Afirma el TFCA que la falta de recursos causa retraso en el análisis de las quejas

Aumentan más de 100% demandas de burócratas por violaciones laborales

Presionar a los trabajadores del Estado a que se retiren podría afectar la paz social, dice

FABIOLA MARTINEZ

En lo que va del sexenio, el número de demandas laborales promovidas por empleados públicos se incrementó 114 por ciento, derivado de pagos irregulares en prestaciones sociales, inconformidad en los procesos de escalafón (ascensos) y por presuntos despidos injustificados.

Sin embargo, para los burócratas del país involucrados en estos procesos, la justicia no será pronta ni expedita, toda vez que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), encargado de atender los juicios laborales de los trabajadores al servicio del Estado, no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente al aumento de las demandas interpuestas contra el gobierno federal.

Y es que para 2004, la Secretaría de Gobernación -dependencia en la que radica el presupuesto del TFCA- programó el mismo monto de recursos que en el año anterior (108 millones de pesos). Esa cantidad resulta insuficiente, pero al final de los procesos el erario paga más por las condenas que le impone el TFCA en los asuntos individuales y colectivos.

La carencia de recursos ya empezó a hacer mella en la programación de audiencias.

Hasta el año pasado, reconoce Alfredo Frid Barquet Rodríguez, magistrado presidente del TFCA, las audiencias se programaban a los 15 días de la recepción de las demandas, actualmente estos trámites se difieren a tres meses.

"Me preocupa esta situación, porque ya empezamos a presentar problemas; tenemos el mismo personal (450 empleados) y nivel presupuestal que el año pasado, pero ahora las demandas individuales han aumentado en un nivel considerable, alrededor de 114 por ciento", dijo en entrevista con este diario.

Por ahora, el TFCA no vincula el aumento de casos atendidos con los efectos de la política laboral del gobierno hacia sus empleados, e incluso afirma que los procesos en los que se comprueba despido injustificado "son los menos"; no obstante, advierte que no deben "desnaturalizarse" los programas de retiro voluntario promovidos por la Secretaría de Hacienda, porque "si se presiona a los trabajadores para que renuncien" se afectará no sólo los derechos básicos de éstos sino la paz laboral en el sector público.

La carga de trabajo que deben atender los 450 empleados adscritos al tribunal se evidencia en los cuadros estadísticos de 2003, lapso en el que, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado participó en 7 mil 296 audiencias.

En el periodo de referencia, el TFCA recibió casi 3 mil asuntos derivados de conflictos colectivos, sindicales e intersindicales, cantidad 8 por ciento mayor a los 2 mil 705 recibidos en 2002.

De los conflictos individuales, el informe anual de Barquet Rodríguez (2003) refiere que las salas atendieron "oportunamente" 57 mil 204 casos, 10 por ciento más que en el periodo anterior.

Debido a que la mayoría de las "promociones" presentadas por los empleados públicos se deben a presuntos pagos incorrectos en las prestaciones y cálculos erróneos en finiquitos, al final de los procesos -detalla el informe- las secretarías de Estado y entidades del gobierno federal regidas por el apartado "B" del artículo 123 constitucional "dieron cumplimiento a las condenas impuestas por este tribunal en 595 laudos, cuyo importe en materia de pago de prestaciones reclamadas ascendió a 75 millones 246 mil 789 pesos".

A lo anterior se agrega que los trabajadores al servicio del Estado cuyos conflictos individuales se ventilaron en este tribunal, "recibieron del erario federal 232 millones 6 mil 162 pesos con motivo de los mil 51 convenios que celebraron con las dependencias del gobierno federal". Es decir, por un lado, el gobierno asignó, para la operación del TFCA 108 millones de pesos, pero tuvo que "devolver" a los trabajadores afectados y a las dependencias en las que están adscritos más de 300 millones de pesos en 2003.