Critica grandes sueldos de diputados que impulsan el IVA

Señora directora: Pido se publique en El Correo Ilustrado la siguiente carta. No acabo de entender las políticas económicas, pero sé que no es necesario poseer un título académico para saber algo de política; mi pregunta al presidente Fox es cuántos mexicanos tienen empleo como para cobrar impuestos a comida y medicina y cuántos no cuentan con empleo.

Primero deben crear suficientes empleos y después cobrar. Recordemos además que, aparte de los grandes empresarios, toda la clase política tiene muy jugosos sueldos y prestaciones, de los que carece la mayoría de la población.

A ellos debe ir abocada la reforma fiscal; los políticos se autorizan jugosos aumentos, aguinaldos y demás prestaciones sin que nadie les reproche nada, mientras que la mayoría de la población se muere de hambre.

Miguel Angel Avila, migrante por falta de oportunidades en México

Señora directora: Los abajo firmantes, profesores de educación secundaria y personal administrativo adscrito a la escuela secundaria 263, turno matutino, denunciamos las graves y sistemáticas violaciones que han cometido las autoridades en todos los niveles de educación básica a nuestros derechos humanos y al esta- do de derecho.

A raíz de la implementación del pago por medios electrónicos con tarjeta de débito, se nos ha coaccionado, amenazado y hostigado laboralmente a todos los compañeros que en pleno uso de nuestra libertad de elección decidimos no aceptar semejante forma de pago.

No aceptamos por las siguientes razones: es violatoria de la Ley del ISSSTE, que en el artículo 37 dice: "El pago se realizará en el centro de trabajo y con moneda corriente o en cheque".

También porque desconfiamos con sobradas razones de las instituciones bancarias, sobre todo de los cajeros automáticos.

El pago que debimos recibir el 15 de diciembre pasado nos fue escamoteado con todas las agravantes, utilizando un recurso, a la vez de perverso, patético: nuestros cheques estaban rotos, por tanto inservibles e incobrables.

¿Creen que nos chupamos el dedo? ¿Casualmente ocurrió un "accidente" así, cuando han utilizado cualquier clase de maniobras para obligarnos a aceptar la tarjeta? Muchos tenemos más de 20 años laborando en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y jamás sucedió algo igual.

Difícilmente nos quitarán de la mente que esto ha sido totalmente doloso; nos queda perfectamente claro que es un castigo y duro golpe a nuestra economía familiar por haber cometido el gravísimo delito de ejercer plenamente nuestra libertad de elección.

Denunciamos los siguientes hechos, que bien pudieran tipificarse como delitos: violación a la ley del ISSSTE y en consecuencia al estado de derecho, retención ilegal de salarios y todo lo que de ello se derive, así como coacción, amenazas cumplidas y hostigamiento laboral.

Queda completa y absolutamente demostrado que es mentira que tengamos libertad de elección y que esta forma de pago no era más que una encubierta y ahora descarada imposición.

Que las autoridades de la SEP se estén prestando para hacerle el trabajo sucio a los banqueros sería vergonzoso y vergonzante.

Asimismo hacemos responsables a las autoridades educativas implicadas de todos los daños y perjuicios que han causado en nosotros y en nuestras familias, así como de cualquier otro tipo de acciones de diversa índole que atenten contra nuestra persona, trabajo o familia.

Por último cuestionamos: ¿cuándo nos van a pagar los salarios ya devengados? Exigimos que cesen el hostigamiento laboral y la represión. Puntualizamos de manera categórica: no aceptaremos el pago con tarjeta.

Gonzalo Mondragón Godínez, María del Rocío Rico, Verónica Martínez, Verónica Pérez Mata, Isabel Nava, Adela Olvera Flores, María de Jesús Hernández García, Elvira Pérez Jiménez, Clara Patricia Carrillo Rodríguez, Juan Vargas Nazaret, María Cruz Salinas Trejo, Marcela Ramírez Salinas, Guadalupe Estrada Barragán

Señora directora: Me llamó mucho la atención la inclusión del jazz como género "comercial" (¿?) dentro de una de las preguntas de la entrevista al gran maestro Gutiérrez Heras, publicada la semana pasada.

Creo que a esta altura, si bien la ignorancia acerca de este género en México es importante, no deberían quedar dudas de que el jazz, el verdadero, por el cual por ejemplo Kenny Dorham terminó atendiendo a clientes en el mostrador de una casa de venta de instrumentos en Nueva York, no es comercial.

