La procuraduría reitera que no iniciará indagaciones sin denuncia ministerial del caso

Piden $20 millones los secuestradores del hijo de un diputado federal en Veracruz, indica la PGJE

Proponen acelerar reformas que permitan congelar bienes para que no se paguen rescates

GUADALUPE LOPEZ, ANDRES MORALES Y MARTIN SANCHEZ CORRESPONSALES

El procurador de Justicia de Veracruz, Pericles Namorado Urrutia, informó que los secuestradores de Jorge Alberto Pavón Ordaz, hijo del diputado federal priísta por el distrito de Minatitlán, Pablo Pavón Vinales, habrían pedido a la familia de la víctima 20 millones de pesos por su rescate, y aclaró que aún no hay denuncia en torno al caso.

"Sabemos que pidieron 20 millones de pesos de rescate, pero no sabemos si hubo algún contacto directo con la familia", señaló.

Comentó que el delito de secuestro se persigue de oficio, pero si no es voluntad de los familiares que intervenga la procuraduría no lo hará, para proteger la vida del joven de 21 años, estudiante de la carrera de derecho, que fue plagiado la noche del sábado en la ciudad de Minatitlán por al menos cuatro hombres armados.

También dijo desconocer las versiones sobre el deceso del joven Pavón Ordaz, propaladas la noche del domingo.

Namorado Urrutia explicó que la intervención de los cuerpos policiacos en este caso únicamente se dará si los familiares lo solicitan.

De lo contrario, dijo, las autoridades estatales se mantendrían al margen, como hicieron en el secuestro del diputado federal priísta Mario Zepahua Valencia, ocurrido en junio del 2003, con el objetivo de preservar la vida de la víctima.

Hasta el momento, indicó, los familiares de Pavón Ordaz no han interpuesto ninguna denuncia ante el Ministerio Público, y la dependencia también desconoce la existencia de negociaciones formales con los secuestradores.

"No hay denuncia y lo único que sabemos por el reporte de la Subprocuraduría en la zona sur es que los plagiarios piden un rescate de 20 millones de pesos por la persona, nada más", comentó.

Manifestó que se esperará un plazo de 72 horas, el cual vence la tarde del martes, para decidir la intervención de las corporaciones policiacas en el caso, atendiendo la postura de la familia Pavón Ordaz.

"Esperamos conocer los detalles de lo que piden estas personas (los secuestradores) y la decisión de los familiares para que actuemos en consecuencia."

En tanto, el periódico local Imagen publicó este día que los plagiarios se comunicaron con los familiares de Pavón Ordaz la madrugada del domingo para pedir 10 millones de pesos de rescate.

Por su parte, la agencia segunda investigadora en Minatitlán, a cargo de Guadalupe Porras David, informó que se puso en posesión de dicha agencia el vehículo en el que transitaba Pavón Ordaz al momento de ser secuestrado: un Jeep color rojo con placas del estado de Veracruz, y se abrió una averiguación previa por este motivo.

La unidad fue encontrada abandonada en un paraje solitario de la colonia Los Maestros, tres horas después de perpetrado el secuestro.

El primer secuestro del año en Veracruz fue perpetrado contra el hijo del diputado federal priísta y dirigente petrolero de la sección 10, Pablo Pavón Vinales.

Por su lado, el secretario de Gobierno en la entidad, Flavino Ríos Alvarado, afirmó que con este último plagio se deberá acelerar la discusión y, en su caso, la aprobación de las reformas legales que permitan congelar los bienes de las víctimas y de sus familiares para impedir el pago del rescate y así inhibir la práctica del secuestro en Veracruz.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, respaldó la posición de la procuraduría estatal y dijo que las autoridades se mantendrán al margen del secuestro si la familia así lo decide.

Investigan a ministeriales de Tamaulipas

La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas investiga a policías ministeriales presuntamente vinculados con una banda de secuestradores, cuyos cabecillas siguen prófugos y son agentes de la misma corporación, a los cuales se les hacen cargos por siete secuestros.

Fuentes de la fiscalía especial, que tienen a su cargo la averiguación 922/03, relacionada con el empresario regiomontano José Antonio Cervantes Ezpeleta, informaron que el caso no está cerrado, no obstante que cinco integrantes de la banda fueron puestos a disposición del juez penal de primera instancia de Reynosa.