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E C O N O M I A
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México D.F. Viernes 26 de diciembre de 2003

ECONOMIA MORAL

Julio Boltvinik

La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente

Economía política de la tributación

Los legisladores y los intereses particulares
Deficiente legislación sobre las comisiones

DEFINIR EL SISTEMA de tributos (impuestos) es un acto de redistribución del ingreso social. Casi todo cambio impositivo perjudica a algunos grupos (perdedores) y beneficia a otros (ganadores). Por ello el Congreso, y en particular la Cámara de Diputados, cuando está en proceso de discusión la llamada miscelánea fiscal, se convierte en el centro de la vida nacional. Los funcionarios del gobierno federal, los gobernadores, las empresas privadas (a través de cabilderos profesionales o directamente), la sociedad civil, las organizaciones de productores, presionan a los legisladores y legisladoras tratando de favorecer sus intereses particulares. Los legisladores mismos son, en muchos casos, representantes de intereses de un grupo. Por ejemplo, los legisladores de los estados (y distritos) productores de caña de azúcar, defienden los intereses de los cañeros. Algunos son productores de azúcar. En muchos casos defienden su propio interés individual. Por ejemplo, si un diputado es un gran empresario se opondrá a la eliminación de los privilegios fiscales que gozan estos productores. La presencia de grandes empresarios entre los legisladores (y gobernadores) del PRI impidió que la sección chuayffetista de este partido apoyara la eliminación de 50 por ciento de descuento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) a los productores agropecuarios grandes, tal como propusimos en el PRD. Pero incluso si los grandes empresarios agrícolas no estuvieran presentes de manera directa, bastaría que hubiesen recibido el apoyo económico de grandes empresarios para que actuaran de la misma manera, o que la actividad afectada fuese muy importante es su entidad federativa.

ESTA DEFENSA DE INTERESES de grupo aleja a la mayoría de los legisladores de la estatura del estadista. Idealmente, todo legislador debería actuar en función de los intereses generales de la nación. Esto significaría, por ejemplo, que al discutir la tarifa del ISR, el legislador no tomara en cuenta su propio interés individual y pudiera proponer cambios en la tarifa que pueden significar que él mismo (o miembros de su familia o de su grupo social) pague más impuestos y, por tanto, disminuya su propio ingreso neto, si eso beneficia los intereses generales de la nación. Los funcionarios de Hacienda, los panistas y gordillistas que propusieron cambios en la tarifa del ISR, por ejemplo, se estaban bajando el impuesto que ellos mismos (además de sus parientes y amigos) pagan, lo que no parece precisamente la actitud de un estadista. Un Congreso formado de legisladoras y legisladores situados por arriba de la mezquindad que lleva a defender el interés propio, podría tomar decisiones en beneficio de la sociedad en su conjunto, asegurando que la pérdida de bienestar social de los perdedores fuese menor que la ganancia de bienestar social de los ganadores.

AUNQUE EN LA ultraconservadora disciplina de Economía del Bienestar se ha rechazado la tesis igualitaria de la utilidad (o bienestar) marginal decreciente, casi todos los autores que se liberan de los axiomas de esta estéril disciplina sostienen que mientras mayor es el ingreso de una persona, una unidad adicional de ingreso añade menos y menos bienestar. Autores tan dispares como Amartya Sen y Anthony Atkinson, por una parte, y Doyal y Gough (teoría de las necesidades humanas) por la otra, sostienen (no siempre explícitamente) la tesis del bienestar marginal decreciente. Detrás de esta tesis están las necesidades humanas, ya que su satisfacción es la base fundamental del bienestar; una vez que son satisfechas, se puede añadir placer, comodidad y otras ventajas, pero su aportación al bienestar es mucho menor. Si ello es así, el bienestar social, dado el total de bienes y servicios disponibles, es mayor mientras más igualitaria es su distribución. Esta es la base conceptual para defender impuestos progresivos: que pague más -no sólo en números absolutos, sino como proporción del ingreso- quien tiene más, ya que el bienestar que un rico pierde cuando baja 10 por ciento su ingreso es mucho menor que el que pierde el pobre con la misma baja proporcional (en el segundo caso se sacrifican necesidades; en el primero, deseos).

MUCHOS CONSERVADORES QUE aceptan esta tesis del bienestar marginal decreciente acuden, sin embargo, al argumento que al gravar a los ricos se frena el ahorro y la inversión y que, por tanto, a la larga, es contraproducente hacerlo. Esta línea argumental ha dado lugar a una compleja bibliografía que explora las relaciones entre distribución del ingreso y tasa de crecimiento económico. En general, en esta bibliografía se ha llegado a la conclusión de que mientras más igualitaria es la distribución, más rápido es el crecimiento económico. Por ejemplo, la desigualdad es mucho menor en Corea del Sur y en Taiwán, que han tenido tasas de crecimiento muy altas en los últimos 20 años, que en América Latina, donde ha habido escaso crecimiento.

EN LA POLEMICA RECIENTE en México, la línea argumental conservadora -sostenida por el gobierno, el PAN y los gordillistas- puso más el énfasis en argumentos de competitividad internacional que en los incentivos al ahorro y la inversión. Pero es obvio que este argumento sería aplicable (si la evidencia empírica fuese correcta) en todo caso a las empresas y no a las personas físicas (las personas no competimos internacionalemente), por lo que apoyaría una baja en la tasa de ISR de las empresas, pero no en la de personas físicas, que en la propuesta del PAN-gobierno era, sin embargo, la que bajaba drásticamente de 34 por ciento a 25 por ciento (para todo fin práctico)1, mientras que en personas morales (empresas) el ISR sólo bajaba, para el 2004 a 33 por ciento, nivel ya previsto, para dicho año, en la ley vigente.

