Quiere seguir imponiendo candidatos: legisladores

Devuelve Fox al Senado reformas sobre ley de tribunales agrarios

ANDREA BECERRIL

En un hecho que representa una nueva confrontación, el presidente Vicente Fox devolvió a la Cámara de Senadores la ley -aprobada por el Congreso- cuyo propósito es impedir que el Ejecutivo federal utilice con discrecionalidad o con fines partidistas su facultad de nombrar y ratificar a los magistrados agrarios.

Este asunto ha sido motivo de conflictos permanentes entre Fox y el Senado, e incluso el Presidente interpuso en marzo pasado una controversia constitucional contra ese órgano legislativo, por la determinación tomada en comisiones de ratificar como magistrado supernumerario al presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos.

El dictamen, aprobado por todas las fuerzas políticas, con excepción del PAN, no pudo pasar al pleno, ya que en la sesión en que se votaría llegó a la mesa directiva del Senado un recurso de suspensión, dictado por el ministro de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, quien lleva la controversia constitucional interpuesta por Fox.

El senador del PRI Antonio García Torres precisó: ''Interpusimos un recurso de reclamación ante la Suprema Corte, que esperamos nos sea favorable, ya que consideramos indebido que el ministro Góngora suspendiera un proceso legislativo, pero ahora nos enfrentamos de nuevo al doble discurso de Fox, que nos devuelve el decreto con reformas al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque quiere seguir imponiendo candidatos''.

Recordó que el diferendo con el Presidente fue porque propuso no ratificar a García Villalobos -a quien trató de restar méritos por su filiación priísta- para poner en su lugar a candidatos con menos capacidad, entre ellos el ex gobernador panista de Baja California, Alejandro González Alcocer, que ni siquiera tiene carrera judicial.

''Lo que intentamos con esa reforma es que se respeten los derechos de los magistrados y se preserve la profesionalización y el escalafón en los tribunales agrarios'', agregó el legislador priísta.

Sin embargo, la Presidencia de la República remitió al Senado el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, aprobada el 30 de marzo por la Cámara de Diputados.

En el escrito, que se turnó al pleno senatorial el pasado jueves, Fox argumenta que se trata de ''una reforma inconstitucional'', toda vez que ''menoscaba la facultad del Ejecutivo federal de intervenir en la ratificación de magistrados agrarios, situación que vulnera patentemente el texto constitucional''.

Para García Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, ello es ''absurdo'', porque no se dan mayores facultades al Legislativo, ''únicamente proponemos que todos los magistrados agrarios que hayan concluido sus seis años de gestión puedan estar en las listas para ser ratificados, pero es obvio que Fox lo que quiere es discrecionalidad''.

En su escrito, el presidente Fox argumenta que el hecho de que el Ejecutivo federal deba ''incluir forzosamente en la lista al o a los magistrados que hayan concluido su primer periodo de seis años, por ese simple hecho dejar de ser órgano proponente, puesto que tal obligación ya no puede implicar una manifestación de voluntad''. El Presidente se convertiría en ''un simple tramitador'', dentro de un procedimiento ''en el que la decisión corresponde exclusivamente al órgano legislativo''.

El mandatario asegura que en el nombramiento de magistrados ha sido ''particularmente respetuoso'' de la autonomía de los tribunales agrarios y ha valorado las propuestas de los plenos de los mismos, ''asegurando así el principio de profesionalización de la función jurisdiccional en las materias respectivas y la continuidad en la función, lejos de cualquier valoración política o partidista, o más aún, lejos de lo que se define en la minuta como capricho o discreción del Poder Ejecutivo''.

La realidad ''desmiente tal afirmación'', comentó el senador García Torres. Dijo que basta con analizar el caso de García Villalobos, donde fue evidente el ''capricho'' presidencial de no ratificarlo. Hizo notar que no hubo argumentos sólidos para quitarlo del cargo, ''sólo que en su currículo no especificó los cargos que antes ocupó en administraciones priístas''.