Preparan disidentes otro golpe de Estado: Rangel

Desconocen opositores venezolanos "la autoridad política y moral" del CNE

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 25 de febrero. La oposición política venezolana intenta promover un nuevo golpe de Estado al desconocer al órgano electoral que puso en observación más de un millón de firmas para impulsar un referendo en contra del presidente Hugo Chávez, denunció hoy el vicepresidente José Vicente Rangel.

"Responsablemente, alerto a los venezolanos sobre la operación que está en marcha contra la democracia y solicito tanto al Centro Carter como a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se pronuncien sobre el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la oposición", sostuvo.

La oposición anunció desde la noche del martes que "desconocemos la autoridad institucional, política y moral de la mayoría oficialista en el CNE, que se ha colocado de espalda a la Constitución y al pueblo", y anunció que emprenderá una serie de protestas pacíficas y masivas para denunciar ante la comunidad internacional esta situación.

La reacción opositora ocurrió después de que el rector del CNE, Jorge Rodríguez, aseveró que el organismo tiene una "duda razonable" sobre las firmas contenidas en 148 mil plantillas solicitantes de referéndum contra Chávez, que suman 1.4 millones de firmas y equivalen a 40 por ciento del total.

El organismo basa su decisión en el artículo 22 del reglamento respectivo, que reza que "la solicitud de convocatoria de referendo es un acto personalísimo, por lo que no se admitirá poder de representación o autorización para firmar por otro".

Además, se menciona el artículo 64 que otorga al CNE la potestad de resolver las dudas que sobre el reglamento se presentan. Y el problema aquí es que el llenado de las formas fue hecho por una misma persona, como lo indica la caligrafía.

Para el CNE, el "acto personalísimo" incluye el llenado de los renglones. Subrayó que toda la propaganda del organismo sobre la recolección de firmas en diciembre pasado y los instructivos dados a recolectores y observadores así lo decían explícitamente: que cada firmante debía llenar los datos y que las excepciones deberían anotarse como en casos de minusválidos, ancianos, y analfabetas.

La decisión, que afectará la fecha del 29 de febrero, cuando se iba a dar a conocer si habrá o no referendos, debido a un aplazamiento por otros cinco días para comprobar las firmas, fue adoptada en el CNE por tres votos contra dos. Quienes votaron en contra dijeron que la cita "personalísimo" se refería sólo a la firma y huella dactilar.

Mientras la oposición dijo que ahora se daba "un golpe de Estado contra la Constitución y la soberanía popular", y que el gobierno perdía así su "precaria legitimidad", el vicepresidente Rangel afirmó que los líderes de la oposición pretenden repetir el intento golpista de abril de 2002, cuando expulsaron del poder a Chávez durante 48 horas, y el paro petrolero de diciembre siguiente, que duró dos meses.

Apuntó que la oposición puso en marcha una operación a "todas luces fraudulenta" para promover el referendo, y que una vez que "fue puesta en evidencia arremete contra el supremo garante del proceso, el CNE". Sin embargo, defendió la decisión del órgano electoral como "impecable desde el punto de vista jurídico y procesal" porque se busca aclarar una serie de dudas sobre las firmas.

La opositora alianza Coordinadora Democrática, que al principio dijo que desconocía la decisión del organismo, no descartó más tarde que evaluaría si llamaría de nuevo a los electores de las plantillas denunciadas a que vuelvan a firmar en un lapso de cinco días.

La OEA y el Centro Carter sugirieron al CNE de Venezuela analizar por muestreo la veracidad de las firmas en reparo. A su vez, el Departamento de Estado denunció que el gobierno de Chávez aumentó la presión contra la prensa y otros sectores opositores, en su informe sobre derechos humanos en el mundo en 2003.