López Obrador se deslinda; hoy estará en la PGR

Suspende EU intercambio de información financiera

Falló resguardo de datos

El gobierno de Estados Unidos, por conducto de la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros, notificó a su homólogo mexicano la decisión de suspender todos los convenios de intercambio de información financiera, a raíz de hacerse público el contenido del expediente sobre Gustavo Ponce, ex titular de Finanzas del Gobierno capitalino.

El oficio, enviado a la directora adjunta de Investigación de Operaciones, Concepción Patiño -dado a conocer por Joaquín López Dóriga en su noticiario de Televisa-, se reproduce a continuación de forma íntegra:

Departamento del Tesoro

Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros

Abril 21, 2004

Lic. María de la Concepción Patiño Cestafe

Directora, Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones

Unidad de Inteligencia Financiera

Administración Local de Auditoría Fiscal del DF

Av San Lorenzo No. 252, 1º Piso

Col. Bosques Residencial del Sur

C.P. 16020, Delegación Tepepan, Xochimilco

México, D.F.

Re: Caso Gustavo Ponce

Estimada directora Patiño

La impropia divulgación de la información proporcionada a la dependencia a su cargo en relación con el caso citado despierta inquietudes muy graves. Los miembros del Grupo Egmont han acordado que toda información intercambiada por las unidades de inteligencia financiera tiene que sujetarse a controles y resguardos estrictos para garantizar que la información sea usada y divulgada solamente de manera autorizada, consistente con las disposiciones nacionales referentes a privacidad y protección de datos. Está claro que tales controles y resguardos no han funcionado correctamente en este caso.

Por tanto, la Red de Combate al Delito Financiero está suspendiendo la asistencia a la Dirección General Adjunta de Investigación de Operaciones/Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México (DGAIO/UIF), así como a otras dependencias mexicanas respecto a solicitudes de información. Esta suspensión de información estará en vigor hasta el momento en que la FinCEN reciba las garantías apropiadas de que toda información delicada será protegida de divulgaciones no autorizadas mediante la aplicación de los resguardos establecidos por Egmont.

Dado que el FinCEN y esta DGAIO/UIF tienen un historial largo y cooperativo de estrecha colaboración, me gustaría resolver este asunto tan pronto como fuera posible. Por tanto, la invito a reunirnos para tratar este asunto en nuestras oficinas de Vienna, Virginia, tan pronto como le sea posible -espero que pueda ser dentro de las próximas dos semanas- a fin de tratar y formalizar procedimientos para intercambios futuros de información entre FinCEN y DGAIO/UIF.

En la FinCEN consideramos que la DGAIO/UIF es un aliado importante en la lucha contra el lavado de dinero y esperamos que este asunto pueda resolverse de forma rápida.

Atentamente,

William Fox,

Director.

La conspiración, kafkiana

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, rechazó cualquier responsabilidad en la divulgación de datos confidenciales referentes al caso Gustavo Ponce, motivo por el que Estados Unidos suspendió todo intercambio de información financiera con el gobierno de México, y sostuvo que eso confirma la tesis del complot.

Entrevistado en El Noticiero de Joaquín López Dóriga, detalló con hechos y fechas lo que en su opinión fue la forma en que el gobierno federal manejó la información solicitada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en torno al caso de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas capitalino.

Precisó que el 18 de febrero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo la solicitud de la información y se presentó con carácter de urgente con base en el convenio de colaboración, documentación que fue entregada siete días después, el 25 de febrero.

Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtuvo toda la información sobre Gustavo Ponce el primero de marzo y después se divulgaron las videocintas sobre las actividades del ex funcionario en el hotel Bellagio de Las Vegas.

"Desde el principio sostuvimos que esa información sólo se pudo haber obtenido mediante ese convenio de colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos", recordó el jefe del GDF.

López Obrador puntualizó que de abril de 2002 a febrero de 2004 se tenían documentados por lo menos 17 viajes que Ponce realizó a Las Vegas y que, a través de Esperanza González Ocampo, su esposa, había comprado en 2003, en la casa de cambio Tíber, más de 550 mil dólares y había realizado operaciones de venta por un total de 350 mil dólares.

