Mapuches
Los rehenes
del Estado chileno
Pedro Cayuqueo
Kolectivo Lientur
Desde el resurgimiento de las movilizaciones del pueblo mapuche en el sur de Chile en 1999, cientos de hombres, mujeres, ancianos y niños han pasado por las cárceles de la democracia chilena, acusados de delitos contra el orden público, usurpación de tierras, sabotajes a empresas transnacionales y de constituir organizaciones de carácter "terrorista". Por lo menos 400 mapuches son procesados por la justicia chilena, la mayoría de ellos campesinos que luchan por recuperar territorios usurpados por el Ejército chileno y hoy en manos de transnacionales forestales y energéticas.
Comunidades, organizaciones tradicionales de base y representantes, son víctimas de un sistema penal muy racista y persecutorio que Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos denuncian por violar las garantías mínimas del debido proceso y la presunción de inocencia. Actualmente, 16 mapuches cumplen condenas en diversos penales chilenos, la mayoría acusados de acciones "terroristas" por el Ministerio Público de La Araucanía. El pueblo mapuche los reivindica como "prisioneros políticos".
En la cárcel de Concepción están recluidos los werkenes (voceros) del pueblo mapuche Víctor Ancalaf Llaupe (condenado a 10 años de cárcel), José Huenchunao Mariñan y Héctor Llaitul Carillanca; en la cárcel de Lebu, Juan Carlos Arriagada Fren; en la cárcel de Angol, Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, Luis Amable Catrimil Huenupe, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Francisco Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles; en la cárcel de Traiguén, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin Catriman (ambos condenados por "amenaza terrorista" a 5 años de cárcel); y en la cárcel de Temuco, Mireya Figueroa Araneda (acusada de "asociación ilícita terrorista" e "incendio").
A ellos se suman más de un centenar de mapuches condenados por la justicia chilena en los últimos tres años. Varios miembros del movimiento mapuche son hoy prófugos de la justicia. Haciendo caso omiso del legítimo reclamo mapuche por recuperar sus derechos políticos y territoriales, las autoridades de la Concertación gobiernista optaron por aplicar severos cuerpos legales, heredados en su mayoría de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Tal es el caso de los lonkos (jefes) Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin, y de los werkenes Víctor Ancalaf Llaupe y José Huenchunao Mariñan, especialmente perseguidos por las autoridades bajo la Ley que sanciona "conductas terroristas" desde 1984, fecha en que fue creada por la dictadura militar para perseguir y "aniquilar" a opositores políticos.
Pascual Pichún Paillalao es lonko de la comunidad Antonio Ñiripil, sector de Temulemu, comuna de Traiguén. Participó en la ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi de la Forestal Transnacional Mininco sa., en diciembre de 1998, reclamando derechos ancestrales sobre ese territorio con otras tres comunidades. Pichún fue la cara visible de un prolongado conflicto que desembocó --ante la negativa de las autoridades a resolver las demandas mapuches-- en fuertes enfrentamientos y la total militarización de la zona.
Tras dos años de resistencia y cuando las comunidades habían logrado expulsar a la empresa forestal, las autoridades y los tribunales de justicia acusaron al lonko de un atentado incendiario que, en diciembre de 2001, redujo a escombros la hacienda patronal de Juan Agustín Figueroa, latifundista vecino de la comunidad, ex ministro de la Concertación, influyente abogado y miembro del Tribunal Constitucional de la República. Pichún fue encarcelado por un año, y después la justicia lo declaró "inocente" de los cargos de "terrorismo". Sin embargo, las presiones ejercidas por Juan Agustín Figueroa lograron se anulara la sentencia, y en septiembre de 2003 fue encontrado culpable del delito de "amenaza". Tras un segundo juicio plagado de irregularidades, Pichún fue condenado a 5 años de cárcel.
Aniceto Norin Catriman es lonko de la comunidad Lorenzo Lorin, sector Didaico, comuna de Traiguén. Con Pichún, encabezó la ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi; fue arrestado en varias ocasiones por la policía y condenado a 3 años de cárcel por "usurpación de tierras". Norin fue acusado más tarde de ser uno de los autores materiales del incendio que afectó en diciembre del año 2001 la hacienda patronal del Fundo Nancahue, y de otros siniestros que afectaron en igual fecha el Fundo San Gregorio. Norin permaneció un año en prisión, antes de ser declarado inocente. En un segundo juicio, fue encontrado culpable de "amenazas terroristas" contra los propietarios de ambos predios y condenado a 5 años de cárcel.
Víctor Ancalaf Llaupe es werken de la comunidad Choin Lafkenche, en el sector San Jorge, comuna de Collipulli.
En 1998, con otros dirigentes de Arauco y Malleco, fundó la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). Entre 1998 y 2000, Ancalaf encabezó recuperaciones de tierras en varias zonas del Wallmapu e impulsó en las comunidades la ocupación efectiva de predios para presionar al gobierno y a las empresas forestales a devolverlos. Fue encarcelado varias veces, acusado de delitos contra el orden público y daños a la propiedad privada, sin que se pudieran probar tales cargos.
En 2001, Víctor Ancalaf permaneció siete meses encarcelado en Temuco, acusado de "secuestrar" a un ministro de la Corte de Apelaciones, en una movilización pacífica que exigía, mediante la ocupación temporal de un tribunal comunal, la liberación de numerosos presos políticos mapuches. Una vez recobrada su libertad provisoria y retirado de su organización, Ancalaf participó en la defensa del territorio pehuenche amenazado por la construcción de represas hidroeléctricas en el Alto Bio-Bio, proyecto impulsado por la transnacional Endesa-España y el gobierno chileno. Ancalaf fue acusado de "atentados terroristas" y arrestado en abril de 2002. Este 2 de enero se le condenó a 10 años de cárcel.
José Huenchunao Mariñan es werken cofundador de la CAM. Entre 1995 y 1999 organizó a las comunidades lafkenche de Arauco, en las inmediaciones del lago Lleu-Lleu. Participó en las movilizaciones mapuches en el sector costero de Arauco, y fue acusado infundadamente de promover desórdenes públicos y ocupaciones de tierras.
Fue detenido en noviembre de 2002 en un operativo policial en Tirúa, tras la ilegalización de la CAM decretada por los tribunales. Desde esa fecha, José Huenchunao se encuentra recluido en la cárcel El Manzano de Concepción, acusado de "asociación ilícita terrorista".