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México D.F. Domingo 15 de febrero de 2004

Rolando Cordera

En el jardín de los derechos

Yo tengo derecho, él tiene derecho, ella tiene derecho... todos tenemos derecho. Santo y bueno, pero lo importante no está ahí sino en el derecho de los demás cuando yo, él o ella lo ejercemos. Este es el criterio central para evaluar la validez del ejercicio de la libertad y la justeza del derecho.

Derecho siempre hay y si no se le inventa. Lo que no está asegurado nunca es la justicia, incluso en la democracia más perfecta. Desde esta perspectiva, en parte inspirada en el extraordinario discurso de José Saramago en la Facultad de Derecho y en mayor medida impuesta por lo que sucede a nuestro rededor, los dichos de los días recientes sobre "el derecho" que le asiste a tal o cual personaje público para hacer o decir lo que quiera son del todo insuficientes, cuando no inválidos e inaceptables. Se trate del Presidente de la República o de don Luis Colosio, hay que insistir en que no todo se vale. Que una cosa es el derecho a decir, o a imaginar, y otra la obligación de los demás de respetar todo lo que se dice o hace. Respetar la libertad de expresión es un fundamento universal; no lo es que uno tenga que respetar, como consecuencia de lo anterior, todo lo que se dice o hace.

No está en cuestión el derecho de la esposa del Presidente de la República para aspirar a la candidatura al Poder Ejecutivo. En abstracto, ella y cualquier otro ciudadano lo tienen, pero no en cualquier tiempo y circunstancia. De acuerdo con la ley respectiva, esa candidatura tiene que ser postulada por un partido político con registro y responder a los criterios del caso; políticamente, además, toda candidatura tiene que respetar los más elementales principios de equidad democrática. Y eso no lo puede hacer hoy la de la señora Marta Sahagún. Por eso es que se trata de una candidatura injusta y ventajosa, contraria a los principios democráticos.

Gaste o no recursos públicos en su favor por encima de sus obligaciones y compromisos como esposa del Presidente, (lo que, por cierto, no es fácil de dirimir, mucho menos mediante auditorías urdidas al vapor), lo que no puede evitar es la singularidad de su circunstancia y la influencia y el poder político que se derivan de esta circunstancia, lo quieran o no ella y el Presidente, o sus partidarios, lo admitan o no sus extraños exégetas ubicados en la oposición a su partido y el gobierno de su esposo. Inequidad política hay y no puede dejar de haberla, incluso en la eventualidad sugerida por el doctor Diego Valadés de que el Presidente renunciara a su cargo seis meses antes de la elección de julio de 2006. Es frente a esta inequidad que debe valorarse el derecho universal de votar y ser votado.

Las implicaciones políticas de este episodio pueden o no ser duraderas, pero relevantes ya lo han sido y afectan negativamente al sistema político que descansa en los partidos y en una serie de derechos y responsabilidades debidamente codificados. Cuando esta codificación no parece suficiente, siempre queda el recurso último a la Suprema Corte, a la que tal vez tenga que recurrirse de nuevo si las opiniones de juristas respetados son desestimadas.

Se ha dicho que la candidatura de marras redunda en el debilitamiento de la figura presidencial y hasta del gobierno en su conjunto, y es probable que así ocurra, pero por lo pronto no es eso lo más importante. Los que de inmediato han empezado a pagar son los partidos y, más que nada, el partido en el gobierno, sobre quien se cierne una repetición ampliada del ciclo de cerco, tomo y mando, que tan bien le resultó a Vicente Fox en 1998-2000 y que tan mal le puede resultar al PAN a partir de hoy. De reditarse dicho ciclo, ahora a la luz del día y a partir de alianzas más poderosas que las que resultaron de la empresa Amigos de Fox, no sólo será el PAN el perjudicado.

Los que se asoman como candidatos a protagonizar la coalición van en serio, no sólo por un cabildeo de caricatura o por negocitos de temporal. Se trataría de bloques completos fruto de la fusión de poder político, mediático y económico. Poder y dinero. Capital grande y sonante, para llamarlo por su nombre o, a la Saramago, plutocracia pura y dura.

No hay dolo ni aventurerismo que sirvan para soslayar una situación como la que se le ha planteado al país en estos días. En mala hora se apoderaron la fundación Vamos México y el reportaje del Financial Times del foco de la cuestión. Poco afortunado es que los partidos representados en el Congreso opten por la salida tortuosa de la auditoría y la sospecha de malos manejos. De haberlos sería grave, pero no es eso lo que arde y pone contra la pared a esta titubeante democracia. Es el uso del poder y la probabilidad de su abuso lo que hay que poner en el centro, para abordarlo con las armas del derecho y el espíritu de justicia sin los cuales no hay democracia que aguante.

La lectura lineal de la ley, o la interpretación pueril de los derechos de "todos para todos", sólo nos puede llevar del jardín imaginario del nuevo régimen al páramo de la informalidad más absoluta. A aceptar que se nos siga tratando como menores de edad que votan, hacen fila en la barandilla del Ministerio Público y luego se quejan de las maldades y la incomprensión de papá gobierno. Como suponían los del viejo orden que eran y debían ser las cosas.

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