Respuesta de Ignacio Carrillo Prieto a ONG

Querida Carmen: En El Correo Ilustrado del diario que conduce aparece una carta que me dirigen, en mi calidad de fiscal especial, integrantes del Grupo Víctimas de la Guerra Sucia y Red Mundial de Solidaridad con las Madres, Esposas, Hermanas, Hijas, Familiares de Personas Secuestradas y Desaparecidas, con sede en Bélgica, en la que exigen claridad jurídica sobre cinco personas detenidas en Guerrero. Al respecto, la oficina del fiscal especial ha venido precisando:

1. Su convicción de que los procedimientos jurídicos, ministeriales y judiciales deben conducirse, sin excepción alguna, conforme a los principios constitucionales y legales. En consecuencia, asume que las autoridades guerrerenses que actúan en la investigación del homicidio de Zacarías Barrientos Peralta se conducirán en tal sentido. Asumirlo no significa, en modo alguno, convalidar dichas actuaciones, entre otras cosas porque la competencia de esta oficina se lo impide, pero está atenta en todo momento del desarrollo de dichos procedimientos.

La prevalencia de los derechos humanos de los procesados es un valor que debe siempre presidir dichas diligencias.

2. Es totalmente inexacto y se falta a la verdad cuando se afirma, como hace la Asociación Nacional de Luchadores Sociales, que ha habido complacencia de la oficina del fiscal especial frente a dichas actuaciones y, mucho menos, que la oficina pueda ser considerada instrumento al servicio de la impunidad. Los resultados obtenidos por la oficina, a saber, el libramiento de órdenes de aprehensión en contra de Miguel Nazar Haro y Luis de la Barreda Moreno, y de su cómplice Juventino Romero Cisneros, así como la girada en contra de Isidro Galeana Abarca, son muestra palpable e irrefutable del trabajo empeñado en esclarecer los hechos y la responsabilidad de los consignados.

3. La oficina del fiscal exhorta a los ciudadanos guerrerenses a proseguir unidos en la lucha contra la impunidad y está atenta a recibir todas las recomendaciones o sugerencias que mejoren su desempeño.

4. La oficina del fiscal reitera su solidaridad con los familiares y compañeros de los procesados. Recibe un saludo afectuoso.

Ignacio Carrillo Prieto, fiscal especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado

Señora directora: Los ciudadanos de los 12 pueblos del Movimiento de Comunidades Milpaltenses nos solidarizamos con la lucha del pueblo hermano de Tlalnepantla, municipio del estado de Morelos, debido a la represión que ha sufrido por parte del gobierno estatal, que ha violado y pisoteado sus garantías individuales, intervenido en la vida pacífica de la comunidad, desestabilizado sus actividades de producción campesina, así como actuado con actitud de dictador al imponer por la fuerza de las armas una política adversa a lo que ha estado solicitando.

Ante esto, las comunidades de Milpa Alta manifestamos nuestro apoyo al pueblo de Tlalnepantla en su lucha por encontrar procedimientos democráticos en la solución de sus problemas y llamamos a los gobiernos federal y estatal a que el diálogo y la política sean los medios para encontrar consenso entre las partes en conflicto; para ello solicitamos lo siguiente:

1. Destitución del ayuntamiento, por no ser considerado representativo y sí la causa del conflicto.

2. El inmediato retiro de la policía y la fuerza pública del poblado y sus alrededores.

3. Libertad de detenidos y presos, además del respeto a sus derechos humanos.

Consideramos que lo anterior es fundamental para crear la instancia de diálogo y restituir la seguridad y la paz pública de la comunidad de Tlalnepantla, porque en estos momentos existe un clima de inseguridad e ingobernabilidad.

Por el Movimiento de Comunidades Milpaltenses: Alejandro Sánchez Camacho, Francisco Javier Chavira Sevilla, Estanislao Rosas A. Responsable: Fidel Jiménez Gutiérrez

Señora directora: Por este conducto, me dirijo a usted para responder las afirmaciones fantasiosas publicadas en la edición de ayer, bajo el título "La CNDH propicia la impunidad del Ejército en Chiapas".

La nota de Hermann Bellinghausen retoma declaraciones del señor Miguel Angel de los Santos, quien sin ningún sustento apunta que "se preludia una política de combate directo contra la autonomía, en la que el gobierno de Pablo Salazar juega un papel clave, pues ha pasado de posiciones ambiguas hacia el conflicto a una política abiertamente contrainsurgente".