Eugenio Elías

Señora directora: Soy doctor en ciencias biomédicas y actualmente me encuentro realizando una estancia posdoctoral en la Universidad de California, Davis, Estados Unidos.

Me dirijo a usted y su prestigiosa publicación para exponer algo que le ocurrió a mi hermana y que sé que les ha pasado a otras personas que estudian algunas de las maestrías u otros posgrados en la UNAM.

Mi hermana es ingeniera civil, egresada y titulada de la FES Aragón, de la UNAM. Después de un tiempo de trabajar decidió que quería realizar el posgrado en ingeniería con especialidad en puentes. Se inscribió, después de exámenes y trámites, al posgrado de la Facultad de Ingeniería en la máxima casa de estudios.

Asistía a sus cursos con regularidad y me consta que estaba dedicando tiempo y mucho esfuerzo, lo cual redituó en buenas notas para sus cursos.

Todo parecía ir bien (materias aprobadas, promedio decente, etcétera). El problema se suscitó cuando ella intentó inscribirse a lo que serían los cursos de tercero o cuarto semestres. Le comentaron que no aparecían sus documentos y que, por tanto, no existía su registro, calificaciones ni nada, así que estaba dada de baja.

Al pedir que le aclararan el problema, le dijeron que en realidad su registro no aparecía desde el semestre anterior, pero nunca le notificaron, es más, la dejaron inscribirse a sus cursos como si nada, presentar exámenes y demás sin avisar de su situación y comentarle que sólo estaría perdiendo su tiempo.

Después del coraje inicial, mi hermana trató por todos los medios de normalizar su situación. Las respuestas iniciales fueron que no había remedio, que se tenía que inscribir desde el inicio.

Lo último que ocurrió fue que habló con el coordinador de su maestría, quien le comentó que sí podría inscribirse en forma regular; sin embargo, el siguiente nivel de burocracia en la UNAM (que no recuerdo cuál es) le dijo que eso no era posible.

Después mi hermana decidió dar por perdido su tiempo y esfuerzo en la maestría y dedicarse a buscar trabajo.

Me encuentro sumamente molesto por el hecho de que algún inepto burócrata, que no tiene ni idea de lo que significa estudiar el posgrado, pierda la documentación de alguien y con toda calma le diga "lo sentimos, su expediente no aparece, por tanto está dado de baja".

¿Qué puede hacer una persona cuando el argumento para eliminarlo de sus estudios no es académico, sino burocrático? Uno se puede defender contra los exámenes, pero no contra la estupidez de alguien detrás de una ventanilla. Si de por sí son pocas las personas que se dedican a estudiar un posgrado, no creo que haya "necesidad" de hacerlas todavía menos perdiendo documentos.

Además del caso de mi hermana conozco uno idéntico en otra maestría. Este es del tiempo cuando yo estaba en la licenciatura en biología, en la FES Zaragoza. Uno de los compañeros del laboratorio, donde realicé mi tesis de licenciatura, se había inscrito a una de las maestrías en la Facul- tad de Medicina (sí, en la UNAM también). Para el cuarto semestre le dijeron: "Lo sentimos, su expediente no aparece, está usted dado de baja".

Al igual que en el caso de mi hermana, por más intentos que hizo por arreglar su situación y presentar los documentos probatorios de que había asistido a los cursos y los había aprobado, no ocurrió nada.

A diferencia de mi hermana, mi amigo sí tuvo la paciencia (¿la resignación?) suficiente para cursar todo otra vez y, después de cuatro años más, concluir su maestría.

No sé cuántos casos más habrá como los de mi hermana y mi amigo, pero creo que ese no es el punto, sino que no debería haber uno solo.

Nadie debería "terminar" sus estudios de posgrado antes de tiempo "gracias" a la idiotez e ineficiencia de un burócrata.

Edgar Valencia-Morales

Señora directora: Adjuntamos copia de la carta enviada a los diputados del estado de Guerrero y al gobernador René Juárez Cisneros.

Me dirijo a ustedes para expresar nuestro enérgico apoyo a la campaña de los defensores de los derechos humanos mexicanos para promover una ley que penalice la desaparición forzada como parte de la legislación de Guerrero. Los instamos respetuosamente a que colaboren con estas organizaciones en el desarrollo y la aprobación de una legislación acorde con la obligación jurídica de México, conforme a derecho internacional, de erradicar esta grave violación de los derechos humanos.

Como es de público conocimiento, la práctica de la desaparición forzada ha sido un problema recurrente en este estado. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Guerrero fue escenario de cientos de desapariciones forzadas durante la guerra sucia de los años 70 y 80. Aunque en la actualidad se han denunciado mucho menos casos que en el pasado, la práctica sigue existiendo. El año pasado, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó nueve presuntos casos de desaparición forzada en Guerrero.

