El terreno donde se efectúa la obra es propiedad de la Secretaría de la Función Pública

Detectan ilícitos en un desarrollo inmobiliario de los ferrocarrileros

La delegación Azcapotzalco clausuró la edificación de las casas por no contar con permisos

Afectados denuncian que la empresa constructora es de Víctor Flores Afectadas, 740 familias

JOSEFINA QUINTERO M.

"Departamentos desde 180 mil pesos: tres recámaras, sala, comedor, cocina, baño, áreas comunes y jardines" fue el anuncio que atrajo a 740 familias, las cuales invirtieron sus ahorros y pidieron créditos al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), promovidos por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), dirigido por Víctor Flores Morales, actual presidente del Congreso del Trabajo. Sin embargo, las viviendas nunca llegaron.

El proyecto inmobiliario denominado Democracia Sindical, ubicado en avenida Ceylán 850, colonia Ferrería, delegación Azcapotzalco, se encuentra clausurado desde la pasada administración por no contar con los permisos, estudios y autorizaciones para la construcción de 74 edificios, que además se sitúan en zona de alto riesgo.

Sin realizar los trámites administrativos, el promotor de vivienda del STFRM, Jesús Martínez Sánchez, fue el encargado de impulsar el proyecto mediante gestores sociales, quienes ofrecían un programa especial para adquirir créditos en línea III del Infonavit, en un predio que según se dijo al principio, era propiedad de la agrupación sindical.

Además de ferrocarrileros, la invitación para participar en el proyecto inmobiliario y hacerse de una vivienda "céntrica y a buen precio" se extendió a empresas privadas. Fue convocada cualquier persona que fuera derechohabiente del Infonavit.

Así, en enero de 2000 se realizaron los primeros depósitos de 15 mil pesos en una cuenta de crédito en Bital a nombre de Infraestructura y Explosivos SA de CV, una de las empresas que intervino en la construcción de los edificios, y a la que los afectados -quienes por temor a represalias pidieron omitir sus nombres- han identificado como propiedad de Flores Morales. También pagaron 5 mil 480 pesos por escrituración al notario 169, Alfonso López Lira, y 7 mil 500 pesos por cajón de estacionamiento.

Mientras se hacían los tramites para la autorización de los créditos de vivienda ante el Infonavit, las constructoras y los representantes agilizaban los procesos para la construcción de la unidad Democracia Sindical, ya que se había prometido entregarla a más tardar en octubre de 2002, una vez vendidos todos los departamentos.

Se creó un fideicomiso integrado por Infonavit, Inverlat y el STFRM, quienes fueron los encargados de verificar la propiedad del terreno, pagar a las constructoras, realizar los estudios y solicitar los permisos correspondientes ante las autoridades competentes.

La construcción de las casas inició en febrero de 2001 con la colocación de la primera piedra, acto en el que participaron Víctor Flores Morales y el entonces director del Infonavit, Luis de Pablo Serna, quien también fue director de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales).

Las familias involucradas vieron el inicio de uno de sus anhelos más importantes: "tener una casa. El patrimonio para sus hijos y un logro alcanzado". Pero poco duró el gusto porque el 28 de mayo de 2001 las autoridades de la delegación Azcapotzalco clausuraron las obras por "carecer de uso de licencia de construcción".

Fue en ese momento cuando empezó a descubrirse un presunto fraude cometido por los representantes del STFRM, quienes hicieron caso omiso de la sanción y continuaron la construcción, para lo cual rompieron sellos y presentaron documentos falsos. Nuevamente se procedió jurídicamente el 18 de octubre de 2001, cuando la edificación presentaba 90 por ciento de avance, y desde entonces la obra está parada.

Ante la violación de la clausura, la ex jefa delegacional en Azcapotzalco, Margarita Saldaña, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra quien resulte responsable por el probable delito de falsificación de documentos, entre los que se encuentran el levantamiento de los sellos, la prórroga de licencia de construcción y la factibilidad de cambio de uso de suelo.

En ese momento se descubrió que el lote era propiedad del Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, actual Secretaría de la Función Pública, y no del sindicato ferrocarrilero. Infonavit también ya había detectado documentación falsa, entre ésta la escritura pública y permisos presentados, por lo que levantó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del fideicomiso al que se había entregado el dinero de los créditos.

Más adelante salió a la luz otra de las irregularidades que acabó con la esperanza de las familias que buscaban una vivienda: la Dirección General de Protección Civil del Gobierno capitalino presentó un análisis de vulnerabilidad de la Unidad Habitacional Democracia Sindical en el que se dictaminó que la zona era de alto riesgo.

Los 74 edificios de cinco niveles con 10 departamentos cada uno colindan con empresas que manejan productos químicos y solventes peligrosos, además se ven afectados por las vibraciones que producen el paso de vehículos de carga, lo que hace a la unidad una zona inhabitable.

Al darse a conocer las irregularidades las 740 familias afectadas iniciaron protestas para recuperar el dinero invertido, promovieron la cancelación de sus créditos mediante mesas de concertación en las oficinas del Gobierno del Distrito Federal, que fue el enlace entre las partes, explicó César Cravioto, director de Concertación Política.

La presión de los afectados logró que algunos recuperaran lo invertido, pues un grupo constituyó una asociación de afectados de Ceylán en pro de una vivienda digna y segura, pero otros aún siguen a la espera de que se solucione el conflicto y puedan acceder a los departamentos de la unidad.

Quienes buscan recuperar el dinero invertido señalan como responsable a Jesús Martínez Sánchez, quien firmó pagarés comprometiéndose a pagar a cada familia afectada 17 mil 250 pesos antes del 31 marzo del año pasado y fue promotor de las viviendas. Por su parte el Infonavit ha solucionado algunos créditos, pero todavía tiene pendientes 314 de la unidad Democracia Sindical.

Mientras, diversas organizaciones sociales se encuentran al acecho de la unidad, ya que en la ciudad de México no se han demolido construcciones de ese tipo y esperan que alguna autoridad regularice los permisos para apodarse de ellas.

Así, se ha visto que un departamento ha sido vendido en varias ocasiones y los edificios han sido invadidos, la última vez el 28 de diciembre pasado por la organización El Milagro, que aseguraba que eran de su propiedad.