Toda esta información, agregó, es parte sustancial del informe que el Departamento del Tesoro envió a Hacienda los días 23, 25 y 27 de febrero, antes del primero de marzo, cuando se dio a conocer el asunto de Ponce en la televisión.

"Quiero dejar de manifiesto que desde el principio sostuve que no responsabilizo a Televisa sobre el manejo de esta información; ustedes tienen que buscar la noticia y no tienen por qué revelar sus fuentes, porque esto es un derecho conquistado. No es un asunto que tenga que ver con Televisa, pero sí tiene que ver con Hacienda, porque es la única institución que el 25 de febrero tenía la información de referencia. ¡Ni modo que a ustedes les enviara la información el Departamento del Tesoro, si éste se la envió a Hacienda!"

El jefe de Gobierno agregó que en el convenio internacional que se violó se establece con mucha claridad que esa información no puede divulgarse. Responsabilizó a Hacienda o a la Procuraduría General de la República (PGR) de "filtrar" la información, pues no hay otras instituciones que lo pudieran haber hecho.

"Yo doy a conocer los documentos mes y medio después y lo único que se hace es que se confirma que en efecto existía la colaboración. Aquí conviene aclarar que si el 25 de febrero Hacienda tenía toda la información sobre presuntos ilícitos de Ponce, y los datos que lo asociaban con Carlos Ahumada, por qué no procedió de inmediato, ya que se trataba de un delito del fuero federal y no del común".

La hipótesis del complot

¿Cuál es la hipótesis de López Obrador sobre este asunto? "Utilizaron la información más que para combatir la corrupción, para golpearnos políticamente, eso es lo que demandamos que se aclare. Lamento mucho que por esa irresponsabilidad del gobierno federal, de manera particular de Hacienda o de la PGR, se haya violado este convenio internacional y ahora se esté complicando aún más el asunto".

Rechazó cualquier responsabilidad, porque dijo tener todas las pruebas documentales, que son del dominio público, e insistió en que si el primero de marzo se difundió la información sustancial que envió el Tesoro a Hacienda, "actuando de manera facciosa e irresponsable", fue para "afectarnos políticamente".

Esto, aseveró, lo hizo así en vez de proceder y detener a Ponce, como era su responsabilidad, o avisarnos para que nosotros actuáramos. "Lo que hicieron fue manejar primero políticamente la información", y luego, el 4 de marzo, tres días después de darla a conocer, presentaron una denuncia ante la PGR.

"¿Sabes para qué la presentaron ese día? Porque el convenio establece que cuando es una solicitud con urgencia, como se hizo por teléfono o por fax, tienen 14 días naturales para justificar la petición; es decir, si cuentas del 4 de marzo para atrás, te vas a encontrar que coincide con el 18, día en que hicieron la solicitud con urgencia".

En tanto, por la mañana, López Obrador, lamentó que el presidente Vicente Fox se niegue a escuchar su versión sobre el complot y percibió "la orquestación de un plan cuya trama es comparable a una novela de Kafka", al enterarse de la detención de Enrique Arcipreste del Abrego en Cuba. Hoy comparece ante la PGR por el primero de los dos citarios que recibió.

Tercera petición federal a la PGJDF sobre Ahumada

La Procuraduría General de la República (PGR) envió por tercera ocasión a su homóloga del Distrito Federal (PGJDF) un oficio para solicitarle que entregue lo antes posible las copias del expediente referente al empresario Carlos Ahumada, con el propósito de integrarlo a la petición formal de extradición que el gobierno mexicano presentará a su contraparte de Cuba, donde permanece detenido el dueño del grupo Quart desde el pasado 30 de marzo.

Funcionarios de la PGR indicaron a La Jornada que el Ministerio Público capitalino puede presentar nuevos cargos contra Ahumada, pese a que venza el plazo de 40 días que establece el tratado de extradición entre México y Cuba para enviar la solicitud de detención formal con fines de extradición.

Los informantes agregaron que el hecho de que la PGJDF aún no haya enviado el expediente de Ahumada, debido a que pretende consignar nuevos cargos y conseguir más órdenes de aprehensión antes de que concluya el plazo señalado, "muestra el desconocimiento de los funcionarios capitalinos respecto a temas de extradición".

