Luis Hernández Navarro

Cruzada antivasca en territorio nacional

En nombre de la lucha contra el terrorismo, el gobierno de José María Aznar conduce una campaña de satanización e intolerancia en contra del nacionalismo vasco. La estrategia le ha dado buenos resultados y hoy pretende exportarla a Cataluña, donde su partido sufrió un descalabro electoral y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido nacionalista de izquierda, duplicó sus votos. Asediado por la andanada conservadora que ve con horror la posibilidad de que esa fuerza política pacte un gobierno progresista, su secretario general, Joseph Lluís Caod, advierte: "Aznar quiere trasladar a Cataluña la situación de crispación del País Vasco" (El País, 28 de noviembre de 2003).

Bajo la bandera de la lucha contra ETA todo parece valerse, desde la lógica del gobierno español, para tratar de minar el nacionalismo. Las ideas han sido ilegalizadas y partidos políticos disueltos. Se clausuró la publicación Egunkaria y sus directivos sufrieron torturas y vejaciones. Amnistía Internacional ha constatado el aumento de denuncias de ciudadanos vascos en régimen de incomunicación. Aunque no se haya cometido delito alguno, ser independentista en el País Vasco se ha convertido en causal de detención, incomunicación y cárcel.

Este clima de crispación social se ha exportado a América Latina junto con grandes inversiones. La diplomacia del reino de España y los grandes grupos mediáticos han dedicado grandes esfuerzos a aislar y desprestigiar al nacionalismo vasco en sus antiguas colonias. Se trata de reproducir en el nuevo continente el mismo clima de persecución que priva en la madre patria. La guerra contra el terrorismo le ha dado a Aznar apoyos adicionales.

México se ha convertido en territorio privilegiado de esta cruzada en contra de quienes discrepan de su política. Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se modificó, en 1996, el tratado de extradición vigente desde 1978. Los lazos de simpatía y de negocios que unen al gobierno conservador de Vicente Fox con la cría del franquismo español, convenientemente aceitados por la adscripción a asociaciones como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, han facilitado la tarea. La legalidad mexicana y su histórica tradición de brindar asilo se encuentran entre las bajas de esta nueva alianza.

El último incidente de tan lastimoso asunto comenzó el pasado 18 de julio, cuando fueron detenidos en varios estados de la república, por cargos imputados por el Reino de España, sin orden de detención y con lujo de violencia, seis ciudadanos vascos -uno naturalizado mexicano- y tres mexicanos. Se les acusa de pertenencia a banda armada y blanqueo de dinero. Se encuentran presos en el Reclusorio Norte del Distrito Federal.

Los tres mexicanos fueron liberados, no así los vascos, que se encuentran en proceso de extradición. Pilar Sosa quedó en libertad tras 51 días de arraigo, y Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú quedaron libres sin cargo en contra, después de 90 días de arraigo.

Pero resulta que los ciudadanos vascos presos encerrados en el Reclusorio Norte son, según todos los testimonios presentados, personas honestas, responsables, trabajadoras, respetuosos del país y de sus leyes. El que menos tiempo ha pasado en territorio nacional suma 12 años.

Axier Arronategi Duradle, naturalizado mexicano, migró a este país en 1989. Su esposa es mexicana y tienen tres hijos. Residían en Monterrey, donde él trabajaba de gerente de ventas de una empresa de paquetería.

Ion Artola Díaz y Asunción Gorrotxategi Vázquez llegaron juntos a México hace 12 años. Después de regularizar su situación migratoria se instalaron en Puerto Escondido, Oaxaca, donde Ion era gerente de producción de una empresa maderera.

Félix García Rivera arribó a este país hace 13 años. Contrajo matrimonio con una mexicana con la que tiene un hijo. Al momento de ser detenido contaba con FM3 y trabajaba para una maderera del estado de México.

José Antonio Urquijo Borde, residente en México desde hace 14 años, se dedicaba a la industria turística en Cancún. Ernesto Elejalde arribó al país en 1987 y desde entonces se dedicaba a la venta de materiales de plomería.

Los cargos que el reino de España les imputa, por los cuales pide su extradición, están basados en movimientos de dinero mediante transferencias de bancos con el pago de los impuestos correspondientes. Las pruebas aportadas son tan sólo copias fotostáticas sin valor jurídico. En cambio los detenidos han demostrado que estos movimientos corresponden al ingreso de una herencia familiar, a la compraventa de productos de estética o al envío de dinero a familiares. Además, Asunción Gorrotxategi es dependiente de su esposo y no tiene cuentas bancarias a su nombre. En caso de que las acusaciones fueran ciertas -que no lo son- los delitos deberían ser juzgados por tribunales y leyes mexicanos al estar cometidos dentro del país.

La marea antinacionalista vasca quiere cobrar nuevas víctimas en territorio mexicano. Como hace apenas unos meses sucedió con Lorenzo Llona, en esta ocasión se han pisoteado las leyes mexicanas y puesto en entredicho la tradición de asilo. La extradición de Llona no prosperó, pero nadie puede reponerle ahora el tiempo que pasó detenido. La solicitud de extradición en contra de los seis ciudadanos vascos no debe tampoco preceder.