Es una herencia del PRI, dicen los corifeos, y se lavan las manos. Los braceros reclaman un dinero que el gobierno estadunidense les descontó y entregó al mexicano para que lo pagara. Eso nunca ocurrió. Ahora, los epígonos del "cambio" aducen que el reclamo es "político", pero la batalla de los viejos comenzó antes de que Vicente Fox llegara al poder. A la torpeza del gobierno actual se suman una injusticia histórica y el oportunismo de toda ocasión que busca sacar ganancia de la añeja desgracia. La venalidad de nuestra clase política convirtió un asunto de justicia social en un tema de seguridad nacional. El caso de los braceros agrega dudas a la sugerencia del presidente Bush de que los trabajadores mexicanos vuelvan a su tierra a cambio de un hipotético fondo de retiro. Lo mismo que prometieron a los abuelos y padres de los braceros del TLC

UNOS 4 MIL EX BRACEROS, la mayoría mayores de 70 años, aguardan a las puertas de la residencia oficial de Los Pinos a la espera de una respuesta a sus reclamos. Es la tercera vez que tocan esa puerta "para buscar justicia", dicen. Eso mismo buscaban cuando irrumpieron en el rancho de la familia Fox hace una semana.

Al menos desde hace cinco años, miles de mexicanos que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1966, en el Programa Bracero, demandan que el gobierno de México les pague el dinero que las empresas norteamericanas que los contrataron les descontaron para formar un fondo de ahorro que les sería devuelto a su regreso al país. A pesar de que el dinero fue entregado al gobierno mexicano, nunca se dio a sus destinatarios. Nadie sabe dónde quedó. Como sus antecesores, el gobierno "del cambio" se niega a reconocer esa deuda histórica.

A lo largo de 24 años que duró el acuerdo binacional, se firmaron 5 millones de contratos que beneficiaron a casi 2 millones de mexicanos, a los que hoy se les debe una cantidad estimada entre 500 mil y mil millones de dólares.

"Fuimos humillados y explotados en Estados Unidos y ahora somos despreciados en México. El gobierno dice que no tiene dinero para pagarnos, pero cómo sí rescataron a los dueños de las carreteras y de los bancos", dice con tristeza Tomás Hernández, un campesino de 70 años de edad, originario de Mexquitic, San Luis Potosí. Como sus compañeros de la Asamblea Nacional de ex Braceros, él esperó más de cinco horas frente a Los Pinos para recibir la misma negativa.

El vino con Epigmenia, su esposa desde hace más de 50 años. Como no tienen tierra, sobreviven como pueden. Don Tomás fue 13 veces a Estados Unidos a trabajar de bracero en los campos de algodón, fresa y lechuga de Arkansas y California: "Allá sufrí mientras a la familia la dejaba escasa de recursos. Si se enfermaban les mandaba para el doctor y cuando regresaba se acababa lo poquito que había podido juntar. Así que volvía a contratarme en Empalme, Monterrey o Irapuato".

El matrimonio Hernández heredó la pobreza a sus cinco hijos: "Les dimos educación y trabajo, pero ahora ellos sufren con sus familias. Unos están en Monterrey y otros están en Estados Unidos de ilegales. Ahora Bush propone repetir la historia de lo que nos hicieron", se queja don Tomás.

La historia de aflicción de Epigmenia es una más entre miles de mujeres que se quedaron esperando al marido en el pueblo: "Vivíamos de prestado, pues apenas podíamos con lo que él mandaba. Tuve dos partos y me alivié sola en casa. El era nuestra única esperanza. Si comíamos frijol no comíamos tortilla. Mis criaturas andaban descalzas, desnudas, porque no completaba el gasto".

Hace poco ambos se enteraron de que había ex braceros que estaban peleando el dinero debido desde hace décadas y salieron del pueblo para reclamar lo suyo.

"De esos años de trabajo –dice doña Epigmenia– mi marido agarró una enfermedad de los fertilizantes que echan a las plantas. Yo estoy enferma del azúcar (diabetes), ciega y renga. Con mucho sacrificio venimos para reclamar al gobierno el dinero que recibió por el trabajo de los braceros que eran vendidos como animales".