En tanto, la PGR no había recibido hasta el cierre de esta edición la solicitud de detención provisional con fines de extradición de parte de la PGJDF contra Enrique Arcipreste, también detenido en Cuba.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La embajadora Lajous desconocía el hecho; lo supe por la prensa, dice

Confirma Cuba las visitas de la esposa de Ahumada

Abogada de Enrique Arcipreste niega que éste tenga que ver con ese caso

AFP, GEORGINA SALDIERNA Y CIRO PEREZ

La Habana, 22 de abril. El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, confirmó este jueves que Cecilia Gurza, esposa del empresario Carlos Ahumada, lo visita semanalmente en la prisión. Ahumada fue apresado en Cuba el 30 de marzo pasado, y se encuentra bajo detención provisional en la sede del Departamento de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Maristas, en la capital de la isla.

También fueron detenidos en La Habana el empleado de Ahumada, Antonio Martínez Ocampo (5 de abril), y Enrique Arcipreste (20 de abril). ''Ambos fueron arrestados como parte de las investigaciones del caso Ahumada'', señaló Pérez Roque, quien aseguró que estas personas están en ''conexión'' con ese tema.

Las autoridades cubanas no detallaron a México bajo qué cargos detuvieron a Arcipreste, ni qué relación guarda con Ahumada. Por su parte, la abogada del mexicano, Cristina Padilla, señaló que su cliente ''no era buscado a nivel internacional y nada tiene que ver con el caso Ahumada; son cosas distintas que no sabemos por qué en Cuba se están mezclando''.

Sin embargo, la defensora y su esposo, el también litigante Amado Anaya, además de representar a Arcipreste son abogados de Carlos Ahumada.

Arcipreste exigió al gobierno de la ciudad de México una indemnización de mil 800 millones de pesos (unos 163 millones de dólares), por la expropiación hace décadas del llamado Paraje San Juan; a su vez, la administración capitalina lo demandó por fraude, con el argumento de que el litigio se sostuvo con documentación falsa.

Por otra parte, al hablar del caso Ahumada, la embajadora de México en Cuba, Roberta Lajous, dijo que desconocía las visitas que realiza Gurza a su esposo. ''Me enteré por la prensa'', comentó en una reunión con periodistas en la sede diplomática, para significar que no había sido informada por las autoridades cubanas al respecto.

Lajous también informó que la cónsul mexicana Olga García Guillén realizó una visita a Martínez Ocampo, quien llegó a Cuba junto con Ahumada, el 27 de febrero pasado, en compañía de dos mujeres cuya identidad no reveló. Desde entonces se alojó en un domicilio diferente al del empresario de origen argentino y fue arrestado en un restaurante de la capital cubana el 5 de abril, según le indicó a la cónsul.

Martínez Ocampo, quien trabaja para Ahumada desde 1992, le señaló a la cónsul que su defensa en Cuba está a cargo de la abogada Nurya Piñero Sierra y otros dos juristas, a quienes ya ha visto en un par de ocasiones. Añadió que aún no ha contactado con su familia, aunque se le informó que en breve recibirá esa visita.

Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que solicitó ya al gobierno de Cuba una visita consular con Enrique Arcipreste del Abrego. El objetivo del encuentro es conocer cuál es la situación en el lugar donde se encuentra y al mismo tiempo saber cuál fue el motivo de su aprehensión.

Fuentes de la dependencia señalaron que la cancillería está a la espera de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicite la detención provisional con fines de extradición del presunto propietario del Paraje San Juan, para iniciar el proceso legal.

Sin embargo, precisaron que antes de este procedimiento se deberá esperar la conclusión de las investigaciones que realiza el gobierno cubano para determinar si cometió algún delito en la isla.

Y mientras que en México prosiguen las especulaciones sobre los motivos que habría tenido Cuba para vincular el caso Arcipreste con el de Carlos Ahumada, la embajada de la isla en México insistió en que la detención de aquél se enmarca en las pesquisas que se siguen contra el dueño del Grupo Quart, sin agregar mayores datos al respecto.

