"Existen claras evidencias de la mala actuación de juez"

Reclaman corregir irregularidades en el caso de acusado de asesinar mujeres

En espera de que en los próximos meses se dicte sentencia a Víctor Javier García Uribe, acusado de la violación y asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, su esposa, Miriam García, exigió a las autoridades locales y federales que "cesen las mentiras y el hostigamiento que hemos padecido, y se deje en libertad a quien es inocente".

Después de reunirse con la comisionada para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, a quien solicitó que impulse el traslado de su esposo con el propósito de garantizar su integridad física, reiteró su llamado al titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, "quien desde hace cinco meses se comprometió a impulsar la reubicación de penal, y hasta el momento no hay una respuesta".

Ante las pruebas obtenidas y presentadas a las autoridades responsables de la investigación, exigió que se dicte una sentencia absolutoria y "se dejen de fabricar chivos expiatorios", pues señaló que los exámenes médicos practicados a García Uribe "demuestran que no consumía drogas, además de que los análisis de ADN indican que las jóvenes que ellos confesaron, bajo tortura, haber asesinado, no corresponden con los nombres asentados en la acusación".

Por su parte, Adriana Carmona, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que ante la serie de irregularidades en la investigación del caso, "el Poder Judicial de Chihuahua deberá dictar una sentencia absolutoria, pues no han podido presentar pruebas contundentes de su culpabilidad".

Asimismo instó a las autoridades federales a que cumplan con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento no se han establecido, y a que realicen todas las acciones necesarias para esclarecer los actos de tortura e irregularidades cometidas en el desarrollo de las investigaciones del caso, "pues de no hacerlo el gobierno federal podría incurrir en responsabilidad".

Tras denunciar que "existen claras evidencias de la mala actuación del juez", Carmona aseguró que las autoridades estatales "se han convertido en el único investigador de un caso sin sustento".

LAURA POY SOLANO