Magdalena Gómez

Cisma intercultural

Cada día aparecen más evidencias que demuestran que en el caso de la demanda indígena por el reconocimiento de sus derechos se produjo un cisma antes que un diálogo intercultural. Al ministro Juventino Castro debemos la revelación de las verdaderas razones de la Suprema Corte de Justicia para eludir en 2002 la oportunidad histórica que las 330 controversias le presentaron para abrir la puerta de la justicia a los pueblos indígenas.

El hoy ministro retirado asistió en 1995 a una reunión latinoamericana en La Paz, Bolivia, donde se analizarían resoluciones de las cortes en materia indígena. En su breve intervención, se limitó a comentar que no existían en esa materia porque no les habían presentado ese tipo de asuntos. Ocho años después, mediando las controversias indígenas, declaró: "me voy a comprometer y no van a caer bien mis palabras: en efecto, por siglos, los indígenas, principalmente los del sur, ya que casi no existen indígenas del norte y todo es México, fueron motivo de actos discriminatorios tremendos. Pero llega el momento en que un movimiento político, que propone hasta la reforma de la Constitución general, dice: los indígenas están por encima de todo el resto, tienen derechos especiales que no tienen los demás: pueden nombrar a sus gobernantes, pueden nombrar sus jueces, pueden dictar sus leyes. šPor amor de Dios!, Ƒno se han dado cuenta de lo que están diciendo? ƑCómo quieren llegar a la igualdad del mexicano sobre la base de una desigualdad? Y además desigualdad demagógica, porque el indígena sigue estando abajo" (1Ɔ de diciembre, La Jornada, entrevista de Jesús Aranda).

Como recordamos, la Suprema Corte de Justicia falló -en sentido jurídico, pero también literal- afirmando que no podía revisar ningún procedimiento de reforma constitucional y, por lo tanto, no entraba al análisis de las objeciones en el caso de la contrarreforma indígena de 2001. En aquel momento dijimos que con ello el Estado cerraba la última puerta a los pueblos indígenas.

Sabíamos que los ministros habían votado con su ideología, aun cuando se cubrían con el manto de la formalidad. Sabíamos también que esa decisión cerraba el círculo de la llamada nueva relación del Estado con los pueblos indígenas, pues en los últimos diez años se confrontaron con el Poder Ejecutivo, luego dialogaron y firmaron los acuerdos de San Andrés, a cuyo incumplimiento se sumó el Poder Legislativo. El Judicial fue llamado el último recurso para impedir la consumación de la traición de los otros dos poderes y, como ya señalamos, falló.

Ciertamente el ministro Castro habló a título personal, sin embargo, lamentablemente no estaba solo en la Corte: el ministro Azuela elaboró, en posición minoritaria con dos miembros más, un proyecto de resolución a las controversias indígenas en el cual postulaba la facultad de la Corte para revisar procesos de reformas constitucionales, señalando que en el caso indígena dicho proceso no contenía irregularidades. Lo revelador de su proyecto fue que para mostrar sensibilidad indígena introdujo amplias consideraciones y cifras del Banco Mundial en torno a los índices de extrema pobreza. Es decir, tratándose de pueblos indígenas el asunto de sus derechos colectivos no tiene importancia. Para entender la implicación de este cisma, bastaría con adquirir la difícil capacidad de escuchar a los pueblos, acercarse a ellos.

Durante dos días el coloquio América profunda nos permitió participar de algunas reflexiones: lejos están de sentirse pobres, pues para ellos la carencia de valores, el individualismo, el afán desmedido de acumulación constituyen la auténtica pobreza. Ante la falta de satisfactores materiales buscan recursos porque delimitan claramente entre lo necesario y lo superfluo. Y afirmaron: "no se muere de hambre nadie en nuestros pueblos, lo que sí no se puede soportar es que pisoteen nuestra dignidad".

La clase política mexicana se mostró incapaz de escucharlos, a pesar de que en San Andrés hablaron de la fortaleza que les da la espiritualidad, de sus sueños y esperanzas, del sentido de su defensa de los recursos naturales porque son tan vivos como las palabras.

Ahí queda el testimonio del ministro Castro, quien al igual que sus colegas se considera con la autoridad de emitir juicios culturales antes que razonamientos apegados a la justicia.