México ha ratificado varios tratados internacionales que prohíben la desaparición forzada. La obligación jurídica contraída por el gobierno mexicano en estos tratados no sólo consiste en prevenir las violaciones, sino también en investigarlas y enjuiciarlas. Esta segunda serie de deberes es, en parte, un corolario del primero, y un reflejo de la idea de que no hay prevención efectiva sin investigación y castigo. También se deriva del derecho a un recurso legal que estos tratados otorgan a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, declara que toda persona tiene "derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que este derecho impone a los estados la obligación de ofrecer recursos legales efectivos a las víctimas.

Además de la obligación de investigar y enjuiciar, los estados deben informar al público -en particular a los familiares de los "desaparecidos"- sobre las violaciones que tuvieron lugar.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha declarado que la angustia extrema infligida a los familiares de los "desaparecidos" los convierte también en víctimas directas de la violación. Al no informar a los familiares sobre el paradero de los "desaparecidos", el Estado incumple su obligación fundamental de poner fin a la violación.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la obligación de los estados de ofrecer reparaciones a las víctimas de los abusos se traduce en el deber de facilitar información a los familiares sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas.

Creemos, por tanto, que Guerrero necesita una ley que no sólo penalice la desaparición forzada, sino también aliente y obligue a los funcionarios del estado a investigar los casos de desapariciones forzadas, enjuiciar a los responsables de éstas y facilitar información a los familiares sobre el paradero de sus seres queridos.

Es fundamental, por tanto, que ustedes colaboren estrechamente con los defensores de los derechos humanos y los expertos legales que participan en la actual campaña para diseñar una legislación compatible con el derecho internacional y adecuada para enfrentar eficazmente este abominable crimen.

José Miguel Vivanco

Señora directora: Las organizaciones sociales y civiles de la ciudad de México abajo firmantes expresamos nuestra total solidaridad con la licenciada Bárbara Zamora, el licenciado Santos García y con todos los miembros del despacho jurídico Tierra y Libertad, quienes se han distinguido por su valiente defensa de los derechos humanos de los perseguidos políticos y en contra de las injusticias del poder judicial mexicano, caracterizado por su conservadurismo, ineficiencia y corrupción, salvo honorosas excepciones.

La licenciada Bárbara Zamora ha recibido en ocasiones anteriores amenazas de muerte, denunciadas en tiempo y forma, de las cuales el gobierno federal ha hecho caso omiso.

Ahora, con motivo de la defensa de los ciudadanos vascos ilegalmente detenidos por el régimen, que con ello ha exhibido su sometimiento al reino de España y al gobierno de José María Aznar, la licenciada Bárbara Zamora recibió amenazas de José César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal, quien dictó un acuerdo para que "se abstenga de calificar las actuaciones de ese tribunal", porque de lo contrario será sujeta de sanciones, que van desde multa hasta arresto domiciliario.

Todo por interponer recurso de queja para impedir más violaciones flagrantes a las garantías constitucionales de sus defendidos: Juan Carlos Artola, Asier Arronategui, María Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano García, Luis Castañeda y Ricardo Ernesto Sáez, y semanas después de haber propinado un serio revés al foxismo al lograr la liberación de Lorenzo Llona Olalde.

Exigimos al Senado la derogación y cancelación inmediata del ilegal y actual Tratado de Extradición firmado por España y México, así como a José César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal, que revoque inmediata y totalmente su "acuerdo", en el que amenaza a Bárbara Zamora.

Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Central Unitaria de Trabajadores (CUT-PRP), Frente Popular Francisco Villa (FPFV), Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-PRD). Responsables de la publicación: Rosa Elena Vargas, Alejandro Meave, Luis Rendón y Raymundo Hernández

Señora directora: Respetuosamente solicitamos un espacio para hacer una puntualización indispensable ante los familiares e interesados en el tema de las desapariciones forzadas en las décadas de los años 70 y 80.

El pasado 8 de diciembre de 2003 en un diario se hizo referencia directa a uno de los cofundadores de la Liga Comu-nista 23 de Septiembre, el compañero ejemplar Ignacio Arturo Salas Obregón, quien está desaparecido desde 1974, detenido por los grupos paramilitares y, hasta donde se ha logrado averiguar, retenido en el Campo Militar número uno.

