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México D.F. Viernes 20 de febrero de 2004

El coordinador panista está acusado de fraude y otros delitos en Chihuahua

Barrio debe buscar en el PAN quién inició el fuego amigo en su contra: PRI

CIRO PEREZ SILVA

El PRI "haría lo necesario", si se inicia en la Cámara de Diputados un juicio de desafuero en contra del coordinador de la fracción del PAN en San Lázaro, Francisco Barrio Terrazas, para que responda a las acusaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude, peculado, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones durante su gestión en el gobierno de Chihuahua.

En nombre de ese instituto político, el diputado federal Omar Bazán enfatizó que no han sido su partido ni su bancada los que promovieron esas acusaciones en contra del ex gobernador de Chihuahua. Añadió que, en todo caso, Barrio Terrazas no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, censuró la "muy lamentable actuación" del ex mandatario en vísperas de las elecciones para renovar el gobierno estatal.

De acuerdo con Bazán, Barrio Terrazas ha buscado "evadir su responsabilidad en el caso y ha intentando desviar la atención pública y política sobre su persona por la actuación que como gobernador tuvo en Chihuahua. Absurdamente, y totalmente alejado de la verdad, trata de responsabilizar al gobernador Patricio Martínez García de la reconsideración que hiciera hace unos días la Procuraduría General de la República respecto a la demanda que pesa en su contra".

Fuego amigo en AN

"Sería conveniente que el legislador volteara hacia su partido y reconociera entre sus propias filas quién inició el fuego amigo y quién lo está utilizando en su contra, aunque es obvio que resulta más fácil y cómodo equivocar el camino", manifestó.

Bazán destacó el carácter de litigante independiente de José Reyes Peralta y de la demandante, María Blanca Josefina Franco Carrasco, en el proceso contra Barrio Terrazas.

"Es del conocimiento total de Francisco Javier Barrio Terrazas que, con fecha del 13 de febrero de 2003, ejerciendo la facultad de atracción, se turnó la indagatoria del caso a la Dirección General del Ministerio Público Federal especializado B, por instrucciones de Carlos Javier Vega, funcionario de la Procuraduría General de la República, y sigue quedando claro que el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua dista mucho de intervenir para ejercitar cualquier tipo de movimiento en el caso. Eso tampoco lo ignora el actual diputado, más aún cuando fue titular del poder en referencia y ahora aduce un trasfondo político", insistió.

-Si hubiera una solicitud de desafuero, Ƒustedes la apoyarían? -se le preguntó.

-Haríamos lo que nos ordene el Ministerio Público -respondió el legislador federal.

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