
estado de Chihuahua, Alejandro Castro Valles y su escolta Jaime Gurrola,
a quienes se les acusó de ser los responsables del asesinato del
abogado Mario Escobedo Anaya. A ellos, dijo, en lugar de castigarlos se
les ha "premiado con altos cargos públicos" en la Secretaría
de la Función Pública Federal. Guadalupe Morfín se
comprometió a "promover" algunas recomendaciones al respecto.
Por otra parte, Andrade manifestó que, derivado de los asesinatos
de mujeres, a los familiares de las mismas les han surgido diversos problemas
que la comisionada debería tomar en cuenta como una forma de reparación
del daño.
El hostigamiento
Por otra parte organismos civiles expresaron su temor ante las amenazas
recibidas por Evangelina Arce y Marisela Ortíz Rivera, integrantes
de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, que buscan el esclarecimiento de
los más de 370 asesinatos de jóvenes juarenses, así
por la abogada Luz Estela Castro.
Exigieron se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva
e imparcial sobre todos los actos de acoso e intimidación cometidos
en contra de las defensoras de los derechos de las mujeres, para identificar
a los responsables y llevarlos ante la justicia.
A su vez, en su página de Internet, Amnistía Internacional
denunció dichas amenazas señalando que las activistas citadas
han realizado férreas críticas a la inactividad del gobierno
mexicano, que sigue sin interesarse en el feminicidio de Ciudad Juárez.
Como ejemplo de las amenazas, se indicó que hace dos meses un presunto
integrante de la Fiscalía Especial para los Asesinatos de Mujeres,
se presentó en casa de Evangelina Arce, sin ningún documento
que avalara su procedencia. Pidió a Silvia, hija de Evangelina,
una fotografía de su hermana, quien desapareció en 199;,
asimismo, le solicitó acudiera a la fiscalía a fin de identificar
los que pudieran ser los restos de su familiar, sin embargo Silvia se
negó a sus peticiones y la fiscalía negó haber enviado
a alguien a la casa de Arce.
Su domicilio señaló Arce, ha estado vigilado. Una de las
personas que la han estado acechando fue identificado por ella misma como
agente de la Policía Judicial del estado. Ya se hicieron las denuncias
respectivas y Evangelina sugirió a las autoridades se "hiciera
una ronda" para que ella identifique a los agentes, pero no han hecho
caso a su petición. Arce también fue agredida físicamente
el pasado 30 de marzo y ha sido acosada vía telefónica.
Ortiz Rivera también ha recibido amenazas en varias ocasiones.
El 24 de octubre su automóvil fue seguido por dos vehículos,
cuyos ocupantes le dijeron que matarían a ella y a su familia si
seguía hablando del caso. Tras esta última amenaza, recibió
protección de la fiscalía federal.
En Chihuahua, la fiscalía estatal sometió a la abogada Luz
Estela Castro, activista de derechos humanos que trabaja sobre casos de
secuestro y asesinato de mujeres en la ciudad, a una investigación
penal sobre un caso no relacionado con ésto. Se teme que esa investigación
sea injustificada y en realidad se trate de represalias por el trabajo
que ella realiza en torno a los asesinatos de jóvenes.
Estos hechos ocurren, señaló Amnistía, justo cuando
se está ejerciendo una presión internacional para que el
gobierno mexicano responda a la sociedad, que clama justicia, y adopte
medidas de prevención para evitar los crímenes.
Integrantes de la Comisión de Equidad y Género, señalaron,
durante una reunión sostenida con la recién nombrada Comisionada
para los Asesinatos de Mujeres de Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín,
que solicitaron la comparecencia del Procurador General de la República,
Rafael Macedo de la Concha, porque es fundamental una respuesta en el
tema del feminicidio en Juárez.
Por su parte Morfín expresó que Juárez "es una
ciudad donde hay un cártel y eso nos debe llevar a reflexionar
si atender el problema del narco bajo un esquema predominante de seguridad
pública y no como un problema de salud, de adicciones y de prevención,
es el correcto y ese es un tema que nos compete a ambos lados de la frontera
y que tiene que ver con la violencia en la ciudad fronteriza y la impunidad
con que opera el narco. Tenemos que hablar de esto para ver cuál
es la fórmula que más puede proteger a la población".
El drama continúa
Entretanto, a principios del mes pasado, fueron enterrados los restos
de Diana Yazmín García Medrano, quien había desaparecido
el 27 de mayo. Fueron encontrados el 7 de septiembre en el kilómetro
tres de la carretera a Juárez. Posteriormente se informó
a sus familiares que se trataba de Yazmín por los estudios de ADN
que se le practicaron. Asimismo, fueron reconocidos los restos de Neyra
Azucena Cervantes, encontrados el pasado 14 de junio en el cerro Picos
de la Luna.
La videoasta Cristina Michaus, expresó mediante un comunicado su
desacuerdo y el de las organizaciones, con el gobernador Patricio Martínez,
quien señaló que la violencia doméstica es el principal
motivo de los crímenes en Ciudad Juárez
Ante el hostigamiento y las amenazas de las que ella misma ha sido objeto,
señaló: "a los criminales en el poder: dos palabras:
la violencia doméstica, los noviazgos violentos y los crímenes
de odio tienen su origen en la absoluta negligencia. La historia no absuelve.