Durante 29 años la Presidencia de la República, Procuraduría General de la República (PGR), Gobernación, Secretaría de la Defensa y diversas autoridades ante las cuales se han denunciado los casos de desaparición y tortura, han negado las irregularidades y arbitrariedades cometidas contra disidentes y militantes políticos de izquierda.

Con base en reportes policiacos de la entonces Dirección Federal de Seguridad, se imputan hechos sin prueba alguna por la autoridad competente a denuncia específica. De manera incorrecta se señala a la esposa y compañera Graciela Mijares, quien por más de dos décadas ha exigido el esclarecimiento del caso de Ignacio Arturo Salas Obregón y de cientos de desaparecidos y presos políticos; como es del conocimiento de la PGR y de la Fiscalía Especial, donde su expediente está radicado, y donde se pretende desacreditarla como coadyuvante de la investigación.

La integridad física de la compañera Graciela Mijares está en riesgo por las amenazas que ha recibido. Por eso las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos, víctimas de la violación de los derechos humanos, sobrevivientes y militantes de diversas organizaciones políticas responsabilizamos de cualquier acto en su contra a ex funcionarios gubernamentales de los recientes seis sexenios, sus policías y cuerpos paramilitares, que por las vías de la intimidación pretenden mantener fuero, poder e impunidad; así como a los actuales funcionarios del gobierno de Fox, por su negligente y deficiente actuación contra los responsables de las desapariciones, tortura y muerte de disidentes y militantes políticos.

Responsabilizamos a las autoridades civiles y militares del gobierno de Vicente Fox por cualquier acto violento o intimidatorio que atente contra la integridad física, moral y política de la compañera Graciela Mijares, como clara expresión de la política de complicidad por encubrimiento, hasta en tanto no cese la represión y continuación de la guerra sucia.

Martha Maldonado, Graciela Cartagena, Gloria Sarmiento viuda de Jiménez, Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Leopoldo Ayala, Víctor Guerra, Francisco Navarrete Rocha, Edna Ovalle, Edith Gómez, Adela Cedillo, Antonieta Rascón, Esmeralda Vázquez, diputada Angélica Díaz del Campo, diputada Marcela Lagarde, Martha de los Ríos Merino, Alicia de los Ríos, Blanca Hernández, Vicente Carranza-Guaymitas, Armando Rentería Castillo, José Luis Contreras. Carmen Ortiz, Carmen Tapia, Guadalupe Lizárraga, Aurora Mata Castillo, Romeo Cartagena, Olmo Araiza, Elsa Ayón, Julio Mata, Bárbara Zamora, Carlos Sepúlveda, Marta Rivero Ramírez, general Gallardo y 24 firmas más. Así como 17 organizaciones. Responsables: Mario Cartagena López y Ernesto Araiza Cervantes

Señora directora: Agradeceré la publicación del presente escrito, como réplica a la carta publicada el 17 de diciembre en El Correo Ilustrado, en la que se hace alusión a quien este documento suscribe.

A los trabajadores ATM de la D-III-24.

La demagogia del escrito firmado el 17 de diciembre por Ricardo Maisen Lozano sólo refleja lo que en su imaginación quisiera hacer creer tanto a los trabajadores ATM del INAH como a la opinión pública; sin embargo, la incongruencia de sus actos, como trabajador sindicalizado y como mexicano, ante la defensa de nuestras condiciones generales de trabajo, de nuestra institución y el patrimonio cultural de este país, sólo reafirman la inconsistencia de sus posiciones y de sus acciones, que van desde la nula atención que dio como delegado sindical a las problemáticas laborales de los trabajadores de su centro de trabajo, el Museo Nacional de Historia, así como su entreguismo a la autoridad local de ese museo, permitiendo sin ninguna resistencia la utilización de dicho recinto de la nación para actos privados, hasta llegar al límite de valerse del charrismo institucional del SNTE (como denunciamos en el desplegado publicado en este diario el 12 de diciembre pasado) para instalar una asamblea general extraordinaria para cambiar comité de nuestra delegación, donde fue nombrado secretario general.

Esa asamblea estuvo llena de irregularidades, entre las que destaca haber tenido un auditorio lleno con gente que no pertenece a nuestra delegación y no haber ejecutado un pase de lista real, todo antecedido de un proceso interno donde sus seguidores se negaron a escuchar y a esclarecer la impugnación que se hacía a su planilla, que dio cabida a grupos que han tratado, junto con la autoridad, de fracturar nuestra delegación y a la organización nacional ATM.

