Cobró a locatarios de mercados, afirma la procuraduría

Edil de Tapachula no reportó un millón de pesos a la Tesorería

Se confiscaron documentos en la casa del funcionario

ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA Y RODOLFO VILLALBA CORRESPONSALES

Tuxtla Gutierrez, Chis., 28 de enero. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que localizó documentos que comprobarían que Eduardo Pano Becerra, hermano del alcalde de Tapachula, cobró indebidamente y sin notificar a la Tesorería municipal al menos un millón de pesos a locatarios de mercados y a comerciantes ambulantes.

Las evidencias, señaló la dependencia, fueron localizadas durante un cateo efectuado el martes por agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la residencia de Eduardo Pano, en el municipio de Metapa de Domínguez, la cual habita en compañía de su progenitora, Adelina Becerra.

Por ese hecho, el alcalde de Tapachula, Manuel Pano Becerra, hizo pública hoy una carta dirigida al presidente de la República, Vicente Fox, al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, en la que protesta por "los agravios cometidos" contra su progenitora, quien fue objeto, dijo, de los excesos de la PGJE al efectuar "un cateo ilegal" en su domicilio.

Otro hermano del edil, el diputado federal Carlos Osvaldo Pano Becerra, también manifestó su protesta y calificó de "venganza política" el hostigamiento judicial que ejerce el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el procurador Mariano Herrán Salvatti contra su familia, a quienes responsabilizó de cualquier daño que sufran sus familiares.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos inició hoy un expediente para investigar el cateo efectuado en el domicilio señalado, mientras que enviados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI anunciaron que llegarán a Chiapas para reunirse con diputados locales del tricolor acerca del conflicto que desde hace dos años mantienen el gobierno del estado con el gobierno de Tapachula por el supuesto desvío de fondos en el ayuntamiento.

Según un comunicado de la PGJE, agentes de la fiscalía especializada catearon el martes varias casas, propiedad de servidores públicos del ayuntamiento de Tapachula, así como la de familiares del edil, entre ellas la de su hermano Eduardo Pano, quien cohabita con su señora madre, como parte de las investigaciones en torno a la desaparición de 3.6 millones de pesos de las arcas del ayuntamiento de esa ciudad.

Unos 20 agentes se introdujeron a la casa de la señora Adelina Becerra, de 80 años, quien se encontraba acompañada de otra persona de 86 años y de su jardinero, a quienes mostraron una orden de cateo y procedieron a registrar el inmueble.

Entre la documentación localizada en el domicilio hay recibos de cobros que habría hecho Eduardo Pano "directamente, y no por conducto de la Tesorería municipal, de los derechos por baños públicos y ambulantaje, sin llevar controles confiables de dichos ingresos".

Durante el cateo, agregó la procuraduría estatal, se localizaron originales de "documentos electorales, como el listado de votantes con sus respectivas credenciales para votar".

Sin embargo, la familia alegó hoy que Eduardo Pano tiene su domicilio desde hace dos años en Tapachula, no en Metapa de Domínguez, y de acuerdo con los registros del ayuntamiento, se desempeña como responsable de mercados desde 1995.

El alcalde Manuel Pano Becerra asegura que hasta el momento no existe ninguna sindicación directa ni indirecta que lo señale como responsable del ilícito, pero el procurador Mariano Herrán Salvatti ya lo acusó de ser responsable del ilícito porque, asegura, no estableció controles administrativos para impedir el delito, lo cual lo haría responsable del delito de desfalco por omisión.

Además de la carta hecha pública por el alcalde, su hermano Carlos Osvaldo, diputado federal, asegura que este tipo de medidas se "desvían de las indagatorias que establece la ley", y se inserta en una clara violación de los derechos humanos. Pide al presidente Fox su intervención y reitera su "amplia disposición para esclarecer los hechos dentro de la ley".