Permanecen sin castigo quienes fueron altos personajes de gobierno y castrenses

Impunidad, saldo de investigaciones a seis años de la matanza de Acteal

Autoridades federales y estatales desoyeron las advertencias sobre violencia paramilitar

RENATO DAVALOS

Unos 60 hombres con uniformes oscuros se deslizaron la noche del 21 de diciembre de hace seis años por Pechuquil y Los Chorros con ametralladoras, cuernos de chivo y rifles .22 rumbo a Acteal, en Chiapas. La decisión se había sido tomado horas antes. Llegaron al paraje cafetalero de El Naranjo, mientras la comunidad de desplazados tzotziles rezaba en derredor de una ermita y cinco grandes cruces de madera que apuntan a sus lugares sagrados.

Hacia las 10:30 horas, un grupo paramilitar tomó posiciones y consumó una matanza que estremeció al país y al mundo. Cuarenta y cinco muertos: 21 mujeres (cuatro estaban embarazadas), 15 niños y nueve hombres. Todos formaban parte de la organización Las Abejas. Fue un tiroteo contra unos 350 indígenas que se prolongó durante seis horas y media. La gente corrió a refugiarse en el arroyo, otros trataron de salvarse en la maleza y otros más huyeron por la cañada.

En el tiempo quedó sólo el vestigio de impunidad y una maraña de vínculos militares y civiles priístas, inscritos en una guerra de baja intensidad en la zona, una ofensiva de Estado orquestada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo.

Al final, el cese del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, hoy coordinador priísta en la Cámara de Diputados, y el del gobernador Julio César Ruiz Ferro. En las consignaciones, sólo personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército permanecieron intactas.

"Relámpago, quiero comunicarme con Trueno..." Esa fue la voz que se escuchó en los intercomunicadores policiacos estatales, remontado el mediodía, para dar parte de la masacre en el poblado perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas. Apenas tres días antes se había cumplido un año de la suspensión del diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las "razones" del libro blanco

La ofensiva militar comprendió, durante los posteriores cien días, aquella mañana de Acteal, un operativo promedio diario que cubrió toda la zona, acompañado del "ofrecimiento" de diálogo del gobierno y de las conclusiones de la "investigación" de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Jorge Madrazo Cuéllar, contenidas en un libro blanco que se constriñó a señalar que los sucesos se derivaron de un conflicto interfamiliar. Refirió "ausencia de instituciones" y una violenta disputa por el poder político y económico, incluido un banco de arena de Majomut.

No hubo una sola referencia a la estructura priísta. Inclusive la procuraduría aventuró en ese libro un planteamiento que ahondó agravios: "La idiosincrasia indígena presenta una actitud de intolerancia cuando se trata de resolver conflictos contra una minoría disidente y de respetar sus derechos humanos".

Retirar los cadáveres, primera decisión

"Retiren los cadáveres antes de que lleguen los periodistas", fue la primera decisión de la policía estatal. A 200 metros del tiroteo estaban 40 agentes encabezados por el general retirado Julio César Santiago Díaz, quienes escucharon la balacera sin intervenir.

Los militares y ex militares implicados fueron el general Santiago; Mariano Arias Pérez, del 38 Batallón de Infantería; Pablo Hernández Pérez, ex militar que encabezó la masacre, y el sargento Mariano Pérez Ruiz, además de Jacinto Arias Cruz, alcalde de Chenalhó, señalado como responsable de la distribución de armas.

En el expediente 27/98 quedaron contenidas las testimoniales que constataron los preparativos para la masacre y los avisos que a distintos funcionarios se hicieron el mismo día 22 sin resultado alguno.

A las 11 horas, Gonzalo Ituarte, entonces integrante de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), informó a Homero Tovilla, secretario de Gobierno estatal, de lo que sucedía. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) notificó a Tovilla de los hechos antes de esa hora, pero Uriel Jarquín, subsecretario de Gobierno, declaró que a las 11:30 no tenía ningún reporte. Nadie investigó después al agente del Cisen ni los reportes que al respecto llegaron a Chuayffet.

Advertencias desoídas

Tres vecinos de Acteal, Cornelio Pérez y dos mujeres, alertaron a las 11:30 horas al comandante de la patrulla de seguridad Ricardo García que una hora antes se había iniciado una fuerte balacera en la ermita donde se refugiaba un grupo de desplazados. La respuesta fue una orden para su detención.

"Sólo se escucharon unos tiros", dijo Tovilla a la diócesis de San Cristóbal a las 18 horas. La policía entró seis horas y media después de que comenzó la matanza.

