Condicionó al empresario para estar en su defensa

Acepta Fernández de Cevallos que trabaja para Carlos Ahumada Kurtz

DE LA REDACCION

La ratificación del abogado Juan Collado como defensor del empresario prófugo Carlos Ahumada Kurtz en el caso de la orden de aprehensión que se libró en su contra por el fraude cometido contra la delegación Gustavo A. Madero, y la aceptación del senador Diego Fernández de Cevallos de que conoció -varios días antes de su difusión- los videos que involucran a algunos perredistas en actos de corrupción y de su compromiso de participar también en el apoyo legal al dueño del Grupo Quart, desprenden el diseño de una estrategia para obtener de la exhibición de las cintas una doble ganancia: política y mediática.

Diversas fuentes consultadas en el gobierno y en los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) sostienen esa línea que llega, inclusive, hasta el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda -quien, según se dice, dentro de su partido cuenta con todo el respaldo de Fernández de Cevallos en sus aspiraciones presidenciales-, y al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, amigo del senador panista y del abogado Collado, quien representó a Raúl Salinas de Gortari en algunos de los procesos que enfrentó y que este mismo viernes acudió a Toluca como invitado al matrimonio civil de Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del ex mandatario e hijo de Raúl.

En este acto, por cierto, Collado informó que interpondrá un amparo directo contra la orden de aprehensión que el juez 11 de lo penal en el Distrito Federal, Casiano Morales García, dictó contra Ahumada Kurtz por su probable participación en el fraude que por más de 31 millones de pesos se cometió en agravio de la delegación Gustavo A. Madero.

Respecto de las versiones que sostienen la participación de Fernández de Cevallos en los preparativos en un plan para atacar directamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en los corrillos de la clase política se dice que al confirmarse que el senador supo del contenido de las videograbaciones de Ahumada, decidió usarlas con un interés que rebasa, con mucho, sus declaradas pretenciones de justicia.

Anoche, en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, el senador Fernández de Cevallos aceptó que Collado le presentó a Ahumada entre "los últimos días de enero y los primeros de febrero" de este año; que el dueño del Grupo Quart se quejó de "extorsión y presiones" de parte de funcionarios del gobierno de la ciudad, y que le mostró "en cuatro, cinco o siete sesiones" videos con imágenes "borrosas" e "inaudibles" de los momentos en que entregaba dinero a los perredistas René Bejarano y Carlos Imaz, entre otros, porque según dijo "hay más".

Inclusive, señaló que hay más políticos "priístas" y "perredistas" que saben de la existencia de esos videos. No precisó por qué los conocen.

Lo que sí negó el panista fue la versión que lo hace aparecer en la diligencia ministerial del 20 de febrero pasado, cuando Ahumada presentó y ratificó su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por "extorsión".

Aquella diligencia se llevó a cabo en el vestíbulo del hotel Presidente Intercontinental a las 11:05 de la mañana -según constancia notarial-; el llamado Jefe Diego aclaró que sí estuvo en el hotel esa misma fecha, pero dos horas antes, para desayunar con el escritor Héctor Aguilar Camín y el empresario Issac Chertorivsky.

Los funcionarios y políticos que comentaron el asunto indican que independientemente de que Fernández de Cevallos no haya estado presente en la actuación ministerial, queda por aclarar lo que ocurrió en el transcurso de esos días en que Ahumada iba y venía -según las declaraciones que por la noche hizo el senador- para mostrar sus videos al panista.

De acuerdo con estas versiones, todas construidas a partir de los hechos y las declaraciones que se han dado a conocer, Fernández de Cevallos no sólo pidió al empresario prófugo nitidez en las grabaciones, sino que le habría condicionado su participación en su defensa a la existencia de un video que involucrara a funcionarios de la administración central del gobierno capitalino en actos de corrupción.

Esta especie la sustentan en que tanto Imaz como Bejarano -se dice que también hay grabaciones con Rosario Robles y Alejandro Encinas- recibieron dinero para las campañas de los candidatos de su partido, y que al ser ésta una práctica común en los procesos electorales en el país, no acreditaban la corrupción que Ahumada Kurtz achacó al gobierno de López Obrador.

El empresario habría revelado entonces a sus "abogados" que el ex secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce, era su "cliente" y que tenía afición por el juego. Y ahí fue cuando empezó a fraguarse el operativo para cazar al ahora ex funcionario prófugo.

