Genera juicio social: ombudsman; refuerza acusaciones, defiende la dependencia

Enfrenta a CDHDF y procuraduría la presentación de presuntos delincuentes

SUSANA GONZALEZ G.

Las últimas dos recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió el año pasado contra la procuraduría capitalina por tortura y exhibición de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación, no ha dejado de producir reacciones entre ambas dependencias.

Ayer, el presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, explicó que cuando la imagen de las personas detenidas por las corporaciones policiacas es difundida por prensa y televisión "se genera una especie de culpabilidad".

Insistió en que se debe ser cuidadoso al respecto porque el hecho de que la procuraduría presente a los detenidos ante los medios, cuando "todavía no hay indicios de que son responsables", genera un juicio social, "de manera que ante la sociedad estas personas son culpables y se les arruina toda su vida".

Como ejemplo mencionó el programa Conduce sin alcohol de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el cual en un principio varias personas fueron exhibidas en el momento que eran sometidas a la prueba del alcoholímetro y, aun cuando no dieran positivo en el resultado, "quedó arruinada su reputación".

Sin embargo, fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) refirieron que gracias a la difusión en prensa y televisión de personas detenidas por delitos como violación sexual, homicidio y secuestro se ha podido combatir la impunidad, porque muchas de sus víctimas los han identificado y se atreven a presentar la denuncia correspondiente.

Es el caso, por ejemplo, de Liborio Colín Domínguez, El Alacrán, relacionado con 10 casos de secuestro, o de los violadores de mujeres en microbuses y taxis, como ocurrió con Hugo Abraham Ramírez Contreras, el Bad boy, quien, además de abusar de sus víctimas, las filmaba.

Incluso dijeron que la reciente recomendación de la CDHDF -en la que se argumenta que hubo detención arbitraria y tortura de agentes judiciales contra tres sujetos, a quienes la procuraduría acusa de secuestradores y asegura haberlos capturado en flagrancia con una víctima en su poder- ha entorpecido la investigación de más plagios cometidos por dicha banda, así como del dinero obtenido en los rescates. El 2 de enero pasado, la comisión envió un oficio a la PGJDF para que los agentes judiciales encargados del caso no se acerquen a los familiares de los detenidos, quienes se quejaron de intimidaciones a partir de la queja presentada ante la CDHDF.

Alvarez Icaza aclaró que la comisión no se pronuncia en favor de la supuesta banda de secuestradores, puesto que la recomendación se refiere al "exceso de fuerza o acto de autoridad sobre el seguimiento de todos los procedimientos legales" y el estado de derecho aleja a las autoridades de las venganzas personales, es decir, de la "barbarie..., independientemente del delito que se haya cometido".

Para Alvarez Icaza, la exhibición de los detenidos sólo debería darse cuando existe ya sentencia por un juez penal, a fin de respetar la "presunción de inocencia... porque si se exhibe (antes) y resulta que es inocente Ƒcómo se repara el daño?"

-ƑY el derecho de las víctimas?

-Por supuesto que se tiene que tutelar, pero no es un derecho sobre otro. La Constitución establece claramente los derechos de las víctimas, que tienen que ser tutelados. ƑCuál es el asunto? La procuración eficaz de justicia para acabar con la delincuencia y con la impunidad. Tenemos que proteger a las víctimas, por supuesto, con trato digno, pero la mejor manera de hacerlo es que no haya delincuencia.

En cambio, para las fuentes de la PGJDF consultadas la exhibición de los presuntos delincuentes ha servido para que las víctimas los identifiquen en los medios y se se refuercen las acusaciones que en su contra son presentadas ante los jueces, y evitar así que queden impunes.