Jorge Enrique Hernández, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en cambio, ordenaba en las primeras horas de la tarde: "apresúrense a levantar los cadáveres antes de que lleguen los periodistas". La operación limpieza facilitó el entierro clandestino de cadáveres en seis fosas.

Ruiz Ferro empezó a ser informado al mediodía. Posteriormente el gobierno estatal sería el contratante de los abogados defensores de los victimarios.

La indemnización a los deudos fue de 35 mil pesos. Ninguna de las víctimas dio positivo en la prueba del radizonato de sodio, es decir, no dispararon arma alguna.

En sus declaraciones, Mariano Arias Pérez, degradado a soldado raso, y Pablo Hernández Pérez, ex militar, admitieron que entrenaron a priístas de varias comunidades. Arias señaló que los pobladores pidieron que les enseñara a usar armas.

En enero siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional trasladó a Veracruz al batallón de infantería destacado en Rancho Nuevo, al que pertenecían algunos militares que participaron en la masacre.

El gobierno zedillista mantuvo oídos sordos al señalamiento del Parlamento Europeo, que instó a México a investigar de manera "objetiva y eficaz" la masacre, condenó enérgicamente los sucesos y pidió al Presidente de la República "movilizar todos sus esfuerzos" para alcanzar una salida negociada al conflicto de Chiapas.

La guerra en curso

En el informe Chiapas, la guerra en curso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro estableció que la masacre fue la muestra más clara de la estrategia político-militar que el gobierno ha puesto en práctica desde 1994 para "rendir o exterminar" al EZLN.

Las tres grandes ofensivas (enero de 1994, febrero de 1995 y de diciembre de 1997 a enero de 1998) no tienen base jurídico-política y tampoco legitimidad nacional e internacional, precisó.

En el diseño de la estrategia contrainsurgente, añadió el informe, la matanza fue concebida como el inicio de una escalada de violencia en varias regiones de Chiapas. Se plantea que el uso del terror tiene como objetivo minar la base social zapatista y "no manchar" la imagen del Ejército.

También atestiguó la llegada a Chiapas de nuevos personajes represores: los paramilitares -que operan al estilo kaibil guatemalteco- son una nueva versión de las guardias blancas, cuya presencia se extendió a 21 municipios y a las que se responsabilizó de 123 asesinatos en los cuatro años previos a la matanza, precisó el documento.

El informe del Servicio Médico Forense de la procuraduría chiapaneca mostró la manera en que fueron ejecutados los indígenas: algunos con balas expansivas de "atrás hacia adelante"; con cuchillo, machetes o a golpes.

El centro recordó una entrevista con el general Otto Pérez Molina, ex jefe del estado mayor de Guatemala, en la que manifestó la "buena relación e intercambio de información necesario" con el gobierno mexicano.

Además refiere el apoyo que los paramilitares tuvieron entonces de legisladores o ex legisladores priístas como Rafael Ceballos Cancino, Walter León Montoya, Norberto Santís López, Samuel Sánchez Sánchez y Eucario Orantes Ruiz.

Igualmente citó los principales grupos paramilitares que operaban en el estado, además de Paz y Justicia: Primera Fuerza, Máscara Roja, Los Chinchulines, Alianza San Bartolomé de los Llanos, Fuerzas Armadas del Pueblo, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Degolladores y Thomas Munzer, entre otros.

Inscrita en la misma estrategia, la matanza sirvió también para una reubicación del Ejército. En 27 municipios se acantonaron alrededor de 40 mil elementos. En sólo mes y medio se instalaron 20 nuevos retenes en las zonas de los Altos, Selva y Norte de Chiapas.

Preludio del horror

La víspera del 22, dos indígenas de Las Abejas lograron huir de Pechiquil, donde se encontraban secuestradas 70 personas que eran obligadas a trabajar para los paramilitares. Apenas un par de días antes, el entonces nuncio apostólico Justo Mullor necesitó cuatro horas para recorrer comunidades donde operaba el grupo paramilitar Paz y Justicia.

El 8 de diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expresó su preocupación por la agudización de la violencia. Denunció el entrecruzamiento de intereses estatales y una estrategia de contrainsurgencia con posible desenlace de violencia.

La Conai se sumó a esas voces, que nunca fueron escuchadas por el gobierno zedillista. No existen condiciones de seguridad, señaló el organismo, para que la Comisión de Verificación, integrado por las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, el ayuntamiento priísta, el concejo autónomo zapatista y el grupo Las Abejas cumplan la supervisión pactada con antelación en Las Limas.