El procurador comparece ante la comisión senatorial del DF

Alguna fuerza auxilia a Ponce, señala Bátiz

ANDREA BECERRIL Y SUSANA GONZALEZ

La extraña desaparición del ex secretario de Finanzas de la capital, Gustavo Ponce Meléndez, puede atribuirse a que ''necesariamente debe haber alguien o alguna fuerza política o económica importante que lo está auxiliando para que no aparezca'', alertó ante senadores el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez.

''Hemos pedido a la Procuraduría General de la República (PGR) que lo busque; lo hemos buscado en muchos lados; hemos ido a ranchos del estado de Querétaro, a Chihuahua, que es su tierra; hemos buscado entre su familia; hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero no lo encontramos'', agregó el procurador durante su reunión de trabajo con integrantes de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República.

En la misma, la perredista Leticia Burgos advirtió que no le gustaría que Ponce Meléndez se convirtiera en el Manuel Muñoz Rocha de este sexenio. Otros legisladores del sol azteca, como Jesús Ortega, cuestionaron el porqué si la Secretaría de Hacienda tenía la información del Departamento del Tesoro sobre los movimientos bancarios de Ponce Meléndez y su esposa en Estados Unidos, fue hasta el 4 de marzo cuando la PGR inició la averiguación previa, después de que se transmitió el video que exhibe al ex funcionario apostando en un casino de Las Vegas.

Ortega preguntó: ''ƑQué hicieron la SHCP y la PGR? ƑPor qué no detuvieron a Ponce si con la información que poseían era claro que había delitos de carácter federal?'', pero además resaltó que transcurrió un mes para que las autoridades federales informaran de ello a la procuraduría capitalina.

Después, ante insistentes críticas de senadores de PAN y PRI, el procurador Bátiz puntualizó que ni él ni el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, cometieron delito alguno por la difusión de la indagatoria realizada por Hacienda sobre los movimientos bancarios de Ponce Meléndez.

Bátiz Vázquez salió bien librado del encuentro con los legisladores, e incluso ante la reiterada demanda de los senadores blanquiazules, fundamentalmente de Fauzi Hamdan, de que el caso de los videoescándalos sea investigado como delincuencia organizada, respondió que no existe ningún elemento para ello.

Ironizó al comentar que quizá ''para algunos de esos grandes despachos, famosos y muy caros, que hubiera además de los delitos del fuero común, también delincuencia organizada, sería un filón muy atractivo''. Les gusta, dijo, que los delitos sean muy grandes, ''con penalidades muy altas, porque cobran más''. La alusión era muy clara para Hamdan, quien además de senador es litigante.

Desde un principio, el titular de la procuraduría capitalina aclaró que no haría valoraciones de tipo político, por lo que evitó responder a preguntas lanzadas por senadores del PRD, especialmente Demetrio Sodi y Rutilio Escandón, sobre los indicios o pruebas de que el gobierno federal pudiera haber orquestado un complot contra la administración de López Obrador.

Cuando el senador priísta Abel López Sánchez dijo ser un convencido del complot contra López Obrador, Bátiz respondió: ''Ahí no me meto, ustedes júzguenlo... Lo único que puede hacer la procuraduría es perseguir esa corrupción; no nos metemos al complot; esa es la discusión política''.

No obstante, insistió en que no cometió ningún acto ilegal al proporcionar al jefe de Gobierno copias sobre la investigación de Hacienda. Explicó que el Código Penal Federal no habla en ninguno de sus artículos sobre la obligación de secrecía, pero sí de discreción, e insistió en que una parte se dio a conocer antes en la televisión, al exhibirse el video donde aparece Ponce Meléndez.

Además mencionó que las leyes orgánicas del Gobierno del Distrito Federal y de la procuraduría, e inclusive el artículo 122 constitucional, lo obligan a informar al jefe de Gobierno de los asuntos importantes. ''No se cometió ningún acto ilícito'', reiteró. Hizo notar que ''ciertamente fue un acto político del gobierno de la ciudad'' dar a conocer los documentos de la investigación de la Secretaría de Hacienda, ''pues tenía que defenderse y es legítimo que lo haga''.