De los Santos miente una vez más, como ya viene siendo costumbre en él. El gobierno de Chiapas nunca ha tenido posición ambigua. Desde diciembre de 2000 el gobierno democrático y el Ejecutivo se descartaron como contraparte del conflicto. En todos los foros, en todas las tribunas, por todos los medios, el gobierno estatal ha manifestado su respeto a la resistencia, pero lo más importante es que así ocurre en los hechos.

Hoy, en Chiapas, no puede documentarse ninguna sola acción contrainsurgente del gobierno estatal, como añoran e inventan quienes viven de la propaganda.

No ha habido, ni habrá en esta administración, actividad contrainsurgente en la que estemos involucrados.

También se dice que el grupo Paz y Justicia "se siente favorecido por el gobierno del estado y, por tanto, protegido". Esa es otra más de las expresiones calumniosas de De los Santos, cuya molestia proviene de que el gobierno del estado lo ha desenmascarado y ha documentado públicamente que no es un altruista defensor de derechos humanos, sino alguien que ha lucrado con el tema.

El gobierno de Pablo Salazar es el único que ha procedido y mantiene en prisión a destacados líderes de Paz y Justicia. Contrario a lo que señala De los Santos, el combate a la impunidad que firmemente sostiene el gobierno estatal no ha permitido la acción de grupos ilegales. Por otra parte, De los Santos y Hermann Bellinghausen aluden a un supuesto diagnóstico denominado EZLN. Caracoles y juntas de buen gobierno, que presuntamente involucra al gobierno de Chiapas.

En una total falta de profesionalismo, Bellinghausen apunta que dicho texto "goza desde hace un mes de particular favor de la prensa nacional e internacional sin que el gobierno lo haya desmentido oficialmente". El periodista debiera leer el propio pe- riódico en donde escribe. El 16 de diciembre de 2003, cuando La Jornada da cuenta del citado documento registra, en su último párrafo: "en un comunicado, el gobierno estatal se deslindó tanto de la existencia del Grupo de Coordinación Chiapas como del contenido del documento, al que calificó de apócrifo".

En efecto, en una posición oficial entregada en esa fecha rechazamos, nos deslindamos y desautorizamos el informe apócrifo que pretende involucrar al gobierno de Chiapas en acciones que, por principio, están al margen de nuestra filosofía y práctica política. Es lamentable que calumnias, fantasías y manipulación se quieran presentar como información a los lectores de La Jornada.

Lic. David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado de Chiapas

Señora directora: Hace más de dos años, en toda la delegación Benito Juárez (es de la única que nos consta) se construyeron casetas de vigilancia, muy bien equipadas, con buenos muebles de baño, puertas interiores y exteriores de aluminio, ventanas de aluminio y cristal, excelentes acabados, bien pintadas, con cerraduras finas, desde luego con instalación de agua y luz eléctrica; como se dice por ahí, una chulada de casetas.

Todo esto suena muy bien, pero, ¡oh paradoja!, las casetas tienen todo, menos policías. Permanecen vacías, como tratando de adornar la calle. Parecen hechas para fantasmas o policías invisibles. Siempre cerradas con llave... bueno, no siempre: hace unos meses se robaron las puertas de algunas casetas.

¡Qué atrevimiento, robarse las puertas de una instalación policiaca! (Como ejemplo puede verse la que está situada en Monrovia esquina con Repúblicas, colonia Portales.)

Cuando menos, con el robo de las puertas, las casetas empezaron a servir de algo: hoy los patrulleros se detienen ahí y entran para satisfacer sus necesidades fisiológicas.

Poco después del robo, la delegación puso nuevamente las puertas. Ahora esas puertas están abiertas para que los señores patrulleros hagan sus necesidades.

¿Cómo se puede justificar tanto gasto sólo para eso? ¿Por qué se preocupó tanto la delegación Benito Juárez en construir todas esas casetas y no se preocupa por que estén ocupadas por policías para salvaguardar la seguridad de los sufridos ciudadanos?

Las antes flamantes casetas actualmente se ven ya algo deterioradas, con pintas de grafitti y a veces con bolsas de basura en su interior, y un olor penetrante sale de ellas: el aseo de los baños brilla por su ausencia. ¿Estos latentes focos de infección no preocupan a las autoridades? ¿El dinero que costó la instalación de todas estas casetas -que sale del peculio de los ciudadanos-, a manos de qué empresa o persona fue a dar?

Por cierto, las casetas vacías ostentan una leyenda en color blanco con fondo azul que dice: "Benito Juárez es acción".

Valentín Rincón, Cuca Serratos
 
 

El Correo Ilustrado