Aquí es donde, a decir a algunos de los consultados, la línea llega hasta la Secretaría de Gobernación, toda vez que para seguir y grabar a Ponce en un casino de Las Vegas, se requería de la labor de profesionales. En este caso, dicen que el propio Fernández de Cevallos sugirió a Creel Miranda la conveniencia de que el trabajo fuera encargado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En El Noticiero, Fernández de Cevallos llevó su explicación hasta el 19 de febrero, cuando luego de los "cuatro, cinco o siete" encuentros con Ahumada, éste expide -ante notario público- un poder al senador para ofrecer a las autoridades las pruebas de la corrupción y las extorsiones en que incurrían los funcionarios perredistas.

Si no lo hizo de esa manera, sostuvo, fue porque Ahumada Kurtz sólo se los mostró y nunca se los entregó.

Los funcionarios consultados no descartan, sin embargo, que entre esas "cuatro, cinco o siete sesiones", Fernández de Cevallos tuvo el tiempo suficiente para vender el caso de Ponce a Santiago Creel y preparar la estrategia de la doble ganancia, mediática y política... el diputado Federico Döring sólo habría sido el mensajero del Jefe.

Asegura que José Carreño Carlón también conoció los videos antes de su difusión

López Obrador: se confirmará la participación de Salinas en el complot

Comprensible, la retractación del delegado de la PGR sobre los informes dados a Marcelo Ebrard; "está sujeto a enormes presiones", afirma "Doctrina de la hipocresía" en Gobernación, declara

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Poco a poco se confirmará la participación del ex presidente Carlos Salinas en el escándalo político de corrupción para golpear al Gobierno del Distrito Federal, tal y como evidenció la reunión entre el empresario Carlos Ahumada, el delegado del Cisen en el DF, José Luis Valles, y el senador del PAN, Diego Fernández de Cevallos, aseguró el titular del Ejecutivo capitalino, Andrés Manuel López Obrador, al adelantar como indicio de esta hipótesis que José Carreño Carlón, quien fue vocero del ex mandatario, sabía también de la existencia de los videos antes de que se dieran a conocer.

Aunque aclaró que no cuenta aún con un testimonio firme, dijo que tiene conocimiento de que el pasado 3 de marzo Carreño llegó a su clase en la Universidad Iberoamericana con un televisor portátil y dijo a sus alumnos que verían "algo espectacular".

Esto, antes de que Televisa difundiera el video que llevó el diputado federal del PAN, Federico Döring, donde se muestra al ex líder de la Asamblea Legislativa, René Bejarano recibiendo dinero de Ahumada.

El académico fue director de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el final del periodo de Salinas de Gortari, de 1992 a 1994.

López Obrador consideró comprensible la actitud del delegado de la PGR en el DF, Rolando López Villaseñor, de pretender desmentir las reuniones que sostuvo con el secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, donde le habría hablado sobre el encuentro entre funcionarios de la PGR, el Cisen, Fernández de Cevallos y Ahumada Kurtz, del que se había comprometido a entregan pruebas.

"Estaba muy nervioso, por eso pedí garantías para él, estoy seguro de que está sujeto a fuertes presiones", explicó.

Consideró producto de una "doctrina de la hipocresía" las declaraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien dijo que son falsos los señalamientos sobre la participación de funcionarios federales en un complot contra el GDF.

"Hace una semana -recordó- salió el secretario de Gobernación a decir que no tenían nada que ver. Yo dije: 'que se aguante', luego se desapareció y salió anoche otra vez pidiendo pruebas, pruebas, pruebas. Yo no sé cómo van a la iglesia los domingos, se confiesan, la verdad es que, con todo respeto a los militantes del PAN, los dirigentes de ese partido sostienen la doctrina de la hipocresía".

López Obrador retó también al senador Fernández de Cevallos para que diga toda la verdad sobre el acuerdo que estableció con Ahumada y dé a conocer la información que aseguró está por salir y que pone en evidencia actos de corrupción de altos funcionarios del GDF.

Se defendió también ante los señalamientos de que en su informe del jueves no presentó prueba alguna para demostrar el supuesto complot: "ya estaba preparada la contraofensiva para después de lo que yo iba a decir", argumentó. "Nunca dije que serían pruebas contundentes", agregó, y sugirió que si lo que se esperaba eran videos y escándalo, habría que pedírselos al senador panista.

Incondicionales de Fernández de Cevallos primero exigirán comparecencia

Senadores del PAN impulsan ofensiva para destituir a López Obrador

Sólo plantearlo representaría un despropósito, un exceso, expresa César Jáuregui

ANDREA BECERRIL ENVIADA

Veracruz, Ver., 12 de marzo. El grupo de senadores incondicionales a Diego Fernández de Cevallos decidió exigir la comparecencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, como paso previo a la posibilidad de abrir el proceso de desaparición de poderes en la capital del país.