Otro cuestionamiento frecuente durante el encuentro fue por qué René Bejarano sigue libre, pese a que, a juicio de la mayoría de los legisladores, perdió el fuero al solicitar licencia a su cargo de diputado local. Desde su intervención inicial, Bátiz aclaró que no hay ningún ordenamiento legal en el que se sustente tal tesis y que encarcelarlo sin el debido proceso de desafuero hubiera resultado contraproducente, porque el ex perredista podría ampararse mientras a los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se les fincarían responsabilidades penales.

Ese punto motivó varios debates, pero el procurador dijo al final que ayer mismo solicitaría a la Cámara de Diputados continuar el juicio de procedencia contra Bejarano y, de ser necesario, llamar a un periodo extraordinario de sesiones, ''porque sí nos parece fundamental que no nos sigan cargando a nosotros como si hubiéramos actuado lentamente''.

El procurador capitalino todavía se dio tiempo para responder en tono bromista a las críticas de la senadora panista Cecilia Romero, quien le formuló un extrañamiento por no haber entregado a la PGR el expediente para la extradición de Carlos Ahumada Kurtz, a quien ella llamó ''el malo de la película".

Bátiz respondió: ''Con humildad, me doy por extrañado''. Explicó que tratan de aprovechar el tiempo legal para integrar otra averiguación contra el empresario, a fin de que se le pueda juzgar en México por otros delitos.

Y sobre la alusión de la panista a Ahumada, Bátiz Vázquez señaló que el empresario aparece en todas partes jugando futbol o con el senador del PAN Diego Fernández de Cevallos. ''Al malo que usted dice, él (Diego Fernández) dice que lo va a ayudar. Yo lo estoy persiguiendo porque encontramos que cometió un delito, pero lo van a ayudar y aparece con muchas facilidades. Ahí dejo eso''.

Abogados, el único vínculo que conoce la PGJDF

Ignora Bátiz nexos entre Arcipreste y Ahumada

Anuncia el procurador que pedirá extradición del primero

SUSANA GONZALEZ Y ANDREA BECERRIL

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitará la extradición de Enrique Arcipreste del Abrego, detenido en Cuba a principios de este mes y, al mismo tiempo, investigará los posibles nexos que tiene con el empresario Carlos Agustín Ahumada Kurtz.

El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Renato Sales Heredia, precisó que el único vínculo que hasta el momento existe entre Arcipreste, quien reclama al gobierno capitalino una indemnización de mil 800 millones de pesos por la expropiación del Paraje San Juan, y Ahumada Kurtz, es que comparten abogados.

No obstante, dado que sobre Arcipreste también pesa una orden de aprehensión por fraude procesal y falsificación de documentos desde diciembre del año pasado, anunció que la PGJDF solicitará su extradición, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"No conozco de este caso de Arcipreste más que dos cosas: que nosotros tenemos una orden de aprehensión contra él y hay que cumplirla. Lo que sale en los medios de que fue detenido por el gobierno cubano y éste lo relaciona con el caso Ahumada, no sé en qué consiste, no sé en qué se funde, no hay otra cosa más", puntualizó a su vez el procurador Bernardo Bátiz, luego de reunirse con los integrantes de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República.

El jet, otra vez

Entrevistado en el mismo recinto, Sales Heredia explicó que la PGJDF investigará el vínculo entre los dos personajes contra quienes el gobierno capitalino ha emprendido juicios penales por fraude genérico y procesal, por considerar que podría resultar "relevante", y mencionó que se revisarán las bitácoras de vuelo de los aviones de Ahumada para determinar si viajaron juntos hacia Cuba.

"Sabíamos de la coincidencia de los abogados. Sabemos que los que han defendido al señor Ahumada en algunos casos civiles son los mismos que representaron al señor Arcipreste", expuso el subprocurador, y mencionó que la investigación que realice la PGJDF para corroborar si existe otro tipo de vinculación podrá integrarse en las averiguaciones previas ya existentes.

Aclaró que si bien las autoridades del Distrito Federal no habían solicitado la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) para la localización de Arcipreste, como sí lo hicieron en el caso de Ahumada, la orden de aprehensión contra el primero fue del conocimiento público y "existen solicitudes genéricas dentro del convenio de colaboración entre la PGR y las procuradurías de los estados".

