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México D.F. Domingo 21 de diciembre de 2003

Constantes delitos ambientales y anomalías jurídicas en complicidad con funcionarios: ecologistas

Acusan a inmobiliaria de impulsar la privatización de bahía Zihuatanejo

Pese al rechazo de pobladores continúa el cabildeo de autoridades e inversionistas en favor del proyecto

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Zihuatanejo, Gro., 20 de diciembre. En medio de acusaciones de encabezar la "privatización" de la bahía de Zihuatanejo y de cometer irregularidades jurídicas y delitos ambientales, la empresa inmobiliaria Punta del Mar construye, alrededor y en la zona de agua en este puerto, un complejo turístico que incluye un muelle de cruceros tipo espigón, que obstruye el paso de una corriente marina que ingresaba a la bahía y a la laguna de Las Salinas.

En su carrera por ganarle terreno al mar, el último presunto delito ambiental cometido contra la ensenada de este puerto, que se suma a los generados por la construcción del rompeolas de roca, es la instalación de tuberías que descargan aguas negras al mar, para lo cual la empresa, conocida también como Puerto Mío, demolió y modificó la zona de riscos.

Los habitantes que se oponen a la continuación de la obra y exigen el desmantelamiento de la escollera indican que originalmente el proyecto era atractivo, sobre todo porque los desarrolladores habían ofrecido "levantar el nivel turístico de la bahía y generar empleo y derrama económica" con la construcción de una terminal de cruceros, muelle y terminal de pasajeros, estación de servicios, una marina con capacidad para 150 amarres, dos hoteles, un condominio de 30 villas en dos niveles, área comercial, servicios generales, clínica, spa, alberca, canchas de tenis, restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes en una superficie de 55 mil 800 metros cuadrados.

Hasta hace diez años, no obstante, el megadesarrollo turístico de Ixtapa, la bahía de Zihuatanejo y su biodiversidad enfrentaban sólo el problema de la contaminación generada por la inutilidad de sus plantas tratadoras de aguas. Sin embargo, las irregularidades comenzaron con la construcción, en 1987, del espigón, sin contar con un estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, sin permiso para realizar la obra.

Para Armando Encarnación Ríos, jefe de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología del municipio de José Azueta, con cabecera en Zihuatanejo, el estudio fue presentado por la empresa al Instituto Nacional de Ecología (INE) el 23 de marzo de 1992, cuando los daños ambientales ya estaban consumados, pero además omitiendo obras planeadas como la terminal de cruceros, el muelle, la terminal de pasajeros, la estación de servicios y una marina.

En su oficio DOODGOEIA-03410, del 23 de julio de 1996, el INE "certifica" que han sido cumplidas o debidamente atendidas las siguientes condicionantes: "previo a la construcción del enrocamiento se deberá presentar ante esta dirección de normatividad ambiental, en no menos de 90 días hábiles después de recibida esta autorización, un modelo de simulación del transporte litoral de sedimentos y los cambios que ocasionaría dicha obra".

Sin importar la inconformidad de ambientalistas, pescadores y ciudadanos con los daños provocados a la bahía, el 10 de mayo de 1999 el INE revalida la autorización para finalizar las obras hasta el 14 de abril de 2001.

La empresa violentaba los reglamentos vigentes, como el artículo 53 de la Ley General de Bienes Nacionales, y a esa altura los daños eran ya evidentes, como el azolvamiento de la bahía, la desaparición del ecosistema y la playa El Almacén.

El 23 de noviembre de 1999 parecía que las protestas de los ambientalistas habían encontrado eco cuando, mediante el oficio DOODGOEIA-007448, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e impacto ambiental del INE notifica a los afectados la negativa para la continuación de las obras de enrocamiento, ordena el desmantelamiento de lo que ya se había avanzado del rompeolas y modifica la construcción del muelle de cruceros, que ahora se hará con pilotes para garantizar el recambio de aguas en la bahía.