Para las elecciones federales de julio de ese año, el gobierno de Ruiz Ferro había apoyado a Paz y Justicia con casi 5 millones de pesos para un "programa de reactivación agrícola y pecuaria".

Dos días después de los sucesos, Chuayffet dijo que el gobierno federal no tenía injerencia en el asunto. A los paramilitares los llamaba "grupos civiles armados".

Finalmente, fue sustituido el 3 de enero por Francisco Labastida Ochoa, después candidato derrotado en las elecciones presidenciales. Chuayffet dejó el cargo marcado por las dos masacres del sexenio: el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, ocurrido el mismo día de su toma de posesión, y la ejecución en Acteal. El día 7 de enero, Ruiz Ferro salió de la gubernatura de Chiapas y su lugar fue ocupado por Roberto Albores Guillén.

En declaración ministerial ante la PGR, los entonces diputados federales del PRD César Lonche y Jorge Díaz León aseguraron haber informado al secretario particular del gobernador Ruiz Ferro sobre la situación que prevalecía en Acteal y la posibilidad de que integrantes de Las Abejas fueran asesinados, tal como ocurrió.

Seis años más tarde, sólo queda la impunidad de una ejecución que derivó en el encarcelamiento de personajes menores. Las altas esferas del gobierno y del Ejército permanecen intactas.

La herida de Acteal no ha cicatrizado, señala el obispo Felipe Arizmendi

Piden fincar responsabilidades a Zedillo, Chuayffet y Ruiz Ferro por la matanza

JUAN BALBOA CORRESPOSNAL

San Cristobal de Las Casas, Chis., 21 de diciembre. Organismos defensores de los derechos humanos y partidos políticos pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) no dejar en la impunidad la responsabilidad en la matanza de Acteal del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; del ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y del ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet.

Para el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, "la herida no ha cicatrizado" y subsisten muchos problemas graves en el municipio de Chenalhó -donde se ubica Acteal-, pero sobre todo, dijo, " el esclarecimiento de la masacre es de vital importancia para la paz en Chiapas".

En la víspera de cumplirse seis años del asesinato de 45 indígenas tzotziles, organizaciones no gubernamentales (ONG) encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, aseguraron que autoridades estatales y federales "se han negado a reconocer las evidencias que ubican el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto de guerra, lo que ha permitido que la defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de la matanza, señalando que se trata de un problema religioso".

A seis años de que miembros del grupo paramilitar Máscara Roja dieron muerte a 15 niños, 21 mujeres -cuatro de ellas embarazadas- y nueve hombres cuando oraban en la ermita de su comunidad, el CDHFBC aseguró que hay pruebas suficientes para demostrar que las autoridades estatales consentían que civiles portaran armas de uso exclusivo del Ejército, además de utilizar vehículos y bienes públicos para transportar a paramilitares.

Un indicio, agregó el centro, serían las diversas reuniones que los agresores tuvieron para presionar a la gente y exigirle aportaciones con las cuales adquirir armas, además de la protección a civiles por agentes de la policía, como consta en declaraciones ministeriales como las del suboficial Felipe Vázquez Espinosa, quien implicó a su jefe, el primer oficial Absalón Gordillo, diciendo que les ordenaba "proteger" a los grupos paramilitares.

"Además el ex gobernador Ruiz Ferro fue informado oportunamente de la situación y no actuó para evitar la masacre", puntualizó.

Obstáculos al proceso judicial

El CDHFBC y la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que las irregularidades que han entorpecido el proceso judicial sean atendidas con prontitud, apego a la verdad y a la justicia, ya que de lo contrario el argumento de la defensa de los inculpados con respecto a la filiación religiosa como motivo de la matanza seguirá confundiendo a la opinión pública.

La diputada perredista Deysi Castillo pidió que se reabra el expediente Acteal para que el ex gobernador Ruiz Ferro y al menos 12 de sus colaboradores sean juzgados por "omisión" en el gobierno estatal. La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Chiapas, dijo que al momento la justicia ha sido parcial, pues sólo se ha cumplido en parte la sentencia de 77 implicados en el crimen material, entre ellos un general retirado del Ejército, además de dos ex comandantes de la policía estatal, pero está pendiente aún que sean enjuiciados los responsables intelectuales. "Quienes fueron señalados como responsables de lo que hacían sus subalternos están libres, andan por las calles y aparecen como prósperos hombres de negocios, académicos, y hasta escriben artículos en los periódicos locales", aseguró la diputada Castillo.

