El rechazo que la propuesta fiscal elbista-foxista sufrió ayer en la Cámara de Diputados es un hecho positivo por cuatro razones: porque despeja la grave amenaza que esa iniciativa representaba para la precaria economía de los sectores mayoritarios de la población; porque constituye un ejercicio de pluralismo, sensatez y dignidad del Legislativo ante el Ejecutivo;porque hizo abortar uno de los enjuagues políticos más turbios que se recuerden, y porque marca un severo descalabro para uno de los promontorios del poder charro que aún subsisten en el país: el que encabeza Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI, hasta ayer coordinadora de la diputación de su partido y fracasada gestora presidencial en materia de leyes hacendarias.

La eliminación de la llamada "reforma" fiscal cocinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el grupo elbista, y que era en realidad una simple miscelánea draconiana e injusta, conjuntó a diputados de PRI, PRD, PT, PVEM, Convergencia y hasta un legislador panista. No debe perderse de vista, sin embargo, que el factor decisivo fue el grupo mayoritario del primero, y que el voto de las dos terceras partes de la fracción tricolor en contra de la iniciativa no necesariamente obedeció a un genuino interés por proteger los bolsillos populares de una serie de medidas fiscales infames, como el impuesto disimulado a los alimentos y a las medicinas, sino que fue parte de un mecanismo para disputar posiciones de poder y el recurso para un ajuste de cuentas interno que había sido anunciado desde el momento mismo en que una negociación de coyuntura colocó en la cúpula del mando priísta a Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo. El fracaso de la segunda es, pues, reconfortante, pero la consolidación del liderazgo del primero resulta, en cambio, un elemento de justificada inquietud.

Más allá del cisma priísta y su espectáculo deprimente y ominoso, la sesión de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro representa una severa derrota para el proyecto tecnocrático, empresarial y fondomonetarista que se pretende imponer, desde Los Pinos, al país. La desolada reacción presidencial posterior a la votación hace suponer que el titular del Ejecutivo federal, acaso mal informado por su aliada priísta, pensó, hasta el último momento, que la iniciativa fiscal conjunta iba a ser aprobada. El desconcierto y la desazón presidenciales no justifican, sin embargo, frases equívocas, impropias y preocupantes pronunciadas por Fox en su mensaje de anoche. "La democracia no justifica el desacuerdo", dijo, por ejemplo, el mandatario. Pero fue más allá, hasta la emisión, ojalá que involuntaria y equívoca, de algo que puede interpretarse como una amenaza de desobediencia a las leyes que elabora el Congreso de la Unión: "El Ejecutivo -afirmó- no aceptará una propuesta que provoque distorsiones en la economía y que reduzca la competitividad. No aceptará una propuesta que no garantice los recursos suficientes para atender las responsabilidades del gobierno ante los grupos que permanecen en la pobreza y la exclusión social".

El momento demanda una explicación y una corrección de lo expresado ayer por Fox: ¿Qué quiso decir exactamente con la expresión de que "no aceptará" una ley de ingresos que no sea de su gusto? ¿Acaso piensa que puede emplear atributos legales para rechazarla? ¿Pretende el mandatario llevar el celo neoliberal hasta el punto de un conflicto entre los poderes de la Unión y hasta una controversia institucional?

En la circunstancia presente lo deseable sería que los protagonistas de la escena política calmaran sus ánimos, con la perspectiva de, una vez dirimido el episodio de la guerra interna priísta, construir en el seno del Legislativo y en un periodo extraordinario de sesiones una ley de ingresos más sensata, equilibrada y justa que el engendro elbista-foxista. El país no se encamina a la catástrofe por el rechazo de esa iniciativa. Por lo demás, la postración económica dura ya tres años y resulta injusto, desproporcionado y hasta malintencionado argumentar que la derrota de la iniciativa fiscal oficialista posterga la reactivación. El entorno democrático debiera llevar a los protagonistas políticos a evitar la tentación de sobreactuar y dramatizar sus derrotas y de sobredimensionar sus consecuencias.