Acusan al GDF de ceder a la presión de asociaciones conservadoras y religiosas

Crearán 60 ONG frente en defensa de la iniciativa de sociedad de convivencia

Su aprobación sería un avance para la vida democrática de la ciudad: Alvarez Icaza

SUSANA GONZALEZ G.

Integrantes de unas 60 organizaciones civiles harán un frente común para contrarrestar las protestas que grupos religiosos y conservadores han protagonizado en los días recientes contra la aprobación de la ley de sociedad de convivencia, anunció Laura Martínez, directora de la Asociación por el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac).

Consideró contradictorio que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), "que se dice de izquierda y democrático", primero haya mostrado voluntad política para tratar el tema, pero ahora promueva una consulta y con ello parece haber cedido a las protestas de grupos conservadores y religiosos, como Provida.

"No tiene por qué hacerse una consulta sobre algo que servirá para detener muchas violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones civiles temíamos que con el cambio de gobierno (en el país) la derecha influyera en las decisiones políticas, pero esto se está viendo también en el Gobierno del DF, que entre comillas es de izquierda", dijo.

Hasta ahora las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la promoción y defensa de las garantías individuales no se habían movilizado al respecto, pero el próximo jueves, ante notario público, constituirán una federación 60 organizaciones, la mayoría de mujeres. Laura Martínez explicó que el objetivo central será defender la iniciativa de ley de sociedad de convivencia, pues advirtió que en caso de ser rechazada se propicia la discriminación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, rehusó opinar sobre la consulta sugerida por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero dijo que la promulgación de la ley mencionada sería un avance para la vida democrática de la ciudad y un acto que honraría a todos los ciudadanos de una sociedad que reconoce y valora su pluralidad, independientemente del estilo de vida de cada quien. "No es un asunto de moral pública, la ley es ajena a la preferencia sexual", sentenció. Se trata de tutelar de mejor manera los derechos sucesorios o patrimoniales de familias o individuos que por necesidad han establecido una red de relaciones en la ciudad, que coexisten bajo el mismo techo y comparten gastos: paisanos, compadres, amigos, vecinos, trabajadoras domésticas; una parte de la sociedad a la que no se debe discriminar ni menoscabar sus derechos, sostuvo. Es una ley, dijo, que plantea la necesidad de reconocer una realidad incontrovertible.

Por otra parte, Alvarez Icaza indicó que el diagnóstico y las recomendaciones que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU entregó al gobierno federal también deberán ser tomados en cuenta por las autoridades del DF.

"Varios de los conceptos o referencias que existen en las convenciones o pactos deben trasladarse a leyes locales; por ejemplo, en materia de tortura o desapariciones forzadas", dijo en el acto en que anunció la realización de la segunda Feria por los Derechos Humanos, que se llevará a cabo el domingo próximo en el Zócalo capitalino, como parte de la conmemoración del décimo aniversario de la CDHDF.