El obispo Arizmendi llamó a las autoridades a esclarecer "esta triste etapa de la vida de los indígenas de Chiapas", y planteó: "la herida no ha cicatrizado totalmente, porque los problemas posteriores a la matanza aún no se resuelven". El prelado oficiará este lunes una misa en la comunidad de Acteal, donde fueron sepultadas las 45 víctimas de la matanza.

Protestarán hoy frente a la SG por el encarcelamiento de 80 indígenas evangélicos

Iglesias protestantes exigen reabrir el caso Acteal y liberar a "inocentes"

JOSE ANTONIO ROMAN

Miembros de las iglesias protestantes más representativas del país se manifestarán esta tarde frente a la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir la reapertura de las investigaciones del caso Acteal y la liberación de casi 80 indígenas evangélicos que están recluidos en el penal de Cerro Hueco, acusados de haber participado en la matanza de 45 personas hace exactamente seis años en esa comunidad chiapaneca.

En la más reciente carta pública sobre este asunto, la comunidad evangélica del país cita una larga lista de irregularidades en el proceso judicial en contra de los evangélicos detenidos, entre las cuales están que fueron aprehendidos "ilegalmente y con engaños", se les negó la presencia de su defensor y, aun cuando algunos de ellos hablan español, no se les respeto su derecho constitucional de contar con la asistencia de un traductor.

"Y lo peor de todo: permanecen presos aun cuando los verdaderos responsables han confesado su culpabilidad y han liberado de toda responsabilidad a quienes el gobierno tiene prisioneros. A pesar de que el propio EZLN ha declarado que tanto asesinos como asesinados en los hechos de Acteal profesan la religión católica, la mayoría de los detenidos en el penal de Cerro Hueco son evangélicos y están siendo sentenciados injustamente a más de 30 años de prisión."

Ayer, en las celebraciones dominicales de las iglesias participantes, se convocó a participar en la concentración de este lunes, a las 16 horas, frente a la Secretaria de Gobernación. "Exijamos que se reabra el caso Acteal; que el presidente Fox cumpla su palabra y se dé a nuestros hermanos la oportunidad de demostrar su inocencia", señala la convocatoria respaldada por las iglesias metodista, presbiteriana, pentecostés, asambleas de Dios, bautista y medio centenar de organismos civiles vinculados a credos protestantes.

Ofrenda en Coyoacán

La víspera del sexto aniversario de la masacre de Acteal, la red zapatista Sembrando Dignidad recordó con una ofrenda floral y 45 cruces -colocadas en el piso de la explanada de la delegación Coyoacán- el asesinato de 45 indígenas ocurrido el 22 de diciembre de 1997.

En una gran pancarta colocada en el kiosko del Jardín Hidalgo se leía: "los mataron mientras rezaban; los mataron, eran niñas y niños, eran mujeres y ancianos. Los mataron y estaban desarmados; los mataron a pleno sol y por la espalda. Cuarenta y cinco muertos que nos duelen, 45 asesinatos que nos avergüenzan. Una masacre que no se puede olvidar. Acteal nunca más".

Javier Ruiz, José Vázquez y Sebastián Gómez, indígenas chiapanecos miembros de la organización Las Abejas, recordaron que 325 personas ayunaban ese 22 de diciembre de 1997 cuando fueron masacrados por paramilitares "que el gobierno estatal armó y el gobierno federal solapó".

Advirtieron que hay una campaña para promover la liberación de los detenidos por la masacre, "con el argumento de que no tuvieron un juicio justo y apegado a derecho. Para sacarlos de la cárcel dicen que esa matanza fue producto de la intolerancia religiosa y de las pugnas intercomunitarias, cuando eso no es verdad. Ellos saben que los paramilitares llegaron a matar, asesinaron por la espalda a niños, mujeres y ancianos".

Vázquez y Ruiz señalaron: "Venimos a recordar lo que pasó y lo que hemos vivido hasta ahora en Acteal. Este lunes se cumplen seis años de que ocurrió la matanza contra indígenas a manos de paramilitares armados por el gobierno.

"No nos vamos a callar, seguiremos denunciando y exigimos que ustedes, toda la sociedad, se una a nuestras voces para que haya justicia, para que se castigue a los responsables intelectuales de la masacre y a los que la perpetraron. Todos están identificados, pero no se ha hecho justicia". VICTOR BALLINAS