Aunque hubo voces en el grupo panista reunido aquí, como la de César Jáuregui, experto en materia constitucional, en el sentido de que no existen condiciones para pensar en la destitución de López Obrador y sería un "despropósito, un exceso" plantearlo, los más cercanos al coordinador, como Cecilia Romero, insistieron en que el Senado debe llamar a cuentas al jefe de Gobierno.

Romero adelantó que pedirá que el lunes se reúna la Comisión del Distrito Federal, de la que es integrante, para que se tome el acuerdo de convocar a López Obrador a "una reunión urgente" en el Senado, con el propósito de que explique a los legisladores lo concerniente a esa "mafia" descubierta que "trabaja en el Gobierno del Distrito Federal".

La legisladora repitió los argumentos que usó el jueves Diego Fernández. Dijo que si López Obrador "está libre de culpa podría abonar a que esa mafia fuera desterrada" y señaló que, a su juicio, se están dando los supuestos contenidos en el artículo 122 constitucional, que establece las causales para que el Senado juzgue la posible desaparición de poderes en la capital del país.

"Es muy probable que podamos ya configurar ello, por lo pronto es necesaria la convocatoria al jefe de Gobierno para que asista al Senado", sostuvo Romero.

Sin embargo, Jáuregui advirtió que sería un despropósito, un exceso plantear ahora la destitución de López Obrador, pues mientras haya el compromiso del jefe de Gobierno de combatir y castigar la corrupción en su equipo de trabajo, "no tendríamos nosotros por qué actuar ante una irregularidad".

Lo importante es observar que sí se den las sanciones correspondientes, porque de lo contrario la impunidad será ejemplo negativo que puede incidir en que haya más casos de este tipo, porque se observa que uno puede actuar mal y no hay consecuencias negativas. Sólo que no se ejercieran acciones contra René Bejarano y "los demás malos funcionarios" se podría analizar la posibilidad de aplicar el 122, "pero no creo que sea necesario porque las cosas van caminando".

Juan José Rodríguez Prats consideró que tendrán que valorar cada posibilidad, tanto la contemplada en el artículo 122 como el juicio político contra López Obrador. Para evitar ello, el gobernante debe cambiar de actitud "en lugar de seguir con cortinas de humo, teorías de complots o una barrera que al final de cuentas lo lleve a la complicidad".

El tema dominó la agenda de los senadores panistas durante los dos días en que sostuvieron su encuentro a puerta cerrada en este puerto. El jueves escucharon a su coordinador Fernández de Cevallos explicarles "la batalla" que ha emprendido "para denunciar a la bola de ladrones" del Gobierno del Distrito Federal. Por la noche estuvieron muy atentos al mensaje del perredista, siguieron la emisión radial donde López Obrador planteó el operativo en su contra y en el que participa el senador y litigante.

La mayoría de los 12 senadores que ayer concluyeron el encuentro respaldaron a su coordinador.

-¿Tiene autoridad moral Fernández de Cevallos para convertirse en paladín de la honestidad?

-Absolutamente. Diego está en condición de seguir acompañando la lucha contra la corrupción -respondió el senador Marco Adame. Mientras, su compañero Luis Alberto Rico Samaniego recalcó que en la lucha contra la corrupción los actores son lo de menos. "Si hay culpables, hay que señalarlos y castigarlos."

Los senadores respaldaron a su compañero Gerardo Buganza, candidato a gobernador de la entidad, quien señaló que, pese a los escándalos protagonizados por perredistas debido a las aportaciones del empresario prófugo Carlos Ahumada, él aceptará donativos particulares "que sean de buena fe y sin compromiso alguno".

Dice que revelará nombres de los testigos si el delegado de la PGR interpone denuncia

Ofrece Marcelo Ebrard detalles de sus reuniones con López Villaseñor

"Lo que el gobierno federal planeaba ocultar ya es de todos conocido, eso es lo importante"

AGUSTIN SALGADO

"Las reuniones entre el delegado de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), Marcelo Ebrard Casaubón, se celebraron en dos ocasiones en el restaurante Tezka de la Zona Rosa, una más en el Centro de Control de Confianza de la SSP e incluso en el domicilio particular de López Villaseñor", aseguró en conferencia de prensa el jefe de la policía capitalina.

Después de que el funcionario federal desmintió la existencia de tales encuentros, Ebrard Casaubón refirió que existen testigos de lo acontecido y que, en caso de que López Villaseñor interponga una denuncia contra el titular de la SSP, dará a conocer los nombres de quienes presenciaron las reuniones.

