"Se equivocan los que creen que vamos a dar más; estamos en otra Argentina", dice

Niega Kirchner que su gobierno vaya a realizar un pago adicional al FMI

Legislador y trabajadores demandan por "extorsión" al organismo financiero internacional

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 5 de enero. El gobierno de Néstor Kirchner negó hoy haber ofrecido un pago adicional al Fondo Monetario Internacional (FMI), como adelantaron versiones de la prensa argentina, y fue el propio presidente quien aseguró que los excedentes del crecimiento económico se utilizarán para pagar "la deuda interna".

Por su parte, el legislador Diego Kravetz -del recién creado Partido de la Revolución Democrática (PRD)- y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) denunciaron ante la justicia por "extorsión" al organismo financiero internacional, por reclamar un superávit fiscal superior a 3 por ciento del producto interno bruto, pese a haber firmado un acuerdo con Buenos Aires en septiembre de 2003.

El objetivo de esta presión del FMI "es recaudar más dinero para pagar a los acreedores, sin tener en cuenta la responsabilidad de ese organismo en la crisis argentina, el desempleo, la corrupción y otros males que vive la nación. Ahora que el país está creciendo sin seguir sus recetas, el FMI exige ese aumento del superávit solamente para pagar una deuda ilegal e inmoral", señalaron el pasado fin de semana a La Jornada dirigentes del MNR.

El gobierno, según la prensa, habría lanzado una nueva oferta al FMI para superar la situación, dado que el acuerdo está suspendido: habría un pago mayor o adicional de mil millones de pesos (alrededor de 340 millones de dólares), pero no se modificarían las pautas de ahorro fiscal.

Esto "apunta a lograr que el próximo lunes los directivos del FMI traten el caso argentino y aprueben la revisión pendiente de las metas", evitando que en marzo "Argentina quede sin paraguas frente a un pago de 3 mil millones de dólares que vence a principios de ese mes", indicó la prensa.

Sin emabrgo, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, aclaró que "el gobierno no ha comprometido ningún pago adicional", y más tarde Kirchner señaló que "se equivocan los que creen que vamos a pagar mil millones de pesos adicionales; que se den cuenta que estamos en otra Argentina". Los excedentes serán utilizados para "reactivar la economía".

El FMI también presiona al gobierno de Kirchner con una compensación a bancos por las presuntas pérdidas con la devaluación del peso, y para que acepte un aumento de tarifas de las empresas de servicios públicos privatizadas.

Por otro lado, el presidente Kirchner dio otro paso que molestó a la derecha más radical, al nombrar a la diputada Graciela Ocaña, de la centroizquierdista Alternativa para una República de Iguales (ARI), como interventora de la obra social de jubilados, PAMI, uno de los nichos de corrupción en el país.

Ocaña, reconocida por su honestidad y coraje para enfrentar a las mafias de la corrupción, dijo que el presidente le dio "total libertad". Aunque la diputada comentó que no se irá de ARI y que respeta a la líder de esa agrupación, Elisa Carrió, con quien tiene diferencias en la posición hacia el gobierno, el núcleo duro de ese instituto político ya pide su separación del partido.

La nueva interventora del PAMI descartó que su designación "sea una maniobra del gobierno para desarticular a la oposición", como sostuvieron diputados de ARI.

Kirchner también jugó fuerte al designar recientemente a la juez Carmen Argibay -quien estaba en la Corte Penal Internacional de La Haya- para la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en una renovada muestra de democratización, Argibay espera el tiempo en que se debata su designación y la vote el Senado.

Tanto el nombramiento de Ocaña como el de Argibay -quien no tuvo empacho en reconocer su condición de atea y su simpatía hacia la izquierda- desataron los demonios en una derecha ligada a la última dictadura militar, que avanza en una campaña contra el mandatario.

De su lado, este día militantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP) protestaron frente a la sede central del PAMI para rechazar una nueva intervención, reclamando "elecciones directas". Los militantes del MIJP, que dirige Raúl Castells, buscan una unificación con otros grupos, como el trostkista Partido Obrero, y convertirse en la "oposición" de izquierda radical al gobierno de Kirchner.

En el ámbito de la lucha anticorrupción, entre tanto, el ex jefe de gabinete del gobierno menemista Jorge Rodríguez fue procesado hoy por el juez federal Jorge Urso, acusado de "administración fraudulenta en perjuicio del Estado", aunque no se le dictó prisión preventiva. Rodríguez y otros funcionarios de Carlos Menem (1989-99) fueron también embargados, en relación con el caso de la impresión de tres mil ejemplares del libro Prioridades nacionales, por los que se pagaron 34 mil dólares.

En el tema de sobornos en el Senado en 2000 para aprobar una ley laboral pedida por el FMI, Galdyz Motta, quien fuera secretaria del entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) en el gobierno de Fernando de la Rúa, negó ante la justicia haber entregado valijas con 5 millones de dólares que habrían servido para pagar cohechos. La mujer había sido mencionada por un arrepentido funcionario, cuyas declaraciones volvieron a sacar a luz el caso.

A siete meses de su asunción, Kirchner continúa con una imagen positiva de entre 82 y 87 por ciento. Si hoy los argentinos fueran convocados a elecciones, el mandatario lograría entre 62 y 70 por ciento de los votos, según la consultora Equis. Aproximadamente 64.6 por ciento admite que su gobierno "es mucho mejor de lo que se esperaba", y la mayoría rescata su decidida actitud ante la desprestigiada Corte Suprema, el descabezamiento de la cúpula militar ligada a la última dictadura y de las cúpulas policiales corruptas, así como la actitud frente a presiones empresariales y el crecimiento económico.

Pero los temas pendientes no son menores: casi dos de cada 10 familias reciben aquí los beneficios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, que significan un pago mensual de 150 pesos (50 dólares) y cubren a un millón 800 mil desocupados que son cabezas de hogares, en un país donde hay 5 millones de desocupados y subocupados, y 20 millones en la pobreza. Este es hasta ahora el mayor programa gubernamental contra la pobreza y significa un presupuesto anual de 3 mil 500 millones de pesos.

Las organizaciones piqueteras (desocupados y pobres organizados) sólo suman 7 por ciento de la cifra de beneficiados, y se admite que la mayor parte de los planes "fueron otorgados por la corporación política tradicional, formalmente a través de los municipios". Esta explosiva deuda social es, justamente, uno de los mayores desafíos pendientes para este año.