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México D.F. Domingo 29 de febrero de 2004

Debe crearse un código de ética para las cámaras, declaran representantes de PAN y PRD

Urgen leyes para evitar corrupción en el Congreso, afirman senadores

La actual coyuntura obliga a cambiar la Constitución para regular conducta de legisladores, dicen

ANDREA BECERRIL

Legislar para impedir tráfico de influencias, conflictos de intereses y otras corruptelas debe ser uno de los temas centrales de la agenda del Congreso de la Unión para el periodo de sesiones que comienza el 15 de marzo, consideraron senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Los panistas Luisa María Calderón y César Jáuregui y los perredistas Raymundo Cárdenas y Jesús Ortega coincidieron en que la coyuntura actual "luego del escándalo" desatado por el presunto soborno que negoció el senador y presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, obliga a llevar a cabo las reformas necesarias, incluso a nivel constitucional, con el propósito de garantizar una conducta proba de los integrantes del Congreso y erradicar la impunidad actual.

En entrevistas por separado, los cuatro legisladores expresaron que es momento de concretar una reforma integral para modernizar y fortalecer el trabajo en el Congreso, que incluiría modificaciones constitucionales y cambios a leyes secundarias, como son la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y el reglamento interno de ambas cámaras.

"Es hora de que el Senado cuente con un código de ética parlamentaria; similar al que tiene el Congreso brasileño, que permita separar de sus labores inmediatamente a un legislador involucrado en actos de corrupción", comentó el perredista Ortega.

De hecho, dijeron, hay más de 10 iniciativas congeladas desde hace tiempo en el Senado, una de ellas es la que presentó en 2002 la senadora del PAN Luisa María Calderón, donde se plantea reformar la Constitución para que se prohíba a los legisladores realizar actividades lucrativas mientras desempeñan el cargo para el que fueron electos.

Esa iniciativa la presentó Calderón cuando se discutía el caso de su coordinador parlamentario, Diego Fernández de Cevallos, envuelto en un escándalo por haber ganado un juicio por mil 200 millones de pesos a la Secretaría de la Reforma Agraria. La intención de la propuesta de reforma constitucional de la senadora panista es evitar que un legislador pueda litigar mientras ejercen el cargo para el que fue electo.

Otro panista, César Jáuregui, presentó una propuesta encaminada también a evitar el conflicto de intereses, tráfico de influencias y enriquecimiento indebido, pero sólo mediante modificaciones al reglamento del Congreso, ya que plantea que tanto diputados como senadores den a conocer -al igual que su declaración patrimonial- todos sus intereses económicos.

Jáuregui sostuvo que hay consenso entre las fuerzas políticas para avanzar en esa reforma integral del Congreso. "Existe, incluso, un compromiso con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para legislar en torno a 20 puntos que tienen que ver con la ética de los senadores, pero también con medidas que permitan mayor calidad y eficacia en el trabajo parlamentario".

El panista es autor de una propuesta de reforma del reglamento del Congreso que incluye el endurecimiento de las medidas disciplinarias para evitar el ausentismo de los senadores a las sesiones. "Es un ordenamiento que data de hace casi 150 años y que fue hecho cuando los legisladores debían trasladarse hasta en mulas para llegar a la capital del país, pero ya no es así".

Ortega, a su vez, advirtió que diputados y senadores no pueden estar al margen de los dictados constitucionales y las sedes camarales no pueden ser consideradas cotos de excepción. De ahí que, sin desaparecer el fuero constitucional, es urgente llevar a cabo modificaciones a la Carta Magna y a las leyes secundarias que obliguen de manera clara a los legisladores a responder por sus actos y omisiones.

"Hay una coyuntura interesante. Seguramente en este periodo vamos a abordar el tema de la reforma política electoral, los trabajos están muy avanzados y hay una gran conciencia colectiva de que tenemos que regular el uso del dinero en la política para efectos electorales. De una vez regulemos el uso de la política para todo efecto. Aquí se podría abrir el espacio para legislar rápidamente un capítulo especial, ya sea de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en el Cofipe o en el reglamento del Congreso para de una vez puntualizar los temas que más hacen daño", afirmó el senador.

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