No obstante, dijo desconocer si la PGR ya había girado una ficha roja para la búsqueda de Arcipreste del Abrego y rechazó que el gobierno cubano haya cometido alguna irregularidad al detenerlo, porque no requería la ficha ni una petición de extradición.

Advertencia presidencial

Ninguna posición cuenta si se trata de aplicación de la ley

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

En medio de la controversia con el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las exigencias de que renuncie el mandatario de Morelos, el presidente Vicente Fox insistió en el tema de la corrupción y advirtió que en la aplicación de la ley no cuentan los privilegios ni posiciones, porque es la única manera de castigar a quienes agravian a la ciudadanía y al país.

Ante empresarios y funcionarios gubernamentales que asistieron a la reunión del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, advirtió que el respeto al estado de derecho es la única vía para erradicar la corrupción y terminar con la impunidad.

Fox le dio un giro a su discurso sobre asuntos económicos y dijo que la democracia exige a todos, en especial a los gobernantes, una estrecha vigilancia del cumplimiento de la legalidad y de la transparencia.

Desde que inició el diferendo con las autoridades del Distrito Federal y después con el escándalo de la infiltración del narcotráfico en la policía de Morelos y las demandas de que renuncie el gobernador Sergio Estrada Cajigal, Fox no ha cesado sus señalamientos acerca de la corrupción y de enviar mensajes abiertos o velados.

El miércoles pasado negó por segunda vez una audiencia a López Obrador, quien demanda una entrevista para explicarle cómo se dio el complot en su contra a partir de los casos de corrupción denunciados en semanas recientes.

Fox se negó con el argumento de que las acusaciones de López Obrador son "dolosas y sin fundamento", pero aclaró que está abierto al "diálogo político" cuando se trate de abordar la agenda de trabajo de las administraciones federal y local.

Afirmó que la democracia exige honestidad a toda prueba y de un actuar con estricto apego a una ética de responsabilidad. "En la aplicación de la ley no cuentan los privilegios ni posiciones, porque es la única manera de castigar a quienes agravian a la ciudadanía", afirmó.

"Disposición al diálogo", exigen perredistas capitalinos al Ejecutivo federal

En nombre de su fracción, la coordinadora del PRD en la Asamblea Legislativa, Guadalupe Chavira, hizo un exhorto al presidente Vicente Fox Quesada para que "mantenga una abierta disposición al diálogo y se desempeñe con responsabilidad republicana", pues al rehusar entrevistarse con el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, "limita un derecho democrático".

La postura de los perredistas surgió a raíz de la doble negativa del Ejecutivo federal para entrevistarse con el mandatario capitalino, a fin de que se le expusieran los pormenores de los documentos que comprueban que la Secretaría de Hacienda solicitó información al Departamento del Tesoro, de Estados Unidos, acerca de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas.

"Como una demostración de la incongruencia a la que penosamente nos hemos empezado a acostumbrar, el licenciado Vicente Fox se dijo y se desdijo, negándose al diálogo como ejercicio democrático que en todo diseño institucional federal y republicano corresponde", detalla el texto de la coordinadora de los legisladores del sol azteca.

Añadió que "como representante de los ciudadanos del Distrito Federal, el jefe de Gobierno trató de conciliar con un planteamiento sencillo y argumentado. Frente a la espiral de declaraciones, acusaciones y descalificaciones, este recurso del diálogo debía anteponerse para distender la tirante relación que todos hemos observado en las últimas semanas entre ambos titulares de los poderes ejecutivos de diferente nivel".

La perredista consideró que el diálogo es uno de los recursos insustituibles de todo régimen democrático para solucionar controversias o diferendos en todos los niveles de gobierno, y que en momentos difíciles para el desarrollo de las instituciones cobra un mayor valor.

En su opinión, es común en una república plural que existan esas discrepancias políticas y que por lo mismo deben, en un marco democrático e institucional, encontrarse vías de solución en beneficio de la Federación. "Los intereses de la nación deben estar antes que los de partidos o al servicio de ideologías específicas", remató Chavira Rosas.

