Por lo menos 30 países deben signar la convención de la ONU para que entre en vigor

México, sin problema para aplicar texto anticorrupción

ROSA ELVIRA VARGAS

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción obligará a aquellos países que reciban depósitos bancarios producto de robos al erario a devolverlos al "Estado víctima". A esta y otras acciones estarán comprometidos los países que suscriban el documento durante la conferencia política de alto nivel que para ese propósito se realizará la próxima semana en Mérida, Yucatán.

El presidente Vicente Fox rubricará el documento que obligará a México, previa aprobación del Senado de la República, a acogerse al texto de la convención, el cual incorpora medidas para impulsar la prevención y el combate eficaz a la corrupción, contar con un órgano encargado de la prevención y la lucha contra ese fenómeno, así como la difusión de las medidas preventivas.

Se trata de un instrumento "jurídicamente vinculante y universal", cuya trascendencia radica en buscar el mantenimiento de un equilibrio entre medidas preventivas y punitivas.

Ayer, en la sede de la cancillería mexicana, se realizó el seminario Introducción a la convención de la ONU, en el que participaron los consultores jurídicos de Relaciones Exteriores, Joel Hernández y Miguel Angel González, así como el asesor de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, Raúl Carrera.

Durante los trabajos hubo coincidencia en que para México el cumplimiento de la Convención de la ONU contra la Corrupción no implicará modificaciones al texto constitucional, en virtud de que se dispone de suficientes elementos y normas jurídicas para combatir dicho fenómeno "con mano firme y con estricto apego a la legalidad".

Joel Hernández informó también que para su entrada en vigor, la convención precisa de la ratificación de al menos 30 países. Para la reunión de Mérida se han inscrito hasta ahora 71 delegaciones nacionales, aunque se espera la participación de 130.

Muchos de los grupos participantes estarán encabezados por los ministros de procuración de justicia, y se prevé también la asistencia de algunos cancilleres. En el caso de México, la delegación será encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y por el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Entre las particularidades del documento está la prevención de blanqueo de dinero, con medidas como el establecimiento de regímenes internos de reglamentación y supervisión de bancos e instituciones financieras no bancarias, así como la posibilidad de establecer dependencias de inteligencia que sirvan de centros nacionales de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. Asimismo, obligará a las partes signantes a considerar la tipificación de delitos como soborno en el sector privado, malversación de fondos y peculado, tráfico de influencias y abuso de funciones, encubrimiento y enriquecimiento ilícito.

Un apartado especial se refiere a los delitos cometidos por funcionarios públicos, y durante la explicación de los funcionarios involucrados en su promoción se destacó que si bien la convención no exige eliminar el desafuero de legisladores o las inmunidades diplomáticas, cada país deberá aplicar sus sistemas y mecanismos jurídicos para quitar esa prerrogativa cuando se trate de investigar algún caso de corrupción.