De acuerdo con la información disponible, y tomando en cuenta los antecedentes golpistas de la política exterior estadunidense en América Latina, la salida del poder del ex presidente Jean Bertrand Aristide fue provocada por un golpe de Estado urdido en las esferas del poder de Washington, en el cual participaron el embajador estadunidense en Puerto Príncipe, James Foley; el secretario de Estado, Colin Powell; el presidente George W. Bush; el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y la consejera presidencial de Seguridad, Condoleezza Rice. Según su propio testimonio, Aristide fue secuestrado en su residencia, en la noche del sábado al domingo, por efectivos militares estadunidenses; obligado a abordar, en compañía de su familia, un avión enviado por Rumsfeld horas antes, y trasladado a la República Centroafricana, donde permanecía, hasta ayer, bajo custodia de efectivos franceses y centroafricanos, en un régimen parecido al arresto. El relato concuerda con las operaciones injerencistas tradicionales lanzadas por Estados Unidos en diversas naciones del hemisferio a lo largo del siglo pasado, con el intervencionismo evidente con que la Casa Blanca venía operando ante la crisis haitiana y con la manifiesta antipatía del gobierno republicano de Bush hacia el ex cura salesiano. En retrospectiva y a la luz del golpe de Estado urdido a la postre por Washington, ahora puede adivinarse quién armó, financió y dirigió a los ex tonton macoutes que se sublevaron contra Aristide y crearon las condiciones para la incursión de los marines.

Ciertamente, Aristide dista mucho de haber sido un buen mandatario, y sería improcedente desconocer los múltiples señalamientos sobre su tendencia a la corrupción, su manera facciosa de ejercer el poder, sus alianzas con los remanentes paramilitares del duvalierismo, sus maniobras antidemocráticas, las violaciones a los derechos humanos perpetradas por su gobierno y su ceguera ante el desastre social y económico del que nunca ha salido la sociedad haitiana. Pero los errores y las ilegalidades cometidas por el ex presidente del país más pobre del hemisferio empequeñecen ante la criminal injerencia de Washington en la nación caribeña, intervención injustificable, violatoria de la constitucionalidad de Haití, de la legalidad internacional y hasta de las normas legales vigentes en Estados Unidos.

No debe perderse de vista que la activa participación del gobierno de Bush en este nuevo episodio trágico de la primera república negra del mundo no va a beneficiar en nada a los haitianos, porque, si el régimen de Aristide era indefendible, lo que puede esperarse de los paramilitares y asesinos que ayer entraron en desfile triunfal en Puerto Príncipe, con la venia de los marines enviados por el Pentágono, es llanamente aterrador: la perspectiva que se abre ahora, con todo y la bendición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de Francia, Canadá y la Unión Europea, es la recomposición de un duvalierismo golpista no menos corrupto que los gobiernos de Lavalas, pero sí mucho más sangriento, autoritario e intolerante.

No puede dejar de mencionarse la grave responsabilidad que atañe al gobierno de Francia en este atropello injustificable al derecho de los haitianos a la autodeterminación. Da la impresión que el gobierno de Jacques Chirac ha encontrado, al asociarse con Bush en esta aventura injerencista en su ex colonia, una vía de reconciliación con Estados Unidos para superar las diferencias surgidas entre ambos países a raíz de la guerra contra Irak emprendida por Washington.

Los haitianos merecen, sin duda, la más amplia cooperación internacional y la asistencia en materia económica, social y política, pero antes que nada tienen derecho a ejercer su soberanía nacional, y ésta debe ser restituida de inmediato.