Suman 136 mil millones de pesos sobre el monto inicial de 25 mil millones, según IPAB

Se encarecieron 442% desde 1995 los pagarés del rescate bancario

Los papeles del Fobaproa en poder de Banamex-Citigroup eran por 9 mil 30.78 millones; ahora llegan a 56 mil 250.8 millones Todos los bonos emitidos vencen en diciembre de 2005

JUAN A. ZUÑIGA E ISRAEL RODRIGUEZ

El valor de los siete pagarés del rescate bancario que vencerán el próximo año asciende a más de 136 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 442 por ciento sobre el monto inicial de 1995, el cual fue de 25 mil millones, indican informes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Estos pagarés constituyen el punto de conflicto entre el Congreso y cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte), que se oponen a la revisión de sus cuentas para determinar si hubo operaciones irregulares durante el rescate bancario de 1995, como habrían sido la inclusión de préstamos relacionados entre socios o empresas del mismo grupo, carteras ''chatarra'', e instituciones que estaban muy lejos de una quiebra, ya que sus niveles de capitalización eran superiores a los establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Estos documentos emitidos en su momento por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) no han podido intercambiarse por otros, emitidos por el IPAB, porque el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB establece: ''En caso de que la auditoría reporte irregularidades, se procederá inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica''.

Además, precisa la ley que ''una vez concluidas las auditorías, las instituciones correspondientes podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el fondo, para lo cual deberán regresar al mismo los títulos de crédito que éste hubiere emitido a su favor, y a cambio el fondo les deberá devolver los derechos de cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera''.

Diferencias en la interpretación que han hecho los bancos sobre estos señalamientos han dado lugar a un largo litigio, en el que esas instituciones han contado con el apoyo del presidente Vicente Fox, quien interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que esos bancos sean auditados y facilitar que sea legalmente factible intercambiar los bonos del Fobaproa por los del IPAB.

Banamex, la más poderosa institución bancaria del país, adquirida por el estadunidense Citigroup en 2001, tiene un pagaré Fobaproa emitido el 15 de diciembre de 1995 por 9 mil 30.78 millones de pesos y cuyo valor al 30 de septiembre de 2003 ascendía a 56 mil 250.8 millones. Su crecimiento sobre el monto inicial por capitalización de intereses ha sido de 523 por ciento durante ese periodo.

En el caso de Bancomer, ahora subsidiaria del español Bilbao Vizcaya Argentaria, posee dos bonos. Uno por un valor inicial de 10 mil 951.1 millones de pesos, que actualmente ampara 56 mil 474.8 millones. Otro con un monto que bajó de 608.3 a 132.3 millones de pesos. Ambos fueron emitidos el 31 de diciembre de 1995.

Todos los bonos emitidos por el Fobaproa en diciembre de hace nueve años vencen en diciembre de 2005. Pero antes deberán ser intercambiados por los respectivos pagarés IPAB para su liquidación. El problema radica en que no pueden canjearse debido, precisamente, al litigio existente sobre si el informe Mackey constituyó o no la auditoría que establece el artículo quinto transitorio.

El debate en torno al informe Mackey

Los bancos argumentan que cumplieron con la ley al realizarse la auditoría Mackey, que le costó al Congreso -vía recursos de los contribuyentes- 22 millones de dólares. El auditor canadiense calificó al documento como un informe, porque no tuvo acceso a todos los documentos para integrar todas las operaciones ilegales, calificadas como reportables.

Ante la negativa de los bancos y la reacia actitud de las autoridades para exigir esa información, Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión para Investigar las Operaciones del Fobaproa durante la 58 Legislatura, interpuso ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) un recurso legal para conocer toda la información referente al rescate bancario.

El IFAI determinó como procedente esta solicitud y resolvió que en este caso no procedía el secreto fiduciario o bancario, argumento utilizado por el IPAB, la CNBV y la Secretaría de Hacienda para negar toda esta información. El IPAB planea intercambiar los pagarés del Fobaproa durante este año, incluso sin que se realicen las auditorías, y por lo tanto sin aval del Congreso, según la diputada Dolores Padierna Luna, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Jonathan Davis, presidente de la CNBV, es el mismo funcionario que firmó los pagarés de capitalización y compra de cartera hace casi 10 años, cuando era tesorero de la Federación. En la nueva junta de gobierno del IPAB participa como vocal Héctor Tinoco Jaramillo, quien, según Padierna Luna, no cubre los requisitos de elegibilidad porque no fue electo por las dos terceras partes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como establece la ley.

Entre tanto, el valor de los pagarés sigue en ascenso. Los de Bital (ahora HSBC), que en 1995 amparaban 3 mil 24.8 millones de pesos actualmente ascienden a 18 mil 733.7 millones; esto representa un incremento de 519 por ciento.

Mientras, los tres pagarés de Banorte, que originalmente tenían un valor conjunto de mil 455.7 millones de pesos, ahora amparan 4 mil 397.4 millones; es decir, un incremento nominal de 202 por ciento, la capitalización de intereses más moderada de los cuatro bancos involucrados