Plantean que las normas vigentes garantizan una buena regulación de las campañas

Priístas retoman propuesta de reforma electoral del anterior consejo del IFE

ROBERTO GARDUÑO

Al concluir sus funciones, el anterior presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg Karakowsky, elaboró un documento, junto con otros siete consejeros, sobre una serie de observaciones a la 59 Legislatura de la Cámara de Diputados para diseñar una nueva reforma electoral.

Las Notas para una reforma electoral: una visión de conjunto, fueron retomadas por el grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, una vez que el Ejecutivo federal y cuatro partidos representados en la Cámara dieron a conocer sus propuestas de modificaciones en la materia. Los ex consejeros José Barragán, Jesús Cantú, Alonso Lujambio, Gastón Luken, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard y Virgilio Rivera, junto con Woldenberg, manifiestan la certeza de aportar "una visión de conjunto y no de propuestas propias de la técnica legislativa".

En la introducción del texto los autores califican en general de suficientes las normas vigentes para regular las elecciones; no obstante, identifican algunas deficiencias y limitaciones. Los temas abordados establecen una relación directa con las propuestas para regular precampañas y campañas, el voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero y el caso de los partidos "chicos", entre otros.

La identificación de esas deficiencias se considera sustancial en el PRI dentro del proceso de reforma electoral. Su análisis tenía que haber comenzado el viernes pasado, una vez que prosperara en el pleno de la bancada tricolor una propuesta del diputado Alberto Aguilar Iñárritu para arrancar los trabajos en un foro en el que participarán todos los legisladores del Revolucionario Institucional; no obstante, el pleno decidió aplazar la discusión bajo el argumento de que la mayoría de los priístas desconoce el asunto.

Aun de esa forma, un importante número de diputados priístas considera llevar a debate las notas elaboradas por los ocho ex consejeros. Sobre todo, se dijo a este diario, porque "recogen las experiencias y tareas postergadas de quienes sí conocen del tema".

Dividido en tres rubros, el documento se refiere en primer lugar al costo y las condiciones de la competencia electoral. En el ámbito del financiamiento a los partidos se recomienda: "Cualquier fórmula que tienda a su certeza en los montos disponibles sería viable: desde un porcentaje fijo del presupuesto anual de la Federación que los propios diputados deben aprobar, o uno determinado en función del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, hasta el establecimiento de un multiplicador distinto -como el número de partidos con fracciones en ambas cámaras, en caso de mantener la fórmula actual. Desde luego, sería muy conveniente que el financiamiento para las campañas de las elecciones internas represente solamente 50 por ciento del financiamiento anual para gastos ordinarios".

En el caso de la duración de las campañas, los ex consejeros señalan en sus notas que estos procesos, por más largos que sean, no contribuyen a la calidad de la contienda ni a incrementar la participación electoral.

"La reducción de la duración de las campañas debería llevar a la prohibición permanente de que terceros contraten propaganda en radio y televisión en favor o en contra de algún partido o candidato, a efecto de que la ley electoral no pueda ser burlada a través de particulares. Actualmente esa prohibición solamente abarca las campañas electorales."

Sobre la reglamentación de las precampañas, que es uno de los principales argumentos del Ejecutivo federal para modificar la legislación electoral, los integrantes del anterior Consejo General del IFE ya la contemplaban desde finales del año pasado. La ley, señalan las notas, debería considerar la posibilidad de que las personas que compitan por una candidatura rindan al partido que los postulará un informe pormenorizado y auditable de los gastos que realizaron para obtenerla. Esta relación debe formar parte de los informes anuales que deben presentarse ante la autoridad electoral. Por otro lado, convendría que la ley fijara plazos para que todos los partidos concluyan dichos procesos internos en fechas similares, así como la prohibición expresa de iniciar actos de propaganda antes del registro oficial de las candidaturas ante el IFE, en aras de salvaguardar la equidad de la contienda.

"En lo que se refiere a la etapa previa al inicio formal de los procesos de selección interna de candidatos, sería conveniente que la ley contemplara algún tipo de reglamentación, a fin de evitar situaciones como las que se presentaron en la elección de 2000, que implicaron el despliegue de importantes recursos económicos."

También, recordaron, en los comicios de 1997, 2000 y 2003 más de 50 por ciento de los gastos de los partidos políticos en las campañas electorales se destinó a la compra de propaganda en radio y televisión.

"Es evidente que cualquier fórmula que tienda a reducir el costo de esas compras incidirá directamente en las erogaciones agregadas del financiamiento público. Entre las fórmulas que otros países han utilizado para reducir el costo del acceso partidario a los medios masivos de comunicación destaca el uso exclusivo de tiempos oficiales: tiempos de Estado y fiscales en franjas de mayor audiencia y no negociables, distribuidos con criterios de equidad.

"Esto significaría que ni partidos ni particulares podrían contratar tiempos en radio y televisión. Una opción intermedia, que también podría ser útil para el mismo propósito, sería la mixtura entre los tiempos del Estado y la compra, a través del IFE, de tiempos adicionales en periodos de campaña, distribuidos con el mismo criterio de equidad. Una tercera posibilidad sería que se mantuviera el sistema actual, que combina acceso a tiempos de Estado y compra de espots por parte del IFE. En este caso la ley debería establecer la obligación para los concesionarios de presentar sus pautas de programación durante las campañas, a fin de que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de dichos topes."

Por lo que toca a la liquidación de los partidos que pierdan su registro, las notas advierten que si la ley impone prohibiciones a los institutos políticos cuando tienen registro, con mayor razón se les deben imponer obligaciones cuando lo pierden. "Han de rendir cuentas sobre la utilización de los recursos que emplearon, a fin de evitar que los fondos tengan un destino incierto ante el silencio de la ley".

Reforma a fondo en el caso del voto de ciudadanos en el exterior

En el tercer rubro se comenta que resultaría viable extender el derecho de voto a los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero. No obstante, se deberían contemplar los siguientes aspectos:

Precisar si el derecho al sufragio deriva de la residencia o de la nacionalidad, o incluso de la combinación de ambas. "Dado que el marco jurídico actual no reconoce la modalidad de voto fuera del territorio nacional, habría que modificar sustancialmente todas las normas que rigen la materia electoral. No es suficiente una reforma al Cofipe".

Tendrían que gestionarse ante diversas dependencias privadas nacionales y extranjeras los apoyos que permitan al IFE llevar a cabo la organización de las elecciones fuera de territorio nacional. Además, deben resolverse problemas operativos como el de la conformación del padrón electoral de ciudadanos residentes en el extranjero, las modalidades de credencial con fotografía, la insaculación y capacitación de los funcionarios electorales o el establecimiento de las reglas que deben regir las campañas electorales fuera de territorio nacional.

"De manera particular, los problemas relativos al financiamiento privado que podrían recibir los partidos en sus campañas fuera de territorio nacional, así como el acceso a los medios de comunicación extranjeros y la regulación con las leyes de otros países, resultan temas que la legislación no podría omitir. Además se debe tomar en cuenta la dimensión demográfica, pues de acuerdo con estudios del IFE, conforme al mandato legal, para el año 2000 los electores potenciales residentes solamente en Estados Unidos se calculaban en 9.8 millones de ciudadanos (es decir, 14 por ciento de la población en edad de votar)."