En cuanto al "amurallamiento" del que se nos acusa estar junto con compañeros trabajadores en el local sindical, parte del comité ejecutivo anterior, dimos a conocer a la base trabajadora y al pleno de delegados un documento, con fecha 15 de diciembre, en el que señalamos nuestra disposición de acordar el proceso de entrega y recepción, que creemos debe darse al margen de la lucha política y legal.

Sin embargo, al momento no hemos sido requeridos de manera formal y oficial por el mencionado "secretario general", por lo que no existe impedimento para la realización de su trabajo, sólo sus propias limitaciones.

Claudia Leyva Corro
 

Señora directora: En el municipio de Cuautempan, Puebla (sierra norte), las promesas de buen gobierno siguen sin complirse. Muestra de esto es el incumplimiento de un convenio con el presidente municipal, quien se comprometió a contruir una barda de contención como medida para evitar desbordamientos y derrumbe de la casa en la cual vivimos, luego de que se hizo una carretera; a más de dos años seguimos en espera de que se lleve a cabo esta obra, que evitaría que mis padres vivan con temor a un derrumbe cada que llueve.

Oscar Juárez Basilio

Señora directora: El 10 de diciembre, a las 17 horas, nos reunimos en el lugar denominado La Pasión, municipio de Petatlán, las autoridades del ejido Corrales, Flavio Sánchez Arreola, Pablo Arreola Sánchez, Moisés Ozorio Vega, presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, respectivamente, así como el consejo de vigilancia, Eduviges Sulto Cisneros, y los consejeros de la organización ecologista de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, José Marcial Bautista Valle y Fidel Fuerte Wuantes, presidente y secretario, respectivamente, quienes llegamos al siguiente acuerdo:

Entre la organización ecologista y el ejido no hay ningún conflicto ni social ni personal; no es responsabilidad de la organización dar los permisos de aprovechamiento, sino que la Semarnat los autoriza.

La organización ecologista pide a quien corresponda un biólogo para que haga un estudio de los bosques en la parte baja, parte media y parte alta.

Lo mismo pedimos para el municipio de Coyuca de Catalán, para ver si nuestros bosques están en condiciones de aprovechamiento.

Marcial Bautista Valle, Fidel Fuente Wuante, Roberto Cabrera, Servando Bautista Fuerte, Eutiquio Cabrera González, Delfino Rodríguez Catalón, Perfecto Bautista Martínez, Jesús Bautista Fuerte, Rodolfo Cabrera González
 

Señora directora: El hecho de que policías cacen perros en Yucatán es absolutamente espantoso, pero más que pase ante los ojos de una ciudadanía indiferente. Son las clases de barbarie que el gobierno da a los niños y jóvenes para que en corto tiempo también las apliquen entre sí. La forma en que una sociedad se relaciona con los animales refleja su grado de desarrollo, dijo Gandhi.

Nos consideramos muy desarrollados, a la cabeza de países emergentes y como consumistas ciegos, bebedores de Cocacola y cuanta porquería nos presentan las trasnacionales, pero nos mostramos incapaces de entender que los animales tienen los mismos derechos de ocupar el planeta como nosotros.

Por favor, mediante El Correo Ilustrado llamen la atención de las autoridades y de la sociedad para que se convoque a una campaña nacional que nos sensibilice para buscar una real solución a la proliferación de animales callejeros, que termina en tales prácticas.

Constanza Díaz

Mesas redondas de la revista Rebeldía

La revista Rebeldía convoca a participar en las mesas redondas que se llevarán a cabo con el tema Los indígenas y el zapatismo este 22 de diciembre. Habrá nueve espacios de diálogo. En Guadalajara, Jalisco, la cita es en el auditorio Silvano Barba, CUCSH, desde las 12 horas; en Colima, en la plaza de la comunidad de Zacualpan, a las 12 horas; en la ciudad de Puebla la reunión será en el Centro Cultural Juan Rulfo, 16 de Septiembre 1502, a las 11 horas; en Acapulco, Guerrero, en Braceroproa, calle Canal 1, esquina Ruiz Cortines, colonia Hornos Insurgentes, a las 10 horas; en Mérida, Yucatán, en el local del FZLN a partir de las 19 horas; en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a la misma hora, la reunión será en el auditorio de la colonia El Paraíso; en Quintana Roo será en la plaza de la comunidad de Tihosuco a las 11 horas; en la plaza de Tulancingo, Hidalgo, a las 12 horas.

En el Distrito Federal será en la sección 11 del Sindicato de Trabajadores de la Sagarpa, ubicado en Bismarck 42, colonia Moderna, a las 17 horas. A las mesas redondas llegará el mensaje de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
 
 

El Correo Ilustrado