Vamos a estudiarlo, dice el Departamento de Estado

El gobernador de Texas, Rick Perry, rechaza acatar el fallo de la CIJ

AGENCIAS

El gobernador de Texas, Rick Perry, rechazó ayer acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, que ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, en tanto que el estado de Oklahoma mantiene la fecha de ejecución de Osvaldo Torres para el 18 de mayo.

''La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción en Texas'', aseveró el gobernador de la entidad en la que 452 prisioneros, de éstos 16 mexicanos, fueron sentenciados a la pena capital y están a la espera de su ejecución.

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Adam Ereli, se limitó a señalar que su gobierno quiere ''estudiar atentamente'' la decisión de la CIJ, contenida en 61 cuartillas. ''Analicemos primero el fallo y luego decidiremos; basándonos en su estudio es como podemos avanzar en su aplicación'', dijo el funcionario federal, quien sin embargo se negó a decir si Estados Unidos va a aplicar el fallo del tribunal internacional.

En tanto, la portavoz del gobernador de Oklahoma, Kim Koch, señaló que ''no se emitirá ninguna opinión sobre este fallo, hasta que hayamos concluido un detallado análisis del mismo''. El gobernador Perry dijo respetar las instancias internacionales, pero aseveró que la corte carece de autoridad para prohibir a Texas el ejercitar la ley aprobada por sus legisladores.

''El fallo no ha cambiado nada'', aseveró el funcionario texano a Notimex, por conducto de su portavoz, Robert Black, en relación con el dictamen del tribunal internacional que determinó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena, de 1963, al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho de recibir asistencia diplomática desde su detención.

Las declaraciones de Perry llamaron la atención, sobre todo después de que inicialmente la oficina del procurador general de Texas emitiera una reacción ''inicial'' al dictamen de la CIJ, en la que sólo informaba que esa dependencia se había puesto en contacto con el Departamento de Estado para solicitarle ''su interpretación'' sobre el fallo.

Cabe señalar que la actitud del gobernador texano no es nueva; en agosto de 2002, el reo mexicano Javier Suárez Medina fue ejecutado a pesar de las múltiples peticiones de emergencia -entre éstas la del presidente Vicente Fox. Esta actitud derivó en que el mandatario mexicano suspendiera una visita programada a Texas que tenía preparada en aquel entonces.

En Oklahoma, Kym Koch, vocera del gobernador Brad Henry, consideró que el fallo amerita ser analizado. Cabe señalar que Oklahoma es el único estado que tiene programada la ejecución de un mexicano, Osvaldo Torres Aguilera.