El punto iba a ser presentado ante el pleno durante la sesión ordinaria de ayer, pero ante la carga de trabajo, los perredistas determinaron posponerlo para mejor ocasión.

RAUL LLANOS SAMANIEGO Y GABRIELA ROMERO SANCHEZ

Leonel Godoy

Fox utiliza al Estado para atacar al PRD

Morelia, Mich., 22 de abril. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Godoy, señaló que ya entendieron el mensaje del gobierno federal, por lo que esperarán a que haya mejores condiciones para establecer el diálogo. Asimismo, acusó al gobierno del presidente Vicente Fox de pretender derrotar a su partido con la fuerza del Estado y no en las urnas.

"Ante el posicionamiento del PRD a escala nacional, el gobierno federal está cayendo en la tentación de pretender derrotar al partido con la fuerza del Estado, y eso no lo vamos a permitir", añadió Godoy Rangel, quien dijo que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprovecharon los actos de corrupción registrados en su partido para emprender una campaña con el propósito de estigmatizarlo y hacerlo ver como una fuerza política corrupta.

Luego de reunirse con alcaldes perredistas en la ciudad de Pátzcuaro, el ex funcionario del gobierno de Michoacán reiteró que el PRD es la única fuerza política que ha combatido al interior los actos de corrupción, mientras que el PRI y el PAN en lugar de castigarlos los protegen.

Por su parte, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel señaló que su partido ha sido agraviado; sin embargo, se debe hacer todo lo necesario para establecer el diálogo, ya que no se puede gobernar si no existe un mínimo entendimiento.

"En el ámbito partidista soy muy respetuoso de las instancias, y como gobernador sé que se necesita la colaboración entre los diferentes órdenes de gobierno, por lo que es urgente que se superen las diferencias que pudiera haber entre el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y funcionarios federales.

El gobierno de Michoacán no será intermediario para solucionar los problemas que tiene el jefe de Gobierno capitalino con el gobierno federal, ya que para ello existen instancias, señaló Cárdenas Batel.

Ortiz Pinchetti demanda que se acelere el trámite

El desafuero de René Bejarano, empantanado

Retoman el caso de Aldana Prieto en la sección instructora

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Los procedimientos de juicio de procedencia en contra del asambleísta con licencia René Bejarano y del senador priísta Ricardo Aldana Prieto generaron ayer una nueva polémica en la Cámara de Diputados. En el primer caso, el diputado federal José Agustín Ortiz Pinchetti exigió a la sección instructora acelerar el trámite legislativo para evitar que el caso se "empantane indefinidamente".

Asimismo, el presidente de esa instancia legislativa, Horacio Duarte Olivares, denunció que el proyecto de dictamen para desaforar a Aldana Prieto fue turnado "de manera ilegal" por la mesa directiva de la cámara a la comisión jurisdiccional, por lo que el pleno deberá dictar un nuevo acuerdo para que la documentación se turne a la sección instructora.

Ante ello, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el priísta Federico Barbosa, rechazó que se trate de una práctica dilatoria para retrasar el desafuero de Aldana Prieto, implicado en el Pemexgate, y sostuvo que el proyecto ya no tiene validez porque fue elaborado por la 58 Legislatura y debe redactarse uno nuevo.

Ayer se presentaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro dirigentes del Comité Delegacional del PRD en Benito Juárez, quienes emplazaron -mediante una carta- al diputado federal panista Federico Döring a que el jueves 6 de mayo presente, en la explanada de las oficinas de la demarcación, "el monto desglosado de los recursos que invirtió para su campaña, así como sus fuentes de financiamiento".

Elí Evangelista e Iñigo Martínez Peniche señalaron a Döring que ciudadanos les han entregado "una serie de evidencias" en las cuales se comprobaría que el panista habría rebasado los topes de gastos de campaña en sus actividades proselitistas por el 15 distrito federal electoral.

Mientras, Duarte Olivares informó que será hasta el lunes cuando la sección instructora analizará si procede la solicitud de desafuero de Bejarano. Aunque es un "asunto primordial", aclaró que el primer paso es verificar si aún goza de fuero constitucional.

