El texto, en papel membretado oficial, fue filtrado a medios hace más de un mes

Niega el gobierno de Chiapas ser autor de documento sobre violencia zapatista

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 19 de enero. Desconocido oficialmente hoy por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, el documento EZLN. Caracoles y juntas de buen gobierno, filtrado a numerosos medios nacionales y extranjeros en papel membretado de la Secretaría de Gobierno de Chiapas desde hace por lo menos un mes, ha servido como fuente para amplios reportajes en medios nacionales e internacionales.

Todavía este domingo 18 de enero un diario de circulación nacional publicó un reportaje de cinco páginas, basado en buena medida en dicho documento; allí abundan las citas textuales, se incluye una adaptación de sus mapas y en especial el llamativo cuadro con los presuntos mandos civiles y militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus, también presuntos, "nombres reales".

Que se sepa, ninguno de los despliegues informativos del documento -resulta que apócrifo-, divulgados en medios de prestigio, fue desmentido.

La nota que publicó La Jornada hace un mes, dando noticia de dicho documento (y de otro más que le venía adherido y se atribuyó por todos los medios a un "Grupo de Coordinación Chiapas" del gobierno federal) incluía una mención final a fuentes gubernamentales de Chiapas que negaban autenticidad al documento. Muchos medios retomaron ambos documentos en fechas posteriores, y no se reiteró el desmentido ni se hizo público de manera oficial.

El socorrido y ahora controvertido informe pretende "documentar" la violencia en la zona, que se habría agravado a partir del establecimiento de los caracoles y la juntas de buen gobierno (JBG) zapatistas.

El "informe" responsabiliza directamente a bases de apoyo del EZLN y autoridades autónomas de diversos "hostigamientos" y "conflictos" por "diferencias ideológicas" o "disputa del control político", "incremento del índice delictivo" e "incremento del activismo extranjero".

Sigue una descripción de las JBG y los municipios "con influencia del EZLN", y lleva a deducciones sorprendentes; por ejemplo, el hallazgo de que el municipio "más zapatista" es Chanal. Y que el total de rebeldes suma 9.18 por ciento de la población total del área.

Una por una, las juntas son acusadas de una serie de presuntos delitos y conflictos con otras organizaciones o gobiernos municipales constitucionales, bajo el rubro de "problemática". Aderezado con supuestas delaciones e ingeniosos comentarios alarmistas, este tema ocupa cerca de la mitad de las 25 páginas del opúsculo que salió del frío.

Cuando medios europeos y nacionales centraron sus diagnósticos del zapatismo actual en las "deserciones", la "pobreza irresuelta", "la violencia" y "las pugnas por control político", modulaban en la frecuencia de esta información que de pronto las autoridades gubernamentales han dejado huérfana.

Una breve página, que ha dado pie a diversas digresiones e interpretaciones en la prensa, trata sobre "incidencia delictiva" y no demuestra lo que dice que demuestra. A saber, que en "los 35 municipios con influencia del EZLN" se cometieron casi 6 mil delitos entre enero y septiembre de 2003, incluidos 483 homicidios y más de mil robos.

Se agrega que las localidades con mayor incidencia delictiva son las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Venustiano Carranza, Comitán y Ocosingo. Todos, lugares que no corresponden cabalmente a los municipios rebeldes, sino a problemáticas urbanas y las marejadas de la corrupción.

No obstante, el texto "falso" da el salto, sin más trámite, a la afirmación: "las cabeceras municipales (incluyendo aquellas en las que hay simpatizantes del EZLN) son las localidades que concentran el mayor número de delitos". Ergo, los delitos han aumentado a causa de los zapatistas.

Corresponsales nacionales y extranjeros que llegaron a los caracoles al calor del año nuevo y el aniversario zapatista traían inquietudes comunes sobre impartición de justicia; por ejemplo, aún viniendo por separado, repitieron la pregunta: "¿qué va a pasar cuando haya un asesinato en tierras zapatistas?", de donde cabe deducir que no ha habido ninguno. No obstante, la idea difundida fue que los homicidios se han incrementado por causa de quienes
no han tenido que ver con ninguno, dentro del periodo contabilizado.

El gobernador y el Ejército

Hace dos años el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía concedió una extensa entrevista a la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) en México (16 de febrero-3 de marzo de 2002), publicada en el tercer Informe de ese organismo, mas poco conocida por el público general.

En dicha entrevista, el mandatario chiapaneco, tranquilo y optimista, expresaba: "El Ejército está en Chiapas mientras tengamos un proceso de paz inconcluso. El Ejército ha afirmado que no se va a ir de Chiapas. El presidente Vicente Fox no dijo que lo retiraría. Sólo dijo que iba a retirar el Ejército en los puntos que el EZLN propuso y los retiró, pero se fueron (las tropas) a los cuarteles".

