El Estado se desentiende de la pobreza mientras se acentúa la desigualdad, alerta

Al estilo teletón, Fox transfiere a la IP responsabilidades sociales: Social Watch

Ha descapitalizado al sector eléctrico con recortes sistemáticos al gasto público, afirma

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

El Estado mexicano continúa desentendiéndose de la pobreza social que está obligado a atender en términos de derechos económicos, sociales y culturales, mientras el empobrecimiento de la población avanza y las desigualdades se acentúan, concluye el informe 2003 del organismo civil internacional Social Watch.

Integrada por organizaciones no gubernamentales de más de 150 países, la red Social Watch apunta también que el gobierno del presidente Vicente Fox se ha limitado a continuar con la política económica y social de la administración anterior, pero con mayor acento en ''los recortes al gasto social asociados con las tendencias privatizadoras de servicios públicos y básicos''.

Señala que, con un esquema ''teletón'', esta administración gubernamental ha trasladado a las fundaciones privadas la responsabilidad de satisfacer necesidades básicas, ''en vez del diseño y aplicación de las políticas públicas respectivas''. Reporta que, mediante recortes sistemáticos al gasto público, ha inducido la descapitalización de la industria eléctrica con miras a su privatización, conforme a los lineamientos establecidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Estima que de 1997 a la fecha los países en desarrollo han transferido 500 mil millones de dólares a las naciones más ricas, principalmente a través del pago del servicio de la deuda, y para cumplir con esas exigencias los gobiernos han recortado los servicios esenciales y elevado los impuestos.

El reporte 2003 de Social Watch llama la atención sobre la tendencia adoptada por algunos gobiernos para impulsar graduales privatizaciones ''no por una opción política internacional, sino por negligencia'', mediante deliberados descuidos y descapitalizaciones de responsabilidades y empresas públicas.

''País tras país -explica-, el financiamiento público descendió constantemente con el tiempo, dejando a los servicios del gobierno en situación de suma inferioridad con respecto a los privados''.

En el caso de México, este observatorio ciudadano de alcance mundial señala que el gobierno ha venido descapitalizando al sector eléctrico ''con recortes sistemáticos al gasto público en los últimos años'', en concordancia con la carta de intención y el memorándum de políticas económicas y financieras enviados en junio de 1999 al Fondo Monetario Internacional.

En el noveno párrafo de ese documento se especificó que ''el gobierno (mexicano) contribuirá al aumento de la inversión a través de sus planes para expandir la infraestructura básica, incluyendo coinversiones con el sector privado y con la participación de este sector en áreas anteriormente reservadas al Estado, como la generación de electricidad... De ahí que el gobierno haya enviado una propuesta al Congreso para dar espacio a la competencia en el mercado de la electricidad y atraer inversión privada a la industria eléctrica''.

Dicha iniciativa, recuerda Social Watch, ''fue exitosamente detenida por una amplia oposición social y sindical. Sin embargo, el actual gobierno mantiene las intenciones, y aunque en el interior del país el presidente Vicente Fox promete que la industria eléctrica no se privatizará, el ofrecimiento ha sido reiterado a los inversionistas extranjeros en varias oportunidades''.

Las posibles consecuencias de privatizar una industria -''que en 50 años ha estado en expansión, demostrando capacidad y eficiencia''- son: ''el incremento de las tarifas eléctricas, la afectación de derechos laborales y, por supuesto, la pérdida de control sobre una industria estratégica para el desarrollo del país'', previene.

Fondos públicos, ganancias privadas

Considerado uno de los más importantes observatorios ciudadanos sobre el comportamiento de los gobiernos, Social Watch considera que en México progresivamente se ha puesto la seguridad social al servicio del capital privado.

Sobre este fenómeno detalla que con la conversión de las pensiones tuteladas por el Estado en fondos de capitalización individual y de administración privada a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), los recursos sociales más importantes del país han sido puestos ''a disposición de los grandes grupos financieros nacionales y extranjeros''.

Puntualiza que esa reforma ''también afectó los servicios médicos, el aseguramiento por riesgos de trabajo, las guarderías y otras prestaciones, al promover la subrogación o contratación de servicios con el sector privado, y restringir las prestaciones sociales por su traslado al seguro de guarderías''.

De esta forma, precisa Social Watch, ''el gobierno mexicano ligó el desarrollo del sistema de seguridad social al interés privado, reformando su esencia solidaria de ayuda intergeneracional, reparto y subsidiaridad pública, por una visión mercantil que atenta contra un conjunto de derechos sociales garantizados por la Constitución''.

En consecuencia, durante el gobierno del presidente Fox ''no se han atendido las necesidades de ampliación de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios, y se ha seguido recortando el gasto público en este sector''.

Verdades a medias

El informe, apoyado en estudios de especialistas radicados en México, comenta la parcialidad de las autoridades del sector salud en el diagnóstico que realizan sobre el impacto de las jubilaciones en la estructura financiera de las instituciones públicas de seguridad social.

Apunta: las autoridades del sector salud ''destacan que es indispensable un proyecto de reforma de la seguridad social, que detenga el deterioro de los organismos públicos por su insuficiencia financiera para enfrentar el costo de las pensiones, de cara al aumento de la esperanza de vida y el marcado envejecimiento relativo. Pero poco dicen del deterioro salarial, el desempleo y los recortes al gasto social que también presionan su sistema financiero''.

En este contexto ''se inscribe el paulatino y silencioso proceso de privatización de los servicios de salud en México, como parte de las reformas estructurales dictadas por las instituciones financieras internacionales''.

Enumera las modalidades del proceso: el pago por el servicio público, la subrogación de los servicios auxiliares, las formas gerenciales y de financiamiento adoptadas, y la venta de activos o de servicios. Todo, ''con el objetivo central de ofrecer a la iniciativa privada un mercado rentable y garantizado''.