Detectó Hacienda en Capufe pagos excesivos por casi 300 millones de pesos en 2003

Sector público federal, con el peor grado de corrupción en 20 años

La calificación para México se redujo de 3 a 2.5 entre 2001 y 2004

Prevalece la discrecionalidad al ejercer el poder: BBVA Bancomer

VICTOR CARDOSO Y JUAN A. ZUÑIGA

Durante el gobierno del presidente Vicente Fox el sector público mexicano ha obtenido las peores calificaciones en materia de corrupción desde 1984, indican informes de la Guía Internacional de Riesgo País, difundidos por el grupo financiero BBVA-Bancomer.

En una escala de percepción, en la cual la proximidad a cero indica mayor corrupción y seis una menor presencia de este fenómeno, la calificación para México se redujo de 3 a 2.5 entre enero de 2001 y el mismo mes de 2004, el peor nivel de descomposición en la gestión pública en las últimas dos décadas.

De acuerdo con un análisis sobre la corrupción en México, BBVA Bancomer señala que este fenómeno persiste porque sus causas se mantienen vigentes y menciona como ejemplo que en 2002 sólo 10 por ciento de las auditorías y revisiones realizadas por la Secretaría de la Función Pública concluyeron con sanciones administrativas, mientras del total de denuncias únicamente 1.2 por ciento fue de orden penal.

De mal en peor

En su último informe económico, correspondiente a marzo, BBVA Bancomer edita el análisis La corrupción en el mundo y en su capítulo correspondiente a México señala que en una escala de cero (mayor corrupción) a seis (menor corrupción) la calificación promedio para el país entre 1984 y 1993 fue de 3 puntos, mientras para el periodo 1994-2000 la evaluación fue de 2.7 unidades; es decir por debajo de la mitad de esta escala de medición perceptiva. Pero a partir de 2001 y a la fecha la evaluación "empeoró al reducirse a 2.5" unidades.

El grupo financiero, que acaba de comprar la totalidad de las acciones de Bancomer por 4 mil 100 millones de dólares, argumenta que esto se debe a que ''en México la corrupción tiene una larga historia en el sector público, la cual puede remontarse incluso a épocas coloniales''.

Los limitados avances en el combate a la corrupción, afirma el documento, ''se explican por la vigencia de sus causas. El monopolio y la discrecionalidad en el ejercicio del poder del Estado prevalecen: indicadores recientes muestran que, en comparación con otros países, existe sobrerregulación en nuestro país y la protección al estado de derecho es deficiente".

La conclusión a la que llega el grupo financiero BBVA Bancomer es que en México ''la corrupción no es considerada un delito grave por el marco legal y las probabilidades de detención y castigo son bajas".

Fenómeno identificado, pero poco combatido

La práctica de la corrupción en la administración pública federal es un fenómeno conocido, detectado y mensurable. Oficialmente se estima que su impacto económico equivale a casi una décima parte del producto interno bruto; es decir, mueve unos 650 mil millones de pesos al año, monto siete veces superior al presupuesto de ingresos del Gobierno del Distrito Federal para 2004.

En las 205 instituciones de la administración pública federal, según la Secretaría de la Función Pública, se han detectado 2 mil áreas críticas de corrupción en las cuales laboran 206 mil servidores públicos, algo así como 16 por ciento del total de la burocracia y hasta se ha cuantificado en 5 mil 328 las "probables conductas irregulares".

La mayor causa de corrupción identificada por el gobierno es "la posibilidad que tiene un servidor público, dentro de su marco de actuación, de favorecer y perjudicar ilícitamente a un particular". Le siguen las "acciones u omisiones conscientes para beneficiar o perjudicar a una o más personas". La tercera causa se refiere al contubernio entre servidores públicos o entre éstos y los interesados, y la cuarta corresponde a la posibilidad de un servidor público de negociar condiciones en la autorización de un trámite o servicio.

Una computadora costó $6.6 millones

VICTOR CARDOSO Y JUAN A. ZUÑIGA

Compras de equipos y contratos de servicios realizados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos (Capufe) en 2003 por un total de 297 millones de pesos muestran casos de pagos excesivos y operaciones poco claras realizados por ese organismo en el ejercicio presupuestal del año pasado.

Documentos de la Secretaría de Hacienda donde se reportan las contrataciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios hechas por Capufe, al último trimestre de 2003, señalan que este organismo, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó operaciones aparentemente irregulares y con proveedores de los que no se presenta mayor identificación.

Por ejemplo, el organismo gastó 6 millones 665 mil 300 pesos en la compra de una computadora a una empresa que aparece con la razón social Guivasa SA de CV.

Otras operaciones que levantan suspicacia son las compras de vehículos automotores. No es extraño que una flotilla de 26 automóviles Astra le haya costado a Capufe 4 millones 297 mil 900 pesos, un promedio de 165 mil pesos cada uno.

A esto se agrega la adquisición de una ''camioneta cerrada'' de la que no se precisan marca ni características, por la cual se pagaron 3 millones 480 mil pesos, el equivalente a 21 automóviles, a un proveedor con razón social Adaptaciones Tecnológicas SA de CV.

Otras compras son las de ocho ambulancias de urgencia equipadas que costaron 4 millones 278 mil pesos, casi 535 mil pesos cada una, mientras 10 camiones de volteo comprados a la Ferretería Zapata costaron 4 millones 125 mil pesos, 412 mil 500 pesos en promedio cada uno.

Con base en los reportes entregados a Hacienda, otras operaciones poco claras son la compra de una ''torre de auxilio vial integral'' a 15 millones 419 mil pesos adquirida a Distribuidora de Maquinaria del Sur y contratos de compra de "materia prima" por un total de 24.5 millones de pesos con diversos proveedores.

Asimismo llaman la atención contratos con el gobierno del estado de Veracruz por diversos servicios, que en total sumaron 2 millones 962 mil 900 pesos. Uno fue para "vigilancia de la pc-16", por un millón 210 mil 100 pesos; otro "contrato de vigilancia para conservación Minatitlán", por 375 mil 500 pesos; el "contrato de vigilancia para la pc-28" por un millón 72 mil 700 pesos; "contrato de servicio de mantto. Preventivo correctivo a relojes checadores handkey" por 33 mil 300 pesos y otro de "Mantto. Preventivo y correctivo de maquinaria pesada", por 271 mil 300 pesos.

Pero eso sí, para hacer más transparentes sus operaciones de gasto Capufe incluyó en su reporte el pago de un millón 256 mil pesos a la empresa Informática Aplicada a la Administración SA de CV, por concepto de "auditoría externa de estados financieros".