Agregó estar convencido de que "el Ejército para nosotros no representa un problema de gobernabilidad. No hay delitos cometidos por los militares que sean denunciados. No es ideal que el Ejército esté ahí, pero los que hemos vivido el proceso de principio a fin, sabemos que antes estaba en el interior de las comunidades".

(Aquí uno se puede preguntar si acaso los soldados ya dejaron de estar "en el interior de las comunidades". Esa sí sería noticia. La duda resultaba obvia en 2002, y lo es en estos momentos. Pero el mandatario se animó a opinar que no hay una "excesiva" militarización en el estado.)

"¿Qué significaría que hay una excesiva militarización? Bueno, pues sería decir que al Ejército se le están asignando otras tareas que normalmente no se le asignan. El Ejército en Chiapas no tiene funciones de Seguridad Pública. Hay algunas situaciones (en) que cumple una función de combate al narcotráfico. Es la última tarea nueva que se le ha dado al Ejército, de la cual no hemos salido muy bien librados. Yo no estoy de acuerdo que el Ejército tenga esta tarea."

Que el gobernador no esté de acuerdo no significa que algunas cosas dejen de ocurrir. Los observadores internacionales expresaron en aquella ocasión: "Tenemos constancia de organismos no gubernamentales que afirman que los hostigamientos a las comunidades persisten, y hacen referencia a 104 acciones militares en comunidades indígenas desde el gobierno de Fox".

Salazar Mendiguchía replicó: "Obviamente a nadie le gusta tener el Ejército en su casa", y enseguida descartó, como simple "propaganda", las acusaciones contra las tropas federales.

"Donde está el EZLN, en el Ejército no hay problemas. Hay problemas en el resto del estado. Problemas de carácter religioso, político entre el PRI y el PRD, problemas de tenencia de tierras, violencia común", afirmaba el gobernador en su primer año de mandato. "Seguramente" la presencia del Ejército, reconocía, "genera una serie de conflictos para las comunidades, presencia de prostitución, alcoholismo. Pero no hay una beligerancia del Ejército Mexicano con el EZLN".

Sus entrevistadores insistieron: "Todas las ONG de derechos humanos con las que hemos hablado coinciden en señalar al Ejército como uno de los principales vulneradores de los derechos humanos de México. Nos preocupa que el Ejército esté en Chiapas, precisamente por eso. Y de la misma forma que ustedes nos hablan del gran cambio que ha ocurrido en Chiapas, nosotros no vemos ningún cambio de gobierno en el Ejército. Siguen estando los mismos y nos preocupa que las comunidades se quejen de que les siguen acosando".

Salazar Mendiguchía fue categórico: "Si yo tuviera información de que hay una intención del gobierno mexicano de estar a través del Ejército hostigando a las comunidades, yo lo denunciaría públicamente".

Afirmó estar convencido de que "si el EZLN ha tenido una oportunidad para una salida digna al conflicto, es con este gobierno del presidente Fox; él le dio un viraje total a la política de Ernesto Zedillo. Zedillo no solamente no hizo propia la ley Cocopa, sino que la satanizó, propagandizó en contra. Zedillo proscribió el conflicto, lo dejó en el olvido. El Presidente (Fox) lo reactivó.

"Nosotros sostenemos que el Ejército, con todos sus defectos, no es un Ejército entrenado para la guerra. Este es un Ejército de paz, una institución que creamos los mexicanos en este país y, de alguna manera, con sus imperfecciones, le sirve. La posición de este gobierno es que necesitamos en el conflicto de Chiapas una salida digna para todos, para los zapatistas y para el Ejército. Este gobierno no participa de la idea de que tengamos que sacar de Chiapas al Ejército a pedradas, o a garrotazos, o a puntapiés. Es una de las grandes instituciones que tenemos en este país. Y nosotros queremos ser un país de instituciones".

Se comprometió a no "defender a nadie que haya cometido faltas". Sobre "el asunto de Morelia" (los asesinatos de enero de 1994), aseveró: "puede involucrar a militares, y no hemos recibido una llamada para decirnos paren su investigación. Nosotros estamos ya a unos milímetros de llegar a la conclusión de esa investigación y lo hemos hecho con mucha seriedad".

Dos años después, los "milímetros" no han llegado a la meta. Ahora se propone exhumar los restos para estudiarlos de nueva cuenta, lo que para los observadores sería una medida dilatoria, pues prolongaría el proceso algunos "milímetros" más.

A principios de 2002, el gobernador se congratulaba de que "una diferencia de veras es nuestra actitud con los extranjeros. Abrimos una oficina para extranjeros; antes los expulsaban de Chiapas, los hostigaban y corrían. Se lo digo de todo corazón. No estamos ya en eso. Hay libertad, no tenemos nada que esconder".