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México D.F. Martes 24 de febrero de 2004

Gómez Robledo descarta que sean exonerados; "en todo caso se pedirá reponer los procesos"

Prevén respuesta positiva de la CIJ sobre mexicanos condenados a muerte en EU

VICTOR BALLINAS

El embajador Juan Manuel Gómez Robledo y agente del gobierno de México ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), manifestó ayer ante senadores de la República que es difícil adelantar vísperas sobre la resolución de la CIJ sobre los casos de mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, pero aun cuando la decisión fuera favorable para México, "no significa que serán exonerados o anulados sus juicios, pues en todo caso se obligaría a Estados Unidos a reponer el procedimiento".

Al asistir ayer a una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, Silvia Hernández; y los senadores César Jauregui, del PAN; Miguel Zadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado; los priístas César Camacho Quiroz, Genaro Borrego y Lucero Saldaña, entre otros, Gómez Robledo hizo una exposición de lo que se podría esperar como resolución de la CIJ, y destacó que sin duda alguna "buscará dar respuesta a los planteamientos de México".

Hizo mención de que por primera vez la CIJ va a poder apreciar la "reparación" a la que tendrán derecho los mexicanos condenados a la pena de muerte.

En un caso muy reciente, subrayó el también consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Corte Internacional ya ordenó la anulación de una orden de arresto contra un cónsul del Congo. Sin embargo, insistió que cualquier decisión favorable para el país no significará la exoneración de los connacionales; en todo caso, afirmó, se obligaría a Estados Unidos a reponer los procedimientos partiendo de cero, es decir, los acusados tendrían ahora la asistencia consular, aunque tampoco la decisión de la Corte será igual para todos los casos.

El senador Sánchez Carreño dijo al embajador que de ninguna manera debe confundirse que México solicita la impunidad o el perdón para conductas que puedan tener una responsabilidad penal, pero que se plantee en el ámbito internacional que en los 52 casos de mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos no se ha tenido el debido proceso ni las garan-tías de defensa adecuada.

Asimismo, Sánchez Carreño pidió al embajador comunicar al canciller, que así como se tiene el programa de defensa de mexicanos sentenciados a muerte, se haga un diagnóstico para que se atiendan de manera preventiva los 102 casos de procesados en aquel país.

En la reunión también estuvo presente la abogada consejera del gobierno mexicano ante la CIJ, Sandra Babcock, quien manifestó que aun cuando la decisión de la corte favorezca al país, se deben tener presente casos como Texas, estado que, con el pretexto de su autonomía y soberanía, podría aplicar la pena de muerte pasando por alto la resolución de la CIJ

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