El gobierno panista expropiará las instalaciones del negocio hortícola

Arraigan a dos ex funcionarios por incurrir en irregularidades en venta de invernadero, en SLP

La empresa adeuda al gobierno estatal más de 351 millones de pesos

LA JORNADA SAN LUIS Y ANTONIO PEREZ CARDONA CORRESPONSAL

El gobernador panista de San Luís Potosí, Marcelo de los Santos, dio conocer que fueron a arraigados por 30 días el ex secretario de Finanzas, Olegario Galarza Grande, y el ex contralor Oscar Alarcón Guerrero, pues habrían incurrido en presuntas irregularidades en el proceso de compra-venta del invernadero de Santa Rita -ubicado en el municipio de Rioverde- a la empresa Natural Valey.

Informó que expropiará las instalaciones del negocio hortícola Invernaderos de Santa Rita ante el incumplimiento del pago de la empresa al gobierno del estado. La empresa adeuda más de 351 millones de pesos al gobierno estatal.

Explicó que los dos ex funcionarios fueron llevados a un hotel de San Luís Potosí, en cumplimiento de una orden girada por un juez penal, con el propósito de garantizar que presenten sus declaraciones sobre el caso.

"Se inició una investigación a fondo sobre el incumplimiento, para lo cual es necesaria las declaraciones de los ex funcionarios", indicó.

Sin embargo, aclaró que los funcionarios de la pasada administración priísta no están detenidos, "sólo están arraigados para que declaren en torno a las negociaciones que se hicieron en la venta del invernadero".

Explicó que la negociación llevada a cabo por la administración priísta pasada se caracterizó por la falta de trasparencia.

"La administración de Fernando Silva Nieto también estuvo pagando por concepto de nómina, pero no se sabe a quién y cuándo, por lo que el gobierno estatal ha decidido recuperar la empresa", comentó.

Cabe señalar que el contrato original entre el comprador Natural Valey y el estado establecía el pago de 351 millones de pesos por los invernaderos de Santa Rita -empresa en la que el gobierno pasado invirtió pero fracasó, por lo que tuvo que buscar comprador-; sin embargo, el comprador no ha realizado un solo pago.

También se detectó que la administración pasada le siguió pagando a los trabajadores del invernadero.

De los Santos comentó que son 65 millones de pesos los que estuvo aportando el gobierno del estado para capital de trabajo, ya que los compradores no se han hecho cargo de los invernaderos, no han respondido al adeudo que tienen con la administración potosina -que viene desde la pasada-, la cual nunca informó cuál era la situación de dicha negociación, por lo que el asunto se manejó con falta de trasparencia.

Por otra parte, el Congreso de Coahuila decidió investigar la adquisición de medicamentos por más de 25 millones de pesos, que se llevó a cabo a finales del 2002 por el Servicio Médico de la sección 38 del SNTE.

La anterior situación fue detectada por los legisladores durante la revisión de las cuentas públicas, en virtud de que la llamada Clínica del Magisterio recibe subsidios del gobierno local, por lo que solicitaron a sus responsables un informe detallado de las compras.

Los legisladores locales, integrantes de la Comisión de Hacienda y la Contaduría Mayor de Hacienda, refirieron que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones del estado, las compras del sector público coahuilense que sean superiores a 100 mil pesos deben licitarse.

Sin embargo, en sus cuentas, el Servicio Médico de la sección 38 del SNTE establece erogaciones por 25 millones 77 mil pesos por la adquisición de medicamentos, en su mayoría de los laboratorios Almacenes de Drogas y Casas Aba.