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México D.F. Jueves 11 de marzo de 2004

Aumentaron las penas por el delito de difamación, señalan

Periodistas denuncian ante relator ley mordaza en Chiapas

Los cambios afectan a la libertad de expresión, sostienen

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 10 de marzo. Decenas de periodistas de Chiapas y otros estados del país enviaron hoy una queja al relator especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ambeyi Ligabo, por las reformas y adiciones al Código Penal de esta entidad en materia de delitos contra el honor, que atentarían contra la libertad de expresión de los trabajadores de los medios de comunicación.

marcha_periodistas_02En el documento dirigido al relator Ambeyi Ligabo, los comunicadores le piden su mediación y que haga un exhorto al gobierno estatal, ya que en Chiapas, contrario a los postulados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos, se han impuesto -a propuesta del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía- las sanciones de multa y prisión más altas del país para castigar los delitos de difamación y calumnia.

Las reformas en cuestión pasaron a la controversia por la presunta comisión de delitos como la calumnia y difamación, del ámbito civil al penal, estableciéndose penas de "prisión de tres a nueve años y multa de 100 a mil días de salario mínimo vigente en la entidad".

En la misiva explican que otra serie de adiciones al Código Penal chiapaneco estipulan medidas condenatorias, no sólo a los que difamen o calumnien, sino a los dueños de los medios de comunicación por medio del cual se realizaron esas denuncias, normalmente contra servidores públicos.

Argumentan que tales reformas al Código Penal son atentatorias a los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Es decir, violan los articulados que son parámetro del derecho internacional, referidos a la libertad de expresión, información y opinión, destacan.

En la carta también se apela a la Declaración Conjunta sobre los Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión, signado el 18 de diciembre de 2003.

En esta declaración se expone, entre otras cuestiones, que "no deben existir restricciones legales en relación con quienes pueden ejercer el periodismo".

La carta esta firmada por al menos 80 periodistas de varias entidades del país, así como organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, de la libertad de prensa, expresión, información u opinión, así como la asociación civil Libertad de Información-México.

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