Cuando la pareja supo que la Secretaría de Gobernación estaba haciendo un padrón de los ex braceros "para pagarles", se presentaron en el módulo en San Luis. "Fui a la oficina a inscribirme –cuenta don Tomás– y cumplí con todos los requisitos. La empleada que nos atendió nos dijo que este enero iban a pagarnos. Pero ya vimos que eran puras mentiras. Ahora Fox quiere meter a la cárcel a los braceros que se metieron a su rancho. En lugar de eso, debería encarcelar a los que se embolsaron nuestro dinero".

Un dinero perdido en las arcas priístas

En plena Segunda Guerra Mundial, el 21 de agosto de 1942 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Bracero (firmado por los gobiernos norteamericano y mexicano) que reglamentó "la contratación temporal de trabajadores migratorios mexicanos". El vecino del norte necesitaba mano de obra para trabajar en el campo y en los ferrocarriles y a cambio se comprometía a dar buenas condiciones de trabajo y salarios justos. No lo cumplió.

El convenio binacional estipulaba que se formaría un fondo de ahorro para garantizar el regreso de los mexicanos a sus lugares de origen, donde les sería devuelto. Oficialmente, se descontó el 10% de cada salario de 1942 a 46 (afectando a 174 mil braceros), pero los patrones en los contratos subsecuentes continuaron haciendo las deducciones hasta 1966. Como responsables de administrar el fondo quedaron, por México, la Secretaría del Trabajo, la de Agricultura y el Banco de Crédito Rural, del lado americano, el Banco Wells Fargo.

Una comisión de la 58 Legislatura investigó el destino de ese dinero y, aunque nunca dio a conocer la información, ubicó que buena parte del mismo fue entregado al gobierno mexicano. Wells Fargo realizó entregas monetarias al gobierno mexicano a través del Banco de México que a su vez lo depositó al Banco de Crédito Ejidal (que se convirtió en Banrural, hoy Financiera Rural) y al Banco del Ahorro Nacional. Después de 1950, la ruta del dinero se pierde por falta de documentos.

Esa comisión informó a un grupo de braceros que el dinero lo habían gastado los gobiernos priístas en la compra de la embajada mexicana en Estados Unidos, en la restructuración de las instituciones bancarias, en edificios del PRI y en el pago de campañas políticas.

Un largo camino de lucha

En 1998, los ex braceros y sus familias demandaron a ambos gobiernos la devolución de su dinero y los intereses generados en casi seis décadas. Entablaron demandas en tribunales de San Francisco y Nueva York. Uno desechó el caso por tratarse de asuntos internos mexicanos. Paradójicamente, el gobierno de Vicente Fox contrató, con dinero público, una firma estadunidense de abogados para no pagarles. Al respecto, el pasado 9 de febrero, Juan Manuel Castillo Ocaña, director general adjunto de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación, en una reunión con ex braceros les argumentó que tal contratación era para defender sus derechos.

En México ellos llevan cinco años tocando puertas sin solución. Desde que Fox andaba en su campaña electoral se comprometió a atenderlos pero en tres años de gobierno no ha resuelto su petición.

El año pasado se presentaron tres iniciativas de ley para crear un fideicomiso y pagarle 5 mil dólares por bracero. Por su parte, la Secretaría de Gobernación inició un proceso para elaborar un padrón (que terminó el 15 de octubre pasado), con una gran limitante: sólo se considera a quienes trabajaron entre 1942 y 46.

Al mismo tiempo, la dependencia violaba sus propias reglas al negociar con organizaciones como el Braceroproa para que incluyeran en la lista a sus afiliados, aunque hubieran trabajado en los años posteriores. Finalmente, Santiago Creel declaró que de más de 77 mil solicitudes sólo se reconocieron 4 mil 800. La promesa de crear el fideicomiso tampoco se cumplió puesto que ni el gobierno ni los diputados contemplaron una partida del presupuesto federal para ese fin (cuando Creel culpó al Congreso del asunto, revelaba, inconscientemente, que ésa había sido la promesa de la administración foxista).

Esto provocó la radicalización de los ex braceros que se molestaron ante lo que consideraron "un engaño más", argumenta Gilberto Parra, dirigente de Braceroproa en Jalisco y uno de los que encabezó la protesta en el rancho de Fox.

Mientras los medios y la clase política se muestran preocupados porque la "invasión" de braceros vulneraría la seguridad nacional al afectar a la familia del Presidente de la República, poco se preocupan por la larga serie de desatinos del Congreso y del gobierno federal ante la demanda de justicia social pendiente.