EN LOS MESES que me ha tocado participar en la Cámara de Diputados (de septiembre a la fecha) he observado, además, que la reglamentación vigente de ésta y el Congreso en general es insuficiente, que está llena de huecos y de desaciertos que facilitan las maniobras y obligan a "legislar" sobre las rodillas. Los huecos facilitaron los ar-gumentos leguleyescos del PRI cuando se planteó el desafuero del senador Aldana. En ese caso, el asunto, que no está legislado de manera suficientemente precisa, es qué pasa con los dictámenes de comisiones o grupos similares que quedan sin pasar al pleno de la cámara al terminar una legislatura. Más recientemente, mi participación en las reuniones clave de la Comisión de Hacienda (y las reuniones del pleno en la que los dictámenes de ésta se han presentado) me ha permitido percatarme de los siguientes problemas de la Cámara de Diputados:

1) SE LEGISLA AL VAPOR; con frecuencia, los diputados y diputadas tenemos que votar textos legales que no hemos podido conocer porque han sido puestos a nuestra consideración pocas horas antes. Un caso extremo fue la Ley de Ingresos: la votación se llevó a cabo sin que la inmensa mayoría de los diputados tuviésemos el texto ante nosotros. En lo que se refiere al paquete económico (miscelánea fiscal, Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación) es evidente que hay que cambiar el calendario: debería ser presentado por el Ejecutivo el 1Ŷ de septiembre, más de dos meses antes de lo que se presenta ahora. Aunque la cultura nacional de hacer todo a última hora es también un elemento presente en esta absurda situación, ya que desde la escuela está presente (desde que tengo memoria) la costumbre de estudiar sólo al final, para el examen.

2) MIENTRAS EL REGLAMENTO de las sesiones plenarias es bastante explícito y funciona razonablemente bien, las comisiones, que son el corazón del legislativo, están insuficientemente reglamentadas. En los días cruciales de esta semana, esto se puso en evidencia dramáticamente en la Comisión de Hacienda, donde se presentó el siguiente absurdo procedimiento: la presidencia de la comisión presentó un borrador de dictamen sobre la miscelánea fiscal (que naturalmente, dado que Gustavo E. Madero, su presidente, es panista, apoyaba al cien por ciento la iniciativa que días antes presentó el PAN). Los miembros de la comisión no sabían, ante la certeza de que el borrador de dictamen sería rechazado por la nueva mayoría de la comisión, una vez sustituidos los diputados gordillistas por los chuayffetistas, qué pasaría al rechazarse éste. El diputado panista Molinar Horcasitas, quien pretende saber de muchas cosas de las que no sabe, argumentaba que "la comisión se quedaría sin litis". Consultado el director de Proceso Legislativo de la Cámara, después de una larga discusión desinformada y caótica, así como de un receso, confirmó lo que el sentido común anticipaba: se rechazaba sólo un borrador y la comisión podía organizar sus votaciones como mejor estimara conveniente.

3) MIENTRAS LOS DICTAMENES que se presentan al pleno para su aprobación o rechazo tienen que haber cumplido varios requisitos claramente estipulados, los proyectos o borradores de dictamen que se presentan ante cada comisión están (según mi corta experiencia) regidos por el arbitrio. Mientras en la Comisión de Desarrollo Social el proyecto de dictamen de la Ley de Desarrollo Social puesto a consideración del pleno de la comisión fue firmado, página por página, por cada uno de los miembros de la mesa directiva de la misma, en la Comisión de Hacienda los dos borradores de dictámenes referidos a la miscelánea fiscal (el primero, votado favorablemente en la comisión, fue rechazado por el pleno el histórico 11 de diciembre) fueron presentados unilateralmente por el presidente de la misma. Es evidente que esto necesita ser reglamentado estrictamente, no sólo en cuanto a la proporción mínima de miembros de la mesa directiva que se requiere que apoye un proyecto de dictamen para que pueda ser presentado, sino también a la posibilidad de que el grupo minoritario de la mesa directiva presente un dictamen alternativo.

4) SI EN EL PLENO DE la Cámara una decisión no puede ser modificada una vez votada, Ƒtendrá sentido que en la Comisión de Hacienda se haya revertido la decisión sobre el precio del petróleo para la Ley de Ingresos cuando ya había sido votada? ƑPuede ser válido forzar una votación en paquete en el seno de una comisión o en el pleno? Ese fue el mecanismo usado en la Comisión de Hacienda para revertir la decisión sobre el precio del petróleo. El grupo chuayffetista armó en un paquete único el precio del petróleo, el déficit del gobierno federal y la deuda del Distrito Federal. Al mantener los supuestos recesivos plantados por el gobierno federal (endeudamiento neto de 0.3 por ciento del PIB y precio del petróleo a 20 dólares) y amarrarlos con la aprobación del endeudamiento de 2 mil 500 millones para el Gobierno del Distrito Federal, y al ser aceptado este método sin discusión en la comisión, se obligó al PRD y al PT a votar en favor del paquete. Sin embargo, este paquete fue desagregado, de acuerdo con las reglas vigentes del pleno, lo que les permitió echar abajo el techo del endeudamiento, mientras en el PRD (sorprendidos en nuestra buena fe) no intentamos echar atrás el precio del petróleo o el déficit.

1 Se mantenía una tasa de 33 por ciento, pero sólo para quienes percibiesen más de 5 millones al año, tope tan alto que prácticamente dejaba inoperante la tarifa.

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