Participan 170 países en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

Compartir bonanza de la tecnología, pide líder de la unión de telecomunicaciones

En la primera ronda de negociaciones se pospuso la creación del fondo de solidaridad digital

JENARO VILLAMIL

La sombra de la enorme "brecha digital" entre las naciones del mundo -97 por ciento de los africanos no tiene acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), mientras Europa y Estados Unidos concentran 67 por ciento de los usuarios de Internet-, así como la brecha entre organizaciones civiles y gobiernos se planteó ayer durante la inauguración en Ginebra de la primera Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en la que participan representantes de 170 países y se inscribió un total de 10 mil 217 personas de todo el mundo, mayoritariamente voceros de estados (4 mil 469) y de organizaciones no gubernamentales (2 mil 936), con notables ausencias, como el grupo Reporteros sin Fronteras.

En la inauguración del cónclave, el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y secretario general de la cumbre, Yoshio Utsumi, apeló a los líderes mundiales a compartir la bonanza de las tecnologías de información y comunicación con las economías menos favorecidas. "Hasta que eliminemos las injusticias de la 'brecha digital' no podemos aceptar las promesas del ciberespacio con la conciencia tranquila", subrayó Utsumi. El documento subrayó que hoy en día 54 naciones son más pobres de lo que eran en 1990.

"Durante la última década se ha triplicado el acceso a la red de telefonía (fija y móvil). En concreto, hay que destacar que en menos de 20 años el crecimiento de las redes de comunicación móvil ha llegado a más de mil 250 millones de personas de todo el mundo", subrayó el secretario general de la cumbre, pero se insistió en que los países menos desarrollados tienen enormes problemas de acceso a estas nuevas tecnologías.

Esta primera ronda de conversaciones, que previsiblemente culminará en la próxima cumbre mundial, a realizarse en Túnez en noviembre de 2005, ya planteó las primeras grandes "brechas" diplomáticas y políticas que no serán resueltas.

En primer lugar, se pospone la creación de un fondo de solidaridad digital, como plantearon los países menos desarrollados, en especial los de Africa. La propuesta de plan de acción sólo menciona que debe cumplirse el objetivo de destinar 0.7 por ciento del producto interno bruto a la asistencia oficial para el desarrollo, como se sugirió en la cumbre mundial que se realizó en Monterrey.

La llamada "gobernancia de Internet" es otro de los puntos más candentes. Estados Unidos se opone a que sea una agencia de Naciones Unidas la que administre la Red, en lugar de la sociedad privada estadunidense Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, con base en California. En el proyecto de declaración que se discutirá sólo se plantea que "la gestión internacional de Internet debe ser multilateral, transparente y democrática y contar con plena participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales".

Estará pendiente la integración de un grupo de trabajo que defina la gobernanza de Internet, como se menciona en el plan de acción de la cumbre, para antes de 2005. En este grupo de trabajo desea participar un sinnúmero de redes civiles y organizaciones que plantean la necesidad de plena libertad en el ciberespacio y luchan contra el ciberimperialismo.

Otro tema candente es la agenda de la libertad de expresión y la lucha contra la cibercensura, agudizada a raíz de la "guerra contra el terrorismo" desde el 11 de septiembre de 2001. Reporteros sin Fronteras y otras organizaciones civiles han demandado protección plena a los derechos humanos, a la privacidad de las comunicaciones en Internet y a la libertad de expresión, así como la liberación de más de 50 ciberperiodistas en todo el mundo. "Esta cumbre tiene el peligro de legitimar la actitud de regímenes que buscan siempre pretextos para limitar la libertad de expresión", subrayó en su momento el presidente de Reporteros sin Fronteras, Robert Menard.

Una red de cientos de organizaciones civiles, entre las que se encuentra la representación mexicana de La Neta/APC, suscribió una declaración "alternativa" a la oficial que se dará a conocer en Ginebra. Entre otros puntos, esta declaración plantea el reconocimiento a las comunidades indígenas y su diversidad lingüística; el acceso igualitario al conocimiento para desarrollar "software libre"; limitar los monopolios, especialmente en el tema de las patentes de software; apoya el fondo de solidaridad digital, propuesto por naciones de Africa, y establece una amplia agenda para vincular la educación y la capacitación en el uso de las TIC.

Disparidades de la delegación mexicana

Encabezada por funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, la delegación mexicana prácticamente pasó por alto las conclusiones y demandas expuestas por las redes civiles que participaron en la consulta que realizó en mayo de este año la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República.

Por ejemplo, en el tema de libertad de expresión, el documento de México repite lo promulgado desde 1981 en la Convención Universal de Derechos Humanos y sólo rescata la importancia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero omite la necesidad de reconocer los vacíos jurídicos en el marco de la libertad de expresión que hoy se sustentan en la Ley de Imprenta, que data de 1917, y la Ley Federal de Radio y Televisión, cuya reforma ha sido pospuesta.

Distintos observadores consideran que es light la posición de México respecto a la "brecha digital", porque "no reconoce que aún tenemos grandes vacíos en la actualización jurídica de los medios analógicos, por lo que sumarse a lo digital sin considerar los rezagos analógicos será sin duda un factor que haga más grande la brecha".

En este tema, el documento oficial de México plantea que "para reducir la brecha digital que se profundiza entre los países del norte y del sur, así como al interior de las mismas naciones, es indispensable encauzar el potencial de las TIC en favor del desarrollo, sobre la base de la transferencia de tecnologías y la prestación de apoyos financieros y técnicos y, para ello, es necesario solventar la demanda de infraestructura, equipos, creación de capacidades y desarrollo de contenidos". México evade pronunciarse por la creación de un fondo de solidaridad digital.

La posición mexicana es "en favor del principio de neutralidad tecnológica", sosteniendo que "debe respetarse el derecho de decisión de usuarios, quienes deben estar en capacidad de hacer su elección libremente entre los programas de fuente abierta, comerciales y libres, de manera que tengan acceso a servicios competitivos y de calidad".