Preocupa a ecologistas el dominio de la Subprocuraduría de Inspección Industrial

Areas clave de la Semarnat, bajo control empresarial

Personajes ligados a la IP coordinan asesores y dirigen el campo de normatividad ambiental

Organizaciones civiles temen que algunos funcionarios beneficien intereses de particulares

ANGELICA ENCISO

Areas estratégicas de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales (Semarnat), que están orientadas a la regulación ambiental, el desarrollo de normatividad, la vigilancia e inspección de la planta industrial, están en manos de empresarios y de personas ligadas con ellos.

Bajo su control están la Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Procuraduría Fe-deral de Protección al Ambiente (Profepa), la coordinación de asesores del titular de la Semarnat y el área de normatividad ambiental. Es un giro radical de la política ambiental reflejado en las personas que encabezan rubros sustanciales en la secretaría, indican organizaciones ambientalistas.

Si bien hace casi diez años, cuando se creó la dependencia, a ella llegaron académicos para impulsar en el gabinete el tema ecológico, ahora hay industriales. En 1994, Julia Carabias, maestra en ciencias, entonces titular de la secretaría, atrajo a investigadores universitarios reconocidos para ocupar esos puestos. De esos personajes quedan Fernando Tudela, que entonces fue coordinador de asesores, ex investigador de El Colegio de México y quien ahora funge como subsecretario de Planeación. También es el caso de Francisco Giner de los Ríos, que fue director general de Regulación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y ahora es subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

Preocupación civil

Para organizaciones ambientalistas resulta preocupante que entidades desde las cuales la actividad industrial es regulada, normada, vigilada y sancionada, desde septiembre pasado estén a cargo de empresarios y gente afín a ellos. Sobre todo porque aún está pendiente el reglamento del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), que de manera obligatoria deberá presentar el sector industrial y en el que darán a conocer públicamente las emisiones contaminantes al aire, agua y suelo, con lo cual se conocerá cuál es la industria más sucia y cuál la más limpia.

Es sabido que desde que el registro estaba a discusión, antes de que su existencia fuera sancionada por la ley, hubo oposición de empresarios y de la misma Secretaría de Economía, pero al final salió adelante, porque además es parte del compromiso trinacional que el gobierno debe cumplir al ser parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Estados Unidos, el RETC existe desde hace varios años. En ese país la industria reporta 600 sustancias, en Canadá son 250 y en México serán 104, por las características de la industria, argumentan funcionarios, pero la cifra se pretende reducir sustancialmente, según organizaciones que son parte del grupo de discusión del registro.

El subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Juan José García de Alba, responsable de emitir las regulaciones ambientales hacia la industria y otros sectores, es empresario del calzado y fue coordinador general en Jalisco de la asociación Amigos de Fox. También se dedicó a la producción de plásticos, además de ser organizador de congresos internacionales de nuevas tecnologías agrícolas. Su conocimiento sobre medio ambiente se remite a haber participado como expositor y asistente en cursos sobre el tema.

La coordinadora de asesores del subsecretario García de Alba es Adriana Oropeza, quien como parte del Consejo Coordinador Empresarial (C-CE) y de su área ambiental, el Centro de Estudios para el Desarrollo Ambiental (Cespedes), en muchas ocasiones cabildeó en la Cámara de Diputados para que tanto leyes como normas ambientales en proceso de ser aprobadas no afectaran a la industria, sino que al contrario, se viera beneficiada. Oropeza ahora es parte sustancial de la subsecretaría en la que se desarrollan todas las regulaciones ambientales que inciden en las empresas.

El coordinador de asesores del titular de la Semarnat y su mano derecha es Raúl Tornel, propietario de la llantera del mismo apellido. Durante ocho años fue presidente de la Comisión de Ecología de la Confederación de Cámaras Industriales de México y creó la primera Comisión de Ecología en la Cámara Nacional de la Industria Hulera. Además fue presidente de la Asociación de Llantas y Rines y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Hulera.

La pregunta que organizaciones ambientalistas se hacen es acerca de los beneficios que la industria obtendrá al tener gente afín a ella en la Semarnat, ahora que son juez y parte. Un ejemplo de la posición de Tornel y del subprocurador de Inspección Industrial, recuerdan entrevistados, se dio en el debate de la Ley General de Residuos, que fue aprobada el año pasado, cuando apoyaron la incineración, método de destrucción de residuos peligrosos con el que las organizaciones ambientalistas estaban en contra por el nivel de tóxicos que emiten al aire.

El responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y de sancionar a las plantas industriales es José Ramón Ardavín, ex presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara Nacional del Cemento y de Cementos Mexicanos (Cemex). La industria del ramo ocupa el lugar número 12 -de 32 giros industriales- en cuanto al tamaño de sus fuentes contaminantes, aunque se considera que en México es más limpia que en otros países.

Ardavín está a cargo del área cuya misión es que las 33 mil 800 plantas industriales de competencia federal prevengan y controlen la contaminación y restauren el medio ambiente; además, debe identificar las infracciones, notificar las sanciones y ordenar las medidas correctivas.