Los disidentes incumplieron oferta de más pruebas

González Martínez se queja de Creel ante el ombudsman

Descrédito del PVEM, objetivo de Bucareli: el senador

CIRO PEREZ SILVA

El presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja contra el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, por su presunta intromisión en la vida de ese instituto político con el propósito de que "entre en conflictos internos o cometa acciones ilegales o violentas que provoquen su descrédito público".

De acuerdo con el propio González Martínez, el texto entregado ayer al director general de quejas de la CNDH, Andrés Calero, "es bastante posible que proceda" y aclare hasta qué punto el responsable de la política interna del país "interviene" en la vida de los partidos. Adelantó además que en este trance ha recibido apoyo de la dirigencia y gobernadores del PRI.

Mientras tanto, los disidentes del PVEM no convocaron a la conferencia de prensa ofrecida para mostrar nuevas pruebas contra el dirigente verde, aunque en diversos medios electrónicos Santiago León, responsable de la videocinta que exhibe a González Martínez en un acto de corrupción, se refirió a dichas pruebas.

Mencionó que el presidente pevemista vive en una casa cuyas escrituras estarían registradas en favor de un prestanombre y que de los recursos para este partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se desviaban mensualmente hasta 750 mil pesos en cheques cuyo destinataria es Erika Bautista, ama de llaves del propio senador verde.

Se apareció el inflitrado

González Martínez acudió a la CNDH acompañado por Omar Núñez, contador del PVEM que a su vez era un infiltrado en el grupo disidente. Previo acuerdo con el dirigente nacional de ese partido, el personaje grabó una conversación en la que interviene Santiago León, quien garantiza al contador el apoyo de Gobernación para exhibir al Niño Verde.

Justamente esta grabación telefónica es la "prueba fundamental" para sustentar la queja que González Martínez presentó ante la CNDH, que se espera sea resuelta en un plazo de 15 días.

En el documento el dirigente del Partido Verde asegura que desde hace dos años Creel Miranda y diversos funcionarios dependientes jerárquicamente de éste "han tratado de vulnerar la legalidad" en perjuicio del PVEM.

"Gobernación ha utilizado a militantes y ex militantes, así como a terceras personas ajenas al PVEM, con la finalidad de realizar cambios en el orden interno con métodos antijurídicos y violentos", sostiene el documento entregado ayer a la CNDH, y agrega que desde hace algunos meses Bucareli mantiene una campaña de ataques directos, como espionaje telefónico y divulgación de hechos falsos, "que nos causan deshonra, descrédito" y son "de imposible reparación".

Poco antes de que González Martínez presentara su queja, Francisco de Paula León Olea, padre de Santiago León, distribuyó una carta en la que rechaza la vinculación que el dirigente del PVEM establece en la realización de la videocinta de referencia, a partir de las actividades empresariales de León Olea y Luis Lara Braun, personaje este último a quien el senador verde le sugiere el pago de 2 millones de dólares por sus servicios como intermediario en la consecución de permisos de construcción.

Niega por tanto que Lara Braun sea su socio, como lo asegura González Martínez, o que detrás de la preparación de la videocinta estén el gobierno de Vicente Fox o la Secretaría de Gobernación.

Al cierre de la edición la disidencia del PVEM no había presentado ante la Procuraduría General de la República la denuncia de hechos que anunció desde el pasado lunes.

Tampoco exhibió las pruebas que avalan los señalamientos en el sentido de desvío de recursos desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en favor del ama de llaves del dirigente de los verdes, ni las evidencias sobre el supuesto uso de prestanombres por parte del senador González Martínez.

De hecho los disidentes prácticamente desaparecieron y a pesar de la insistencia no fue posible obtener de ellos algún indicio respecto a la fecha en la que podrían entregar las pruebas adicionales contra su dirigente partidista.