-ƑCuándo se tomará una decisión?

-Las cosas no son como quisiéramos. Para muchos, este procedimiento debiera ser más rápido. Sin embargo, la revisión del expediente debe hacerse con mucho detenimiento. Los juicios sumarios están prohibidos y debemos respetar los plazos establecidos en la ley, aunque no nos gusten y nos parezcan muy largos.

Luego del anuncio de que será hasta el lunes cuando se determine si Bejarano aún goza de fuero, a pesar de haber solicitado licencia como asambleísta, el presidente de la Comisión del Distrito Federal, José Agustín Ortiz Pinchetti, exhortó a la sección instructora a resolver el caso sin trabas y a considerar que si no toma una decisión en breve la decisión podría empantanarse.

Recordó que el jueves próximo concluye el periodo ordinario de sesiones, y "si damos la impresión de que protegemos a alguien incurriríamos en una grave deficiencia política y ética".

"Democracia es sinónimo de diálogo", señala

El obispo Vera exhorta a Fox a que reciba a López Obrador en audiencia

JOSE ANTONIO ROMAN

Tras recordar que "democracia es sinónimo de diálogo", el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, exhortó al presidente Vicente Fox a recibir en audiencia al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aun para tratar asuntos judiciales que actualmente se dirimen en los tribunales.

Abordar e intercambiar puntos de vista sobre estos asuntos de ninguna manera implica negociar con la aplicación de la ley ni interferir en estos procesos, señaló el prelado, quien dijo: "atrás de estos pleitos está el 2006". Y agregó: "a mí no me parece que el Presidente esté dando un ejemplo de democracia".

En conferencia de prensa, realizada en el contexto de la 77 asamblea plenaria del episcopado mexicano, órgano colegiado que reúne a la totalidad de los obispos del país, Vera López dijo que una de las cosas que afecta actualmente al desarrollo del país es que no existe suficiente diálogo ni acuerdos entre los actores políticos, y por eso resulta incomprensible la actitud del Presidente de no querer recibir al jefe de Gobierno capitalino.

"ƑQue si lo debe recibir? Claro que sí. Los dos son personas de gobierno. Ya en el diálogo pueden aclarar lo que quieran", subrayó el prelado, quien hace unos años, junto con Samuel Ruiz, estuvo al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.

-Pero en su negativa el presidente Fox argumenta que no quiere tratar asuntos judiciales, que para eso están las procuradurías, para aplicar la ley -se le planteó.

-No tienen por qué negociar la ley. Por ejemplo, cuando vienen conmigo al obispado y se trata de un asunto que lo está tratando la vicaría judicial, desde luego que los recibo, si la persona quiere hablar conmigo, con todo gusto que lo hable, lo platicamos y que después tome el curso que tenga que tomar. Pero cómo es posible que se entienda que la democracia es "yo me desentiendo de una parte de los problemas"; conversar no implica negociar la ley, eso debe estar claro. šCómo va a haber un régimen democrático si los poderes ni siquiera tienen diálogo! -respondió el obispo Vera.

Preocupado por el encono y división que actualmente se percibe en la sociedad mexicana, el prelado, quien forma parte de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, insistió en que, desde su perspectiva, atrás de esta ruptura o falta de diálogo entre el Presidente y el jefe de Gobierno está la sucesión presidencial de 2006.

"Es muy lamentable que la competencia política no sea mediante las ideas y de las propuestas de gobierno, que es lo que puede sacar al país adelante, sino que dicha competencia sea opacada o hasta sustituida por la denuncia y los ataques, echándose encima sus pecados y corrupciones unos a otros. Es terrible ver hasta qué nivel tan bajo se está moviendo en este momento el juego político."

Además, agregó, son muchos los problemas, rezagos y carencias que están pendientes en este momento como para pensar ya en las elecciones presidenciales. "Desde una visión crítica, como ciudadano, me parece lamentable toda esta situación que vive el país. La cultura política tiene que mejorar, se tiene que insistir en la formación en los valores éticos y en la responsabilidad que se debe tener desde la gestión pública, y también en el caso de los empresarios", concluyó.