El fondo del asunto, apunta Eliana García, diputada integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migrantes de la Cámara baja, "es que el Estado debe reconocer la deuda histórica con los ex braceros, ya que se originó en un acuerdo internacional. El problema es que el gobierno considera esa deuda impagable pero no ofrece alternativas".

"No permitiremos que se quiera remplazar nuestros derechos con propuestas asistencialistas. No se trata sólo de dinero, sino de dignidad", señaló por su parte Everardo Martínez, de la Asamblea de ex Braceros (ANB).

El movimiento de los braceros

El movimiento bracero comenzó a organizarse desde 1998 y actualmente existen tres organizaciones principales, El Braceroproa, encabezado por Ventura Gutiérrez, el Comité Lucha y Organización Social, cuyo líder es Baldomero Capiz, y la Asamblea Nacional de Ex Braceros, donde destaca Luz Rivera.

A raíz de la irrupción en la propiedad de la familia Fox han aparecido otros líderes de braceros, que no pueden ocultar su carácter oportunista, como es el caso de la CNC del PRI y la UGOCEM, que buscan montarse en la causa para lucrar políticamente con ella.

En el caso de Braceroproa de Ventura Gutiérrez, que puede considerarse la organización con más tiempo y mayor presencia (tiene afiliados en México y Estados Unidos y declara que agrupa a 100 mil braceros).

Braceroproa ha sido el principal interlocutor con el gobierno federal y el Congreso. Las últimas reuniones con Gobernación las tuvieron el 16 y el 27 de enero pasados, donde abordaron la incorporación de los ex braceros al programa IMSS Oportunidades, el de la tercera edad de Sedeso y la tramitación de visas humanitarias. Ante esta organización, Gobernación acordó la inscripción en el padrón de sus afiliados sin cubrir los requisitos y el pago mediante el fideicomiso propuesto. Por eso llama tanto la atención que a raíz de la protesta en Guanajuato, Creel se comportara como si no supieran quiénes son. De hecho, en la última reunión con esa dependencia advirtieron de su movilización de protesta.

Esta organización está de acuerdo con el fideicomiso propuesto, "algo hay que conseguirles a los braceros porque están muy viejitos", admite Ventura Gutiérrez, quien es considerado cercano al PRD. De hecho, el incumplimiento del gobierno a sus compromisos lo obligaron a radicalizar sus acciones por la desesperación de la gente, como explica Gilberto Parra, dirigente de Braceroproa en Jalisco.

El desempeño de esta organización no ha estado exento de problemas internos, que incluso llevaron a la ruptura del grupo de Baldomero Capiz. Se ha señalado que Ventura ha cobrado cuotas a los ex braceros; por ejemplo, repartió una "hoja de cobro" entre sus afiliados a razón de 50 pesos. Ventura Gutiérrez es un mexicano que tiene la nacionalidad estadunidense (vive en Estados Unidos).

El Comité Lucha y Organización Social de Baldomero Capiz tiene su base en Los Angeles, California, aunque también tiene presencia en México. Capiz es cercano al PRD, al grado de que esta semana formó un comité en Los Angeles en apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Al romper en mayo pasado con el Braceroproa, acusó a Ventura Gutiérrez de lucrar con el movimiento, pero sus diferencias las llevó a un enfrentamiento el domingo primero de febrero, donde Gutiérrez fue desalojado por la policía angelina de una reunión de ex braceros.

Por su parte, la Asamblea Nacional de Ex Braceros, que representa a unos 8 mil ex braceros de Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, estado de México y Distrito Federal.

Luz Rivera explica: "Somos una asamblea horizontal, no una organización vertical, eso cuesta más trabajo para organizarse y para movilizarse, pero así creemos que los braceros participan de todo el proceso de toma de decisiones".

La ANB le propuso al Ejecutivo convocar a un diálogo nacional entre el gobierno, todas las organizaciones los ex braceros y todo aquellos interesados en el tema, y que de ahí salga una propuesta de ley para el Congreso de la Unión. "No queremos negociaciones reservadas entre líderes y autoridades, queremos eliminar cualquier manipulación como se ha dado en algunos casos. Lo ocurrido en el rancho de la familia Fox es responsabilidad del gobierno por crear falsas expectativas que no cumplió y eso molestó a la gente", declaró Luz Rivera, representante de la ANB.

Este lunes próximo se presentará la propuesta de diálogo nacional y esperarán la respuesta del gobierno.