El tricolor vigilará "la autoridad republicana"

Presentan asambleístas de PRI y PAN controversia contra el GDF

RAUL LLANOS Y MIRNA SERVIN

Diputados del PRI y PAN, encabezados por sus coordinadores, Manuel Jiménez Guzmán y José Espina, respectivamente, presentaron ayer, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos del Código Financiero del DF para 2004, al no quedar clara la responsabilidad patrimonial del gobierno capitalino frente a los daños que sufran los capitalinos en sus bienes, derivados de la "actuación administrativa irregular" de las autoridades locales.

Previamente los legisladores panista y priísta ofrecieron una conferencia de prensa en la que indicaron que en 2002 el Congreso de la Unión aprobó reformas al artículo 113 de la Carta Magna, por las cuales todas las entidades están obligadas a establecer en sus leyes el derecho de los ciudadanos a exigir el resarcimiento de sus bienes patrimoniales, sin embargo los diputados nunca aclararon que los priístas aprobaron en diciembre pasado, junto con PRD y PVEM, el Código Financiero para 2004, tanto en lo particular como en lo general, sin incluir nada de ese asunto.

José Espina dijo que de prosperar su acción de inconstitucionalidad en la SCJN se declararían inválidos los artículos 389, 390, 391 y 392 del referido Código y tendrían que volver a modificar los artículos que ellos validaron el 22 de diciembre del año pasado. De ser así, se incluiría en el Presupuesto de Egresos de 2004 un monto de recursos para pagar los daños ocasionados, por ejemplo, a los carros de los capitalinos por los baches, o a inmuebles derivados de obras públicas.

Por otra parte, el PRI capitalino y su diputación local anunciaron que se abocarán a la tarea de revisar la transparencia perredista y "confrontar la autoridad republicana con los hechos". El dirigente de ese partido en la capital, Florentino Castro, y el coordinador de su fracción en la ALDF, Manuel Jiménez, ofrecieron una conferencia para indicar que recurrirán a todos las instancias necesaria para que los casos de nepotismo y abuso cometidos con la asignación de altos sueldos sean castigados, ya que constituyen violaciones al Código Penal y a la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Jiménez Guzmán aseguró que el caso de Nicolás Mollinedo viola los artículos 263 y 264 de dicho código, que establece que se impondrán penas a quien acepte un empleo, cargo o comisión pública remunerados, cuyo servicio no va a prestar. Castro añadió que "Don Nico" tiene a 12 personas más relacionadas con él en la nómina con un sueldo mensual promedio de 50 mil pesos.