"La primera reunión fue en el restaurante Tezka, el viernes 5, aproximadamente a las 16:45 horas; la segunda fue en Versalles 113, sede del Centro de Control y Confianza de la secretaría y se produjo el mismo día por la noche; la tercera fue en Versalles 47, interior 501, que es el domicilio del licenciado, el domingo 7 a las 22:15, más o menos, y la última fue el día miércoles 10, a las 17:30, también en el restaurante Tezka", abundó.

En el área de reservaciones del restaurante referido, ubicado en Amberes número 78, expresaron que es política del establecimiento no dar a conocer los nombres de sus comensales, pero confirmaron que Ebrard Casaubón es un asiduo cliente suyo.

En el edificio central de la SSP, el jefe policiaco aseguró que el gobierno federal intentó "ocultar la información". Preguntado en torno a la razón por la cual López Villaseñor lo desmintió, dijo: "las cosas se pusieron muy difíciles en la PGR, por la trascendencia que tiene esto".

Afirmó no tener motivo por el cual mentir y que a partir de las declaraciones de López Villaseñor se concluyen dos cosas: primero que el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional sí estuvo presente en la reunión (del 20 de febrero entre el empresario Carlos Ahumada y el senador Diego Fernández de Cevallos) y segundo que los superiores del representante de la PGR estaban enterados.

Por último, Ebrard desestimó que las declaraciones de Rolando López representen un mayor costo para el gobierno capitalino: "los hechos a los que me he referido todos son ciertos, ya son públicos y la información que el gobierno federal planeaba ocultar ya es de todos conocida, eso es lo importante. Muchas gracias".

Acude el ex perredista al Ministerio Público Federal; el empresario envía a sus abogados

Cita a comparecer la Fepade a Bejarano y Ahumada

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En tanto que el perredista René Bejarano Martínez compareció ante el Ministerio Público Federal como inculpado del delito de lavado de dinero, el empresario Carlos Ahumada Kurtz -coacusado de Bejarano en esta indagatoria- sólo envió a sus abogados, mediante los cuales dijo que se presentará hasta que obtenga protección de la justicia federal.

La Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ya giró citatorios de comparecencia para Bejarano y Ahumada, y trascendió que la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero libró un citatorio para el delegado en Tlalpan, Carlos Imaz.

Poco después de las 10 de la mañana, Bejarano arribó a la Unidad contra el Lavado de Dinero para escuchar las constancias ministeriales que lo involucran en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y luego de seis horas informó que solicitó cinco días hábiles para aportar pruebas de su inocencia.

Bejarano fue videograbado recibiendo más de 40 mil dólares que supuestamente se utilizaron en el financiamiento de las campañas de candidatos perredistas en 2003, sin embargo reiteró que fue un "acto de buena fe".

La indagatoria en la que compareció ayer derivó de dos denuncias, una interpuesta el 20 de febrero por Carlos Ahumada y la otra por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal, Florentino Castro.

El ex perredista indicó que se reservó su derecho a declarar, pero que el próximo viernes entregará por escrito la ampliación de su declaración, y el próximo lunes a las 10 de la mañana acudirá ante la Fepade en relación con la investigación por delitos electorales.

Por otra parte, Antonio Collado Mocelo, abogado defensor de Ahumada Kurtz -entre cuyos clientes destacan Raúl Salinas de Gortari, el ex subprocurador general de la República Mario Ruiz Massieu y el ex director de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández-, indicó que trabajará en la elaboración de una solicitud de amparo relativa a la orden de aprehensión que fue librada contra Ahumada Kurtz, acusado de fraude por 31 millones de pesos en agravio del Gobierno del Distrito Federal.

Collado Mocelo se presentó en representación de Ahumada Kurtz ante la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, en respuesta al citatorio que le había sido girado al propietario del Grupo Quart.

Durante una entrevista, Antonio Collado declaró que la Fepade también había citado para ayer viernes a Ahumada Kurtz, pero que el abogado acudió ante el Ministerio Público Federal para pedir que se pospusieran las diligencias, porque su defendido se presentará hasta que obtenga un amparo.

Por otra parte, el dirigente del PRI capitalino presentó una nueva denuncia ante la PGR en la que acusa a René Bejarano y Carlos Imaz de haber participado en la comisión de delitos electorales al haber apoyado de manera ilegal las campañas de 30 candidatos a diputados federales del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. Florentino Castro entregó a la PGR el escrito en el que pide que esta acusación sea enviada a la Fepade, ya que "hay dos confesos, Bejarano e Imaz, porque ya dijeron que ellos sí traficaron con recursos ilícitos para ganar la elección en la ciudad".