Sin embargo, la inmobiliaria interpone un recurso de revisión ante la Dirección General de Ordenamiento Ecológico del INE, la cual autoriza a la empresa, por medio del oficio DOO05-001575 del 3 de abril de 2000, la ampliación del término para la realización de la obra.

Entre la resolución del INE y el recurso de revisión solicitado por la empresa a esa dependencia, los propietarios de la inmobiliaria invitan a la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias Lilo, a pasar tres días hospedada en el exclusivo desarrollo. Los ambientalistas buscaron a la funcionaria federal para que escuchara sus demandas, pero nunca fueron atendidos.

Poco más de dos meses bastaron a la Semarnap, por conducto del INE, para autorizar las modificaciones del proyecto y el 23 de junio de 2000 ratificó las características del enrocamiento para la construcción del muelle de cruceros tipo espigón, con una longitud hasta de 73 metros.

Movilización ambientalista

Los ambientalistas exigen a las autoridades retomar el resolutivo del INE de noviembre de 1999, que ordena el desmantelamiento del rompeolas y la cancelación del desarrollo turístico inmobiliario y náutico; piden destruir el muro de piedras construido por la empresa que eliminó la playa El Almacén, cancelar una gasolinera que se encuentra sobre el mar y la red de tuberías que descargan aguas negras al mar.

Del proyecto original la empresa opera en la actualidad sólo la estación de servicio marina, el hotel Puerto Mío, con 20 naves en cinco niveles; cuatro villas de dos niveles, de las 30 programadas; tres locales comerciales, la alberca, uno de los tres restaurantes autorizados, ocho de las 150 posiciones de la marina y un muelle.

De la inmobiliaria Punta del Mar se sabe que tiene, entre otros socios, al director de Fonatur, John McCarthy, y al ex corredor de autos Eduardo Alonso Rebaque.

En un documento de 13 hojas filtrado a los grupos ambientalistas de Zihuatanejo se da a conocer "el acuerdo de coordinación", que tiene como testigo de honor al presidente Vicente Fox, y en el que participan titulares de organismos federales, estatales y municipales, con el propósito "de conjuntar recursos y acciones e mejoramiento urbano, de servicios, obras de infraestructura de saneamiento y de seguridad pública".

Para Obdulia Balderas, presidenta de la asociación civil Mujeres por la Paz, grupo que forma parte de la Red de Organizaciones Ambientalistas que se opone al proyecto de Puerto Mío, el acuerdo de remodelación tiene otro objetivo: "la privatización de la bahía de Zihuatanejo".

El conocimiento del documento motivó la movilización de la red y el 12 de septiembre anterior, en una reunión con el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado, Juan Farill Herrera, se empezó a conocer su contenido.

En la cláusula sexta se refiere que Fonatur coordinará el programa que comprende Puerto Mío, el muelle de cruceros, la marina puerto de Zihuatanejo, el muelle fiscal de servicios pesqueros y turísticos. Todo ello, claro, en coordinación con la empresa Inmobiliaria Punta del Mar y Marina Zihuatanejo que financiarán el proyecto: la capitanía del puerto, Semarnat, Semar, el municipio, las cooperativas pesqueras y el Fideicomiso de la bahía de Zihuatanejo (Fibazi).

En el mismo documento se detalla que para llevar a buen fin el proyecto se contará con la colaboración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Semarnat para la autorización de las concesiones.

El edil dice ignorar el proyecto

El presidente municipal perredista, Amador Campos Aburto, negó tener información sobre el proyecto y manifestó su oposición a cualquier intento de privatización de la bahía.

El 27 de septiembre se entrevistó con el titular del Ejecutivo federal en Acapulco. Según trascendió, Vicente Fox se dijo sorprendido del proyecto y aseguró no estar enterado.

Sin embargo, sigue el cabildeo de las autoridades federales y estatales, así como de los inversionistas a favor del proyecto; de igual manera crece el movimiento de oposición de la ciudadanía al proyecto de privatización.

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