Las amenazas de muerte de las que hemos sido objeto recibirán un
seguimiento judicial".
Petición en Línea para exigir que los gobiernos de México y Estados Unidos investiguen bilateralmente los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez
Esta es una lista de resoluciones relacionadas con la violencia contra
las mujeres de Juárez y Ciudad Chihuahua en México. Estas
resoluciones fueron elaboradas por un grupo de familiares de las víctimas,
artistas y activistas que trabajan en solidaridad con ellos e investigadores
cuyo trabajo contribuye al esfuerzo de poner fin esta terrible hola de
violencia.Si usted apoya estas resoluciones por favor firme esta petición
en:
www.petitiononline.com/NiUnaMas?petition.html
En ese sitio pueden encontrar también el texto en inglés.
Resoluciones de la Conferencia "Maquilando mujeres en Juárez
o ¿quiénes son los asesinos?" Patrocinada por el Centro
de Investigaciones de Estudios Chicanos en UCLA*
Elaboradas en Los Angeles, California el 1º de Noviembre de 2003.
1. Declaramos que los secuestros, torturas y
asesinatos de niñas y mujeres de Ciudad Juárez y del
estado de Chihuahua, cometidos desde 1993 hasta la
fecha, son crímenes contra la humanidad y exigimos que
su solución se convierta en máxima prioridad en la
agenda por la defensa de los derechos humanos a nivel
binacional e internacional.
2. Exigimos que los gobiernos de México y los Estados
Unidos intervengan en la averiguación y solución de
estos asesinatos como parte de sus obligaciones
bilaterales de proteger y defender los derechos
humanos de todos los habitantes de la franja
fronteriza.
3. Exigimos que se establezcan cooperación
técnico-jurídica y líneas de investigación
efectivas
entre México y los Estados Unidos para averiguar los
vínculos entre la delincuencia transnacional
organizada y los asesinatos en Ciudad Juárez.
4. Exigimos que Hilda Solís, Congresista Demócrata del
32º Distrito de California, y Guadalupe Morfín Otero,
Subcomisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, formen una
alianza binacional que intervenga en el
esclarecimiento de los asesinatos de niñas y mujeres
en la región.
5. Exigimos una intensa investigación binacional e
internacional de las identidades de los individuos que
podrían poseer información acerca de los hechos que
rodean los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez
o que podrían estar involucradas en ellos y cuyos
nombres ya se han denunciado en los periódicos Reforma
y La Jornada de los días 17 y 31 de octubre, respectivamente.
6. Exigimos que se conforme una comisión binacional e
internacional de derechos humanos que:
a) investigue todos y cada uno de los casos de las
mujeres asesinadas;
b) tenga autoridad para proteger la vida y seguridad
de las madres, familias y amigos de las víctimas, así
como de los informantes y defensores de los derechos
humanos que trabajan en los casos;
c) tenga competencia binacional y capacidad de imponer
sanciones; y
d) establezca un convenio binacional de derechos
humanos entre México y los Estados Unidos que prevenga
futuros asesinatos.
7. Exigimos que cualquier comisión formada por los
gobiernos de México y los Estados Unidos para
investigar estos crímenes se constituya de acuerdo con
los instrumentos de derechos humanos establecidos por
las Naciones Unidas (Convención para Eliminar Todas
las Formas de Discriminación a la Mujer y Convención
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia a la
Mujer de Belem do Pará) para que efectivamente aborde
los asesinatos de niñas y mujeres de Ciudad Juárez y
del estado de Chihuahua.
8. Exigimos que se faculte a la comisión con las
funciones y autoridad necesarias para que pueda llegar
a la verdad de los crímenes, para que se haga justicia
y para detener de manera definitiva los asesinatos y
cualquier forma de violencia a las mujeres y niñas de
Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua.
9. Exigimos que las comisiones de derechos humanos
internacionales y las cortes interamericanas e
internacionales de justicia admitan nuestras demandas
y hagan las recomendaciones pertinentes a nuestros
gobiernos, poniéndolos en evidencia ante la comunidad
internacional en caso de que no cumplan esas
recomendaciones.
10. Exigimos que se haga público y que se distribuya
ampliamente el informe que elaboró la misión de
expertos de las Naciones Unidas, la cual estuvo en
Ciudad Juárez en octubre pasado, examinó directamente
algunos de los expedientes de casos de niñas y mujeres
asesinadas y desaparecidas, y proporcionó cooperación
técnico-jurídica a las autoridades mexicanas.
11. Exigimos una reparación económica para las
familias de las mujeres y de las niñas asesinadas,
desaparecidas, torturadas y violadas en Ciudad Juárez
y en Chihuahua por el daño moral sufrido, por el dolor
emocional y la zozobra motivados por el fracaso del
gobierno de investigar adecuadamente la perpetración
de estos crímenes.
12. Exigimos que el gobierno de Ciudad Juárez, sus
instancias de planificación y los principales
empleadores en la región trabajen conjuntamente para
proveer la infraestructura necesaria que haga de
Ciudad Juárez un lugar más seguro para todos y en el
que las mujeres puedan tener la libertad de circular
libremente, como cualquier otro ser humano, sin tener
que temer por sus vidas o su seguridad.
¡NI UNA MÁS!
Todas son nuestras hijas.
Todas son nuestras muertas.
