Martí Batres Guadarrama

De qué austeridad hablamos

Más allá de la publicidad, del escándalo, de las cortinas de humo o del marketing, está la realidad. Escondida a veces, aparece, sin embargo, al despejarse la bruma.

El debate nacional, la falta de recursos para la inversión pública, las grandes desigualdades y los seculares abusos del poder en México obligan a incursionar en el tema de las remuneraciones de los servidores públicos. En el tema se apunta, para empezar, un gran desorden nacional: no hay reglas ni mínimas ni máximas al respecto. De una entidad federativa a otra, de un municipio a otro y de un poder del Estado a otro, las tablas salariales de los funcionarios varían dramáticamente.

El tema exhibe, para continuar, una exagerada desigualdad. La relación entre el salario más alto y el más bajo en la administración pública de algunas entidades llega a ser de 100 a uno, cuando en los países desarrollados dicha diferencia es en promedio de 25 a uno.

Hasta ahora, las políticas que han seguido los distintos niveles de gobierno han sido muy disímbolas.

Por ejemplo, en el caso del gobierno federal, las percepciones de los altos mandos de la administración pública se modificaron del año 2000 a 2001 de la siguiente manera: el salario del Presidente de la República pasó de una percepción total neta de 106 mil 375 pesos a 146 mil 266. 28; el de un secretario de Estado, de 127 mil 381 a 140 mil 119.10; el de un subsecretario de Estado, de 120 mil 875 y hasta 142 mil 463.80; de un director general de 103 mil 981 y hasta 131 mil 919.36, de un director de área de 58 mil 479 y hasta 80 mil 241.70.

Para el ejercicio de 2002 esas remuneraciones volvieron a modificarse y pasaron a 155 mil 42.30 para el Presidente; 149 mil 327.27, para el secretario de Estado; de hasta 151 mil 893.63 para subsecretarios de Estado; de hasta 139 mil 834.50 para directores generales y coordinadores generales y de hasta 85 mil 858.60 para directores de área.

Y se mantienen así para los ejercicios de 2003 y 2004.

En el Gobierno del Distrito Federal, en tanto, las remuneraciones de los altos mandos se modificaron de 2000 a 2001 para quedar como sigue: el jefe de Go-bierno percibía 70 mil pesos y pasó a 63 mil 367; el secretario de despacho pasó de 69 mil 700 a 63 mil 96, y el subsecretario de 66 mil a 59 mil 746 como máximo; el director general pasó de 64 mil pesos a 58 mil 815 como máximo, y el director de área de 43 mil 780 a 40 mil 829, también como máximo.

Para el año 2000 dichas percepciones se modificaron para quedar de la siguiente manera: jefe de Gobierno, 66 mil 843 pesos; secretario de despacho, 66 mil 557; subsecretario, 63 mil 24; director general hasta 62 mil 42, y director de área hasta 42 mil 728 pesos.

Y también se mantuvieron así para los ejercicios 2003 y 2004.

Esto indica que en el primer caso (gobierno federal) la nueva administración llegó a elevar las remuneraciones de los altos mandos, y en el segundo caso (Gobierno del Distrito Federal) la nueva administración llegó a disminuirlas. En otras palabras, el Presidente de la República, secretarios y subsecretarios de Estado, directores generales y directores de área reciben más salario del que recibían sus homólogos de la administración pasada; mientras que el jefe de Gobierno, secretarios de despacho, subsecretarios, directores generales y directores de área tienen una percepción menor a la de sus homólogos de la administración anterior.

También nos muestra que el jefe de Gobierno del Distrito Federal gana menos que el más remunerado de los directores de área del gobierno federal, y obviamente, mucho menos que directores generales, subsecretarios y secretarios de la administración federal actual.

El gobierno federal ha hecho énfasis en los ahorros logrados mediante el despido de miles de trabajadores de base. Sin embargo, no se sabe en qué se han empleado dichos ahorros.

Mientras tanto, el Gobierno del Distrito Federal ha aumentado a los trabajadores de base su salario en 2 por ciento por arriba de la inflación y no se ha incurrido en despidos masivos de trabajadores. Sin embargo, ha ahorrado un monto aproximado de 3 mil millones de pesos anuales, es decir, casi 10 mil millones de pesos en tres años, ahorros que han servido para financiar los nuevos programas sociales.

En el gobierno federal hay cargos de alto nivel (como directores generales) que han aumentado hasta en 360 por ciento en su número, en tanto que en el Distrito Federal se redujo el número de funcionarios de nivel alto y medio en 10 por ciento, pasando de 6 mil 470 en el año 2000 a 5 mil 852 en 2003.

En el gobierno federal se recorta el número de trabajadores de base, que son los que ganan menos y se aumenta el número de funcionarios de alto nivel, o sea, los que ganan más; mientras que en el gobierno de la capital se respeta el empleo de los trabajadores de base y se disminuye el número de funcionarios de alto nivel, que es precisamente donde se puede ahorrar más.

Más allá del discurso y de la propaganda política, en la capital de la Re-pública hay una realidad: la política de austeridad en la administración pública ha disminuido privilegios a los de arriba, ha respetado los derechos de los de abajo y ha permitido financiar los programas sociales que benefician a cientos de miles de familias humildes.

La diferencia salarial entre el nivel más alto y el más bajo en la administración pública local ha disminuido, al tiempo que también es menor el costo económico del aparato político. Eso es un ejemplo que valdría la pena ser emulado en otras entidades y niveles hasta convertirse en una política general.