Ojarasca 84  abril de 2004

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA

El pueblo nasa de Colombia pone el ejemplo

El pasado 31 de diciembre el comunero nasa Olmedo Ul Secue cruzó en su motocicleta la comunidad de las Ninfas en Cauca, Colombia. Pasó de largo frente a los camiones del ejército colombiano que flanqueaban la carretera. Los soldados nunca hicieron una señal de alto, pero dispararon sobre él, matándolo.

El hecho quizá no sea diferente de otros que suelen suceder frecuentemente en Colombia, país que la onu reconoce como el más violento de América Latina. Sobre todo el departamento de Cauca, en las montañas de suroeste colombiano. Ahí habitan pueblos indígenas como los nasas (también conocidos como paez por el nombre que le dieron los españoles), los guambianos, los kokonuco y los yanacona. Pueblos que tratan de sobrevivir a la fuerte presencia del narcotráfico, la guerrilla, el ejército, los grupos paramilitares y, por si fuera poco, a las acciones intervencionistas y depredadoras del Plan Colombia.

Este asesinato provocó un hecho que no se había visto antes: un militar,el coronel José Vicente Trujillo comandante del 8 Batallón de Infantería, fue citado a presentarse ante el Tribunal de las Autoridades del pueblo Nasa y ante la asamblea de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).


El 19 de febrero en el Cabildo de Huellas, se dieron cita más de seis mil indígenas de todo el departamento del Cauca y representantes de las organizaciones solidarias. La amplia convocatoria que tuvo este juicio es producto de más de tres décadas de movilización indígena, en la que organizaciones locales y nacionales han trabajado por la reconstitución y reconocimiento de las autoridades tradicionales indígenas. Al mismo tiempo reclaman sus tierras ancestrales, proponen vías concretas para el desarrollo económico y crean mecanismos educativos y de salud propios.
jacquemot-alt030

Fueron algunas de estas organizaciones, junto con el Congreso de Pueblos Indígenas de Colombia, las que presionaron para que la Constitución colombiana, aprobada en 1991, reconociera el carácter pluricultural de la nación e incluyera una serie de derechos indígenas en lo que se reconoce uno de los marcos constitucionales más avanzados del continente.

La piedra angular de la vida indígena son los Resguardos, territorios reconocidos por la constitución, de naturaleza comunitaria, cuya renta y venta está prohibida. Cada Resguardo incluye varias Veredas y están gobernados por autoridades indígenas, conocidas como Cabildos.

Fue bajo la lucha de Juan Tama en 1670 que se fundaron los cinco primeros Resguardos nasa y desde entonces, a pesar de su reconocimiento oficial, sus fértiles tierras han sido invadidas por terratenientes. Con la independencia colombiana, la oligarquía liberal combatió los Resguardos y creó el sistema de terrajes que rentaba tierras a indígenas a cambio de mano de obra.

Los terrajes permanecieron a pesar de diversas leyes (incluyendo alguna expedida por Simón Bolívar) y en 1917 surgió la Quintinada, un movimiento masivo de recuperación violenta de los Resguardos, dirigida por Manuel Quintín. Sin embargo, durante la guerra civil colombiana de 1948 se formó en la zona nasa el grupo Los Pájaros, antecedente de los actuales paramilitares, que financiado por los grupos conservadores peleó por regresar los Resguardos a oligarquía.

La fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971 marca la entrada a la etapa moderna de lucha, una no menos sangrienta que las demás: se calcula que desde entonces unos 300 nasas ha muerto por la acción de la guerrilla, el ejército y los paramilitares.

"No queremos participar en esta guerra, pero nadie respeta nuestra decisión" dijo el Luis Ipia dirigente del Proyecto Nasa al periodista Bill Weinberg. Después de un breve movimiento guerrillero, el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), los esfuerzos de los nasa se han centrado en evitar que el fuego cruzado de los grupos armados los alcance. El MAQL, más cercano a un grupo de autodefensa que a una auténtica guerrilla, nació en 1984 y fue desarmado oficialmente en 1991 cuando la nueva Constitución reconoció los Resguardos.

Hoy un elemento central que permite la vida comunitaria en medio de la guerra es la Guardia Indígena constituida mayormente por jóvenes voluntarios que bajo las órdenes de los Cabildos vigilan el cumplimiento de los usos y costumbres nasa en todas las Veredas. Sus únicas armas son un bastón tradicional pulido de la madera sagrada del chonta y la intervención protectora de los chamanes.

A diferencia de las Rondas Campesinas en Perú o Convivir en Colombia, la Guardia Indígena no ha degenerado en grupo paramilitar, porque fue más bien un movimiento surgido de los Cabildos contra el Estado y no, como en los casos anteriores, un movimiento patrocinado desde el gobierno.

El más claro ejemplo político de la independencia de los pueblos indígenas frente a lo que llaman los grupos armados es el espacio de diálogo La María. El 12 de octubre de 1999, después de un largo movimiento que incluyó varios bloqueos de la carretera Panamericana se designó al poblado La María como un espacio de diálogo y entendimiento no sólo entre los grupos indígenas (que apenas alcanzan el dos por ciento de la población colombiana) sino entre los grupos campesinos y sindicales.

La María fue propuesta como un espacio de diálogo alternativo ante el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en la que ambas partes limitaron la participación de la sociedad civil a un mero espectador. Un documento de la cric afirma: "La propuesta de La María implica que la sociedad civil, y particularmente el movimiento indígena, debe ser un actor del proceso de negociación sobre el conflicto social y armado, al mismo nivel que los insurgentes y el gobierno colombiano. Esto significa que las negociaciones deben dejar de ser bilaterales para convertirse en trilaterales".

La marcha de la autonomía indígena en el Cauca no ha sido fácil. Recientemente, a pesar de que los sistemas normativos de los Resguardos están reconocidos en la Constitución de Colombia, un militar como José Vicente Trujillo puede evadir su jurisdicción y seguir impune ante el asesinato de Olmedo Ul Secue.

El señor Trujillo no se presentó al juicio en su contra y dejó plantados a los seis mil indios que esperaban oír su defensa. Sin embargo, problemas como éste no detienen el avance de la justicia nasa: para consolidar la posición indígena sobre derechos humanos desde la visión de los mayores y el saber tradicional colectivo, el 11 y 12 de marzo se realizó el Encuentro Regional de Derecho Indígena desde la visión propia.

Eugenio Bermejillo

